Asesinato de referente indígena y precandidato municipal genera preocupación por la seguridad y participación política de pueblos indígenas en Paraguay
El 22 de mayo de 2026, fue asesinado Eulalio Aquino, docente indígena del pueblo Paĩ Tavyterã, Secretario de Asuntos Indígenas de la Gobernación de Amambay y precandidato a concejal del municipio de Cerro Corá por el Partido Colorado. Según reportes oficiales, fue atacado con disparos por hombres que se desplazaban en motocicleta frente a su domicilio, en un hecho investigado como presunto sicariato. El crimen ocurrió en el contexto de las elecciones internas partidarias previstas para junio de 2026, previas a los comicios municipales de octubre, en la ciudad fronteriza de Pedro Juan Caballero, una región históricamente afectada por altos niveles de violencia y presencia del crimen organizado.
El intendente de la localidad expresó preocupación por el asesinato y destacó la trayectoria y el reconocimiento comunitario de Aquino en la defensa de los derechos indígenas y la educación intercultural. Organizaciones indígenas también reclamaron un rápido esclarecimiento del caso y advirtieron que el hecho no constituye un episodio aislado, señalando antecedentes de violencia contra referentes indígenas en la región. Posteriormente, medios nacionales informaron sobre la detención de un presunto autor material del crimen, mientras las autoridades señalaron que la investigación continúa y que no se descartan posibles motivaciones vinculadas al contexto electoral.
Este asesinato genera preocupación por su posible efecto disuasorio sobre la participación política y el ejercicio de derechos fundamentales por parte de liderazgos indígenas, particularmente en un contexto electoral y en zonas marcadas por violencia criminal. Asimismo, puede profundizar el temor en comunidades indígenas y debilitar la confianza en las instituciones encargadas de garantizar seguridad, acceso a la justicia y protección de defensores comunitarios, afectando el ambiente habilitante para la participación y representación política de los pueblos indígenas. El caso requiere monitoreo continuo sobre el avance de las investigaciones y sus posibles implicancias para la participación política y la protección de los derechos de los pueblos indígenas en Paraguay.
Campaña digital de desinformación con presunto uso de fondos públicos bajo investigación en Paraguay
En abril de 2026,diputados de oposición y sectores críticos del Partido Colorado solicitaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) la apertura de una investigación de oficio sobre una “campaña sucia” dirigida contra periodistas, políticos opositores y personas críticas al gobierno, presuntamente financiada con fondos públicos. La solicitud se produjo tras la difusión de una investigación periodística sobre una página digital utilizada para publicaciones de desprestigio, cuyos anuncios habrían sido pautados en plataformas de Meta y Google a través de la empresa colombiana Digimarketing SAS.
La investigación señaló que, desde 2025, dicha empresa habría difundido anuncios vinculados a programas oficiales en Google, sin que se conocieran otros clientes en el país. A partir de ello, la Cámara de Diputados solicitó informes al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) y copia de posibles contratos o convenios con la empresa. En respuesta, el MITIC negó haber mantenido acuerdos con la agencia.
Al mismo tiempo, se presentó una denuncia penal contra el MITIC y otras instituciones por un presunto esquema de triangulación de fondos públicos destinados a financiar acciones de hostigamiento digital. También se promovieron diligencias ante la Fiscalía respecto a personas vinculadas a la creación del portal investigado, presuntamente implicadas en el uso de documentación falsa. La página, identificada en reportes periodísticos como afín al oficialismo, habría difundido desinformación desde 2023 junto con otros portales vinculados a una presunta “red desinformante”.
En mayo de 2026, pedidos de informes y proyectos de resolución que instaban a la Fiscalía a investigar el presunto uso de fondos públicos en esta campaña enfrentaron obstáculos en la Cámara de Diputados. Posteriormente, la Cámara Baja aprobó un nuevo pedido de informes al MITIC y a la Presidencia para esclarecer posibles vínculos institucionales y mecanismos de financiamiento público relacionados con la campaña.
La investigación supone una importante oportunidad para poner de manifiesto
las campañas de desinformación y su impacto en el entorno propicio. Si bien
el presunto uso de recursos públicos para campañas de desinformación y acoso digital
podría dar lugar a la intimidación y la autocensura, y erosionar la confianza
pública en las instituciones, la investigación tiene el potencial de convertirse en un caso excepcional de exigencia de responsabilidades por una campaña de desinformación, reduciendo así la impunidad y creando un efecto disuasorio para futuros intentos de deslegitimación.