Organizaciones sociales presentaron acción de inconstitucionalidad contra Ley “Anti ONG”
En fecha 16 de diciembre, organizaciones de la sociedad civil paraguaya presentaron ante la Corte Suprema de Justicia una Acción de Inconstitucionalidad (AI) contra la Ley N° 7363, denominada “Ley Anti ONG” o “Ley Garrote”, promulgada en noviembre 2024 y el Decreto N° 4806 que la reglamentó y la puso en vigencia el 23 de octubre último. La acción presentada en la Sala Constitucional por 33 OSC que trabajan en territorio y con comunidades, con representación a cargo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), considera que la normativa afecta la libertad de asociación, libertad de expresión, de participación política y el principio de legalidad. Vulnera derechos fundamentales que se encuentran garantizados en la Constitución Nacional como obligaciones internacionales para la protección del espacio cívico. Y quebranta iniciativas solidarias, proyectos educativos, culturales, agrícolas y de acompañamiento social en todo el país.
Con el recurso planteado se cuestiona el control excesivo del Estado sobre la conformación, el funcionamiento y el financiamiento de las organizaciones sociales, establecido por el nuevo instrumento legal; se indica que éste introduce un exceso de control político y habilita un régimen de sospecha permanente, junto con la aplicación de sanciones desproporcionadas que no son compatibles con un sistema democrático basado en derechos.
Las OSC han solicitado la revisión de la constitucionalidad de la ley y la suspensión inmediata de sus efectos, hasta tanto se defina el fondo de la cuestión. Mientras se aguarda que la Sala Constitucional de la Corte se expida sobre la admisión de la AI, las OSC manifiestan que es objeto de la misma la defensa de la democracia, los derechos de las organizaciones y de los derechos de la ciudadanía toda. La presentación de la AI informa sobre un ambiente adverso para las OSC y su resolución dará cuenta de la permanencia o no de tales condiciones directamente vinculadas al marco legal y el ejercicio de derechos fundamentales.