On 8 June 2026, the Supreme Court of Justice of Paraguay issued its ruling confirming the removal of opposition former senator Kattya González, who had been expelled from the Senate in February 2024 during a parliamentary recess. The decision was adopted by six of the nine members of the Constitutional Chamber, while the three justices who issued dissenting opinions argued that due process guarantees had been violated, that the minimum number of votes required had not been met, and that the case constituted a form of political violence against women.
The removal has been controversial from the outset and is set against broader concerns about restrictions on political space and institutional weakening. The arguments used to justify the loss of mandate included allegations that were later dismissed by the Public Prosecutor’s Office, which had also previously held that the measure was unconstitutional. The controversy also centred on the interpretation of the parliamentary rules applicable to the procedure.
The case has attracted attention from regional human rights mechanisms. Organisations such as CLADEM submitted it to the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) as a possible case of political violence against women and of restrictions on the political participation of critical voices.
The Court’s decision has prompted concerns from experts, civil society organisations, and political actors, who warn of potential impacts on the enabling environment, particularly regarding due process, judicial independence, and democratic representation. Taken together, the case reflects broader concerns about political participation, political violence against women, and the space for pluralism of thought. Various actors have indicated that they will continue to pursue action before international bodies.
La Corte Suprema confirma la destitución de una senadora de oposición y genera preocupación sobre el debido proceso y la representación democrática
El 8 de junio de 2026 se conoció el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay que confirmó la destitución de la ex-senadora de oposición Kattya González, expulsada del Senado en febrero de 2024 durante un periodo de receso parlamentario. La decisión fue adoptada por seis de los nueve integrantes de la Sala Constitucional, mientas que los tres magistrados que emitieron votos en disidencia sostuvieron que se vulneraron garantías de debido proceso, que no se respetó el número mínimo de votos requerido y que el caso constituía una forma de violencia política contra las mujeres.
La destitución ha generado controversia desde su origen y se enmarca en preocupaciones más amplias sobre restricciones al espacio político y el debilitamiento institucional. Los argumentos utilizados para justificar la pérdida de investidura incluían acusaciones que posteriormente fueron desestimadas por la Fiscalía, que además había sostenido previamente que la medida era inconstitucional. La controversia también se centró en la interpretación de las reglas parlamentarias aplicables al procedimiento.
El caso ha sido objeto de atención por parte de mecanismos regionales de derechos humanos. Organizaciones como CLADEM lo presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como un posible caso de violencia política contra las mujeres y de restricción a la participación política de voces críticas.
La decisión de la Corte ha generado cuestionamientos de especialistas, organizaciones de la sociedad civil y actores políticos, que advierten posibles impactos en el ambiente habilitante, especialmente en el debido proceso, la independencia judicial y la representación democrática. En conjunto, el caso refleja preocupaciones sobre la participación política, la violencia política contra las mujeres y el espacio para el pluralismo de pensamiento. Diversos actores han anunciado que se continuará con acciones ante instancias internacionales.