On 22 May 2026, Eulalio Aquino was killed. Aquino was an Indigenous teacher from the Paĩ Tavyterã people, Secretary of Indigenous Affairs of the Amambay Departmental Government, and a pre-candidate for municipal councillor in the municipality of Cerro Corá for the Colorado Party. According to official reports, he was shot by men travelling on motorcycles outside his home, in a case being investigated as a suspected contract killing. The crime occurred in the context of party primary elections scheduled for June 2026, ahead of the municipal elections in October, in the border city of Pedro Juan Caballero, a region historically affected by high levels of violence and the presence of organised crime.
The mayor of the locality expressed concern over the killing and highlighted Aquino’s trajectory and community recognition in the defence of Indigenous rights and intercultural education. Indigenous organisations also called for a swift clarification of the case and warned that the incident is not isolated, pointing to previous acts of violence against Indigenous leaders in the region. Subsequently, national media reported the detention of a suspected direct perpetrator, while authorities stated that the investigation remains ongoing and that possible motives linked to the electoral context have not been ruled out.
This killing raises concerns about its potential deterrent effect on the political participation and exercise of fundamental rights by Indigenous leaders, particularly in an electoral context and in areas affected by criminal violence. It may also deepen fear within Indigenous communities and weaken trust in institutions responsible for guaranteeing security, access to justice, and the protection of community defenders, thereby affecting the enabling environment for the political participation and representation of Indigenous peoples. The case requires continued monitoring of the progress of the investigation and its possible implications for political participation and the protection of Indigenous peoples’ rights in Paraguay.
Asesinato de referente indígena y precandidato municipal genera preocupación por la seguridad y participación política de pueblos indígenas en Paraguay
El 22 de mayo de 2026, fue asesinado Eulalio Aquino, docente indígena del pueblo Paĩ Tavyterã, Secretario de Asuntos Indígenas de la Gobernación de Amambay y precandidato a concejal del municipio de Cerro Corá por el Partido Colorado. Según reportes oficiales, fue atacado con disparos por hombres que se desplazaban en motocicleta frente a su domicilio, en un hecho investigado como presunto sicariato. El crimen ocurrió en el contexto de las elecciones internas partidarias previstas para junio de 2026, previas a los comicios municipales de octubre, en la ciudad fronteriza de Pedro Juan Caballero, una región históricamente afectada por altos niveles de violencia y presencia del crimen organizado.
El intendente de la localidad expresó preocupación por el asesinato y destacó la trayectoria y el reconocimiento comunitario de Aquino en la defensa de los derechos indígenas y la educación intercultural. Organizaciones indígenas también reclamaron un rápido esclarecimiento del caso y advirtieron que el hecho no constituye un episodio aislado, señalando antecedentes de violencia contra referentes indígenas en la región. Posteriormente, medios nacionales informaron sobre la detención de un presunto autor material del crimen, mientras las autoridades señalaron que la investigación continúa y que no se descartan posibles motivaciones vinculadas al contexto electoral.
Este asesinato genera preocupación por su posible efecto disuasorio sobre la participación política y el ejercicio de derechos fundamentales por parte de liderazgos indígenas, particularmente en un contexto electoral y en zonas marcadas por violencia criminal. Asimismo, puede profundizar el temor en comunidades indígenas y debilitar la confianza en las instituciones encargadas de garantizar seguridad, acceso a la justicia y protección de defensores comunitarios, afectando el ambiente habilitante para la participación y representación política de los pueblos indígenas. El caso requiere monitoreo continuo sobre el avance de las investigaciones y sus posibles implicancias para la participación política y la protección de los derechos de los pueblos indígenas en Paraguay.