On 13 April 2026, the Senate decided to postpone the debate on the bill for the protection of journalists and human rights defenders by one week, scheduling the next session for 22 April. The bill had been introduced in Congress in 2023 and was drafted as a necessary measure and a remedy required by a ruling of the Inter-American Court of Human Rights (IACHR). Since 2023, the bill has already been the subject of public hearings and exhaustive studies, including by civil society organisations which held consultations with the journalists’ union and parliamentary committees. Following positive debates on the bill in late 2025, its approval has been awaited by civil society organisations.
The adoption of the law has been delayed once again by the introduction of an alternative bill by the ruling party, which has been criticised for having been drafted without the involvement of civil society and the affected sectors and for jeopardising the protection of the fundamental rights that the law aims to guarantee. In particular, the alternative bill creates a new unit within the Ministry of the Interior that removes the autonomy of the protection body established in the draft agreed in 2023. Furthermore, it excludes safeguard measures, provides for a discretionary budget to be used by the Ministry of the Interior, and removes any reference to human rights defenders from the bill.
The SSP claims that a law presented as “protection” could in fact undermine the safety and independence of journalism.
The delays, the short reconsideration period and the tabling of an alternative bill that offers weaker protection for journalists are causing uncertainty regarding previous progress towards a robust protection framework, create mistrust regarding the implementation of the measures ordered by the Inter-American Court of Human Rights, and raise fears that restrictions on freedom of expression and public access to information will continue or even worsen if this opportunity to establish a legal framework is missed.
Alertan sobre inminente rechazo en el Congreso de Ley de Protección de Periodistas y la sustitución por otro proyecto que reduce derechos
El 13 de abril de 2026, el Senado decidió aplazar un semana el debate sobre el proyecto de ley para la protección de periodistas y defensores de los derechos humanos, fijando la próxima sesión para el 22 de abril. El proyecto de ley había sido presentado en el Congreso en 2023 y se elaboró como medida necesaria y reparación exigida por un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Desde 2023, el proyecto de ley ya ha sido objeto de audiencias públicas y estudios exhaustivos, incluso por parte de organizaciones de la sociedad civil que llevaron a cabo consultas con el sindicato de periodistas y las comisiones parlamentarias. Tras los debates positivos sobre la ley a finales de 2025, su aprobación ha sido esperada por las organizaciones de la sociedad civil.
La aprobación de la ley se ha retrasado una vez más por la presentación de un proyecto de ley alternativo por parte del partido gobernante, que ha sido criticado por haberse elaborado sin la participación de la sociedad civil y los sectores afectados y por poner en riesgo la protección de los derechos fundamentales que la ley pretende garantizar. En particular, el proyecto alternativo crea una nueva unidad del Ministerio del Interior que elimina la autonomía del organismo de protección establecido en el proyecto acordado en 2023. Además, excluye medidas de salvaguardia, prevé un presupuesto de uso discrecional por parte del Ministerio del Interior y elimina la mención a los defensores de los derechos humanos del proyecto de ley.
El SSP denuncia que una ley presentada como “protección” en realidad podría debilitar la seguridad y la independencia del periodismo.
Los retrasos, el breve plazo de reconsideración y la presentación de un proyecto de ley alternativo que es más débil en la protección de los periodistas generan incertidumbre respecto a los avances previos hacia un marco de protección sólido, generan desconfianzarespecto a la aplicación de las medidas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y suscitan el temor de que las restricciones a la libertad de expresión y a la información ciudadana continúen o incluso se agraven, si se pierde esta oportunidad de crear un marco jurídico.