The Senate plans to resume study of a bill that modifies the regulations of the Agrarian Statute, Law 1863/02, and those that govern the National Institute of Rural Development and Land (INDERT), Law 2419/02. The legislative process of these instruments of agrarian reform had begun in April 2026 and was suspended in September with a decision to continue after the municipal elections. Given that these were successfully conducted in early October, it is expected that the Senate will resume its consideration of the bill.
The Bill, which was submitted by the Executive Branch through the Ministry of Agriculture and Livestock (MAG), would grant the Agrarian Statute greater authority for the titling of lots by eliminating the requirement of prior partial payment and extending the annual terms for beneficiaries to pay for the property. The bill also expands the powers of INDERT, granting broad discretionary powers to the agency’s president, to enable the sale of public real estate to people who are otherwise ineligible of being beneficiaries of agrarian reform. This provision has been widely criticized by the opposition, who questioned who would benefit from this sale of public lands. Peasant, indigenous, and other social organizations have similarly rejected the Bill for enabling INDERT to sell real estate to ineligible persons, allowing them to accumulate public lands and thereby regularizing such occupation of public lands.
The potential sale of public lands to other groups than peasant beneficiaries of agrarian reform is particularly concerning considering the high concentration of lands ownership among the elites, the previous delays in the redistribution of land under the agrarian reform, and the unaddressed issue of “ill-gotten land” granted under the Stroessner regime. This not only means that the Bill could generate new forms of social conflict, it also means that socio-economic inequalities continue and are at risk of being deepened further. Deep inequalities in land ownership also have an effect on the ability of landless communities to participate in decision-making and inclusiveness in civic engagement.
The previous deliberations of the Bill have progressed without the participation of the affected groups, particularly peasant and indigenous organizations. It is therefore needed to make timely arrangements for the establishment of working groups and dialogue on regulations that have an impact on the living conditions of the rural population, so that the analysis of new legal instruments includes especially the sectors directly affected, peasant and indigenous organizations.
Proyecto de reforma del instituto agrario y de la tierra preocupa a organizaciones sociales
El senado prevé retomar próximamente el estudio del proyecto de ley que modifica normativas del Estatuto Agrario, Ley 1863/02, y de las que rigen al Instituto Nacional del Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), Ley 2419/02. El proceso legislativo de estos instrumentos de reforma agraria había comenzado en abril de 2026 y se suspendió – por falta de tiempo para debate – en septiembre, con la decisión de reanudarlo después de los comicios municipales. Dado que estos se llevaron a cabo con éxito a principios de octubre, se espera que el Senado reanude la tramitación del proyecto de ley.
Dicho proyecto, remitido por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), habilita en el Estatuto Agrario mayores facilidades para la titulación de lotes de origen fiscal. Entre ellas, se contempla la eliminación del requisito del pago porcentual previo, actualmente vigente, y la ampliación de plazos anuales para que los beneficiarios paguen los inmuebles que les han sido adjudicados, entre otros mecanismos. Por otra parte, la propuesta modifica las atribuciones del instituto de competencia, INDERT, habilitando la venta de inmuebles públicos a personas que no reúnen los requisitos para ser sujetos de la reforma agraria. Esta facultad quedaría también en manos del titular del ente, lo que ha generado interrogantes y críticas, desde la bancada parlamentaria opositora, respecto del destino de las tierras públicas.
Ante el próximo estudio del proyecto, organizaciones campesinas e indígenas, y otras organizaciones sociales, han manifestado su particular rechazo a las modificaciones que posibilitan al INDERT la venta de inmuebles a personas que no reúnen los requisitos para acceder a la reforma agraria. Según estas organizaciones, la medida podría facilitar la acumulación de tierras públicas y la regularización de su ocupación por parte de personas no elegibles.
La posible venta de tierras públicas a otros grupos distintos de los campesinos beneficiarios de la reforma agraria resulta particularmente preocupante, considerando la elevada concentración de la propiedad de la tierra en manos de las élites, los retrasos anteriores en la redistribución de tierras en el marco de la reforma agraria y la cuestión sin resolver de las «tierras mal habidas» otorgadas bajo el régimen de Stroessner. Esto no solo significa que el proyecto de ley podría generar nuevas formas de conflicto social, sino que también implica que las desigualdades socioeconómicas persisten y corren el riesgo de agravarse aún más. Las profundas desigualdades en la propiedad de la tierra también afectan la capacidad de las comunidades sin tierra para participar en la toma de decisiones y su inclusión en la participación ciudadana.
Las deliberaciones previas sobre el proyecto de ley han avanzado sin la participación de los grupos afectados, en particular las organizaciones campesinas e indígenas. Por lo tanto, es necesario tomar medidas oportunas para establecer grupos de trabajo y entablar un diálogo sobre las regulaciones que afectan las condiciones de vida de la población rural, de modo que el análisis de los nuevos instrumentos legales incluya especialmente a los sectores directamente afectados, es decir, a las organizaciones campesinas e indígenas.