On 10 August 2026, the deadline for registration of candidates for Ombudsman and Deputy Ombudsman closed. The call for registrations had previously been made by the Senate in accordance with the requirements established in the National Constitution and in Organic Law No. 631/95. With the registration process closed and given the significance of the role, renewed concerns about potential political influence and the impact of the Ombudsman’s office have been raised.
The important figure of the Ombudsman was introduced with the Magna Carta of 1992, but his previous performance did not live up to expectations regarding its impact on the defense of human rights, the protection of community interests, and the receiving and management of popular complaints. Specialists in the area indicate that the institutions has shown deficits, particularly in terms of being influenced by party-political agendas, undermining its intended role. As a result, in 2014, the institution had been disqualified by the Subcommittee on Accreditation of the Global Alliance of National Human Rights Institutions, citing a lack of transparency in the election process and lack of independence in the fulfilment of its mandate. Since then, the integrity of the institution improved receiving a “B” grade in 2019 and an “A” rating in 2025. Previous concerns nevertheless highlight the need for appointing a suitable person able to contribute to the democratic construction of public policies to the prioritization of indigenous peoples’ communities, peasant communities and LGBTIQ+ groups, among others. While it is expected that the new appointments will be independent, press reports have already warned about the candidacy of the current deputy Ombudsman, who remains registered in the registry of the governing party (ANR), despite the fact that the regulations require the suspension of party affiliation while in office. The upcoming appointment is therefore under scrutiny for its potential impact on citizen’s confidence in democratic institutions, government transparency and accountability to civil society, and the significance of the Ombudsman’s office for strengthening rule of law and empowering civil society monitoring.
Following the registration of candidates, it is the responsibility of the Senate to form shortlists on all the nominations made, which will then be referred to the Chamber of Deputies, where the election will proceed, by a two-thirds majority, of those who will exercise the Ombudsman’s Office, as head and as alternate for the period 2026-2031.
Próxima elección para Defensoría del Pueblo con dudas ciudadanas sobre su relevancia
El 10 de agosto de 2026 se cerró el plazo para la inscripción de candidatos a Defensor del Pueblo y a Defensor del Pueblo Adjunto. La convocatoria de inscripciones había sido realizada previamente por el Senado, de conformidad con los requisitos establecidos en la Constitución Nacional y en la Ley Orgánica N.º 631/95. Una vez cerrado el proceso de inscripción, y dada la importancia del cargo, han surgido nuevas preocupaciones sobre una posible influencia política y el impacto de la oficina del Defensor del Pueblo.
La importante figura del Defensor del Pueblo se introdujo con la Carta Magna de 1992, pero el desempeño de la institución no estuvo a la altura de las expectativas en cuanto a su impacto en la defensa de los derechos humanos, la protección de los intereses de la comunidad y la recepción y gestión de las quejas populares. Los especialistas en la materia señalan que la institución ha mostrado deficiencias, particularmente en cuanto a la influencia de agendas partidistas, lo que socava la función para la que fue concebida.
Como resultado, en 2014, la institución fue descalificada por el Subcomité de Acreditación de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, que citó la falta de transparencia en el proceso electoral y la falta de independencia en el cumplimiento de su mandato. Desde entonces, la integridad de la institución mejoró, recibiendo una calificación de «B» en 2019 y una calificación de «A» en 2025.
No obstante, las preocupaciones anteriores resaltan la necesidad de nombrar a una persona idónea, capaz de contribuir a la construcción democrática de políticas públicas que prioricen a las comunidades indígenas, campesinas y a los grupos LGBTIQ+, entre otros. Si bien se espera que los nuevos nombramientos sean independientes, la prensa ya ha advertido sobre la candidatura de la actual Defensora del Pueblo Adjunta, quien sigue inscrita en el registro del partido gobernante (ANR), a pesar de que la normativa exige la suspensión de la afiliación partidaria mientras se ocupa el cargo. Por lo tanto, el próximo nombramiento está bajo escrutinio por su posible impacto en la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas, la transparencia del gobierno y la rendición de cuentas ante la sociedad civil, así como por la importancia de la Defensoría del Pueblo para fortalecer el estado de derecho y potenciar el monitoreo de la sociedad civil.
Tras la inscripción de los candidatos, corresponde al Senado elaborar listas de preselección con todas las candidaturas presentadas, las cuales se remitirán posteriormente a la Cámara de Diputados, donde se procederá a la elección, por mayoría de dos tercios, de quienes ejercerán la función de Defensor del Pueblo, como titular y suplente, para el período 2026-2031.