El Gobierno argentino anunció un sistema de inteligencia artificial para integrar datos sociales sin informar sus alcances ni garantías de protección
El 29 de mayo de 2026, el gobierno argentino anunció la creación del denominado “Gemelo Digital Social”, una herramienta de inteligencia artificial destinada a integrar datos de distintos organismos del Estado con el objetivo de anticipar comportamientos sociales y optimizar políticas públicas. Según la información difundida oficialmente, el sistema utilizaría datos reales de la población para construir simulaciones y escenarios predictivos. Sin embargo, las autoridades no han informado qué datos serán utilizados, cuáles serán las fuentes específicas, qué mecanismos de protección existirán ni cómo se garantizará el cumplimiento de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales. La falta de información pública sobre la arquitectura del sistema, las fuentes de datos involucradas y los mecanismos de supervisión independiente dificulta evaluar adecuadamente su compatibilidad con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, transparencia y protección de la privacidad. Ante esta situación, la Fundación Vía Libre presentó una pedido formal de acceso a la información pública solicitando precisiones sobre el proyecto.
Especialistas en derechos digitales y protección de datos advirtieron que la iniciativa podría afectar derechos fundamentales vinculados a la privacidad, la autodeterminación informativa y la transparencia estatal. Además, señalaron riesgos asociados al uso de sistemas predictivos opacos, sesgos algorítmicos, elaboración indebida de perfiles de personas y posibles usos de vigilancia social. El uso de sistemas de inteligencia artificial alimentados por grandes volúmenes de datos estatales puede generar riesgos de vigilancia masiva. Las organizaciones de la sociedad civil podrían verse particularmente afectadas si estas herramientas fueran utilizadas para monitorear comportamientos colectivos, identificar patrones de movilización social o clasificar poblaciones según criterios no transparentes. La preocupación se ve reforzada por evidencias recientes sobre la incorporación de tecnologías de monitoreo y ciberpatrullaje por parte del Estado argentino.
Organizaciones de la sociedad civil, académicos y legisladores ya han iniciado acciones de control institucional y reclaman información pública para evaluar el impacto de esta medida sobre las garantías democráticas y los derechos de la ciudadanía.
Hostigamiento del Presidente Milei y su partido gobernante hacia los periodistas
Durante el fin de semana de Pascuas de 2026, el presidente argentino Javier Milei publicó y replicó cerca de 1000 mensajes en redes sociales con contenido hostil hacia periodistas y medios de comunicación. Estas publicaciones incluyeron insultos, acusaciones de operaciones coordinadas y deslegitimación generalizada del periodismo como actor social. El volumen, la intensidad y la concentración temporal de los mensajes refuerzan el carácter sistemático de esta práctica.
Durante los últimos dos meses, esta deslegitimación ha ido en aumento. En el contexto de un conflicto por las filmaciones en la sede de Gobierno (que llevaron al cierre temporal de la sala de periodistas de la Casa Rosada entre el 23 de abril y el 3 de mayo de 2026), Milei llamó a los periodistas “basura” en una publicación en X. Los periodistas que estaban filmando únicamente en espacios públicos también fueron acusados de espionaje, cargos que posteriormente fueron desestimados por la justicia. Además, el uso del acrónimo “NOL$ALP” (“No odiamos lo suficiente a los periodistas”) se ha instalado cada vez más en la narrativa gubernamental: el jefe de Estado y su militancia digital han masificado su uso en redes para coordinar el cuestionamiento a la prensa tradicional.
En paralelo, se registraron otras medidas recientes que afectan el ejercicio periodístico, como restricciones al acceso de periodistas a espacios institucionales y el debilitamiento estructural de los medios, por ejemplo, mediante la centralización y los recortes presupuestarios en Radio Nacional. Este conjunto de acciones contribuye a un deterioro significativo del ecosistema informativo, afectando directamente la circulación de la información e, indirectamente, la capacidad de las organizaciones sociales para visibilizar sus agendas e influir. La difusión masiva de mensajes hostiles desde la máxima autoridad del Estado erosiona la legitimidad del periodismo e incrementa el riesgo de hostigamiento, lo que puede llevar a la autocensura y a una reducción de la pluralidad de voces. Organizaciones defensoras de la libertad de expresión, como el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y Amnistía Internacional, emitieron alertas advirtiendo que este nivel de hostigamiento presidencial — impulsado por milicias digitales — genera un clima de agresión generalizada y regresión institucional en el país.
El 5 de marzo de 2026, el Poder Ejecutivo nacional promulgó la Ley 27.802 de Modernización Laboral, una normativa que retrocede el ejercicio de los derechos de los trabajadores. De inmediato, la Confederación General del Trabajo (CGT) y diversos sindicatos presentaron amparos colectivos con pedidos de medidas cautelares para suspenderla. La nueva ley laboral redefine de manera drástica el ecosistema de las relaciones colectivas en Argentina, introduciendo restricciones operativas y financieras directas sobre el accionar sindical. Las organizaciones de base y centrales obreras denuncian que las reformas asfixian el financiamiento sindical, restringen el derecho de huelga y criminalizan los métodos tradicionales de protesta. Previamente, el debate parlamentario sobre la ley había estado acompañado por una serie de protestas y huelgas organizadas por distintos sindicatos.
Juzgados federales del trabajo y de jurisdicciones específicas, como San Martín, hicieron lugar a amparos de gremios específicos (ej. Empleados de Comercio), suspendiendo de forma provisional artículos específicos referidos al régimen de aportes y convenios colectivos. Asimismo, un juzgado laboral dictó una medida cautelar que congelaba transitoriamente 82 artículos de la ley. Sin embargo, el 8 de mayo de 2026, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12, dejó formalmente sin efecto la última gran medida cautelar que obstaculizaba la reforma, ratificando su total vigencia.
Esta ley constituye un deterioro del ambiente habilitante para los sindicatos, al restringir la libertad sindical mediante recortes en la tutela sindical y, en consecuencia, en los fueros para el accionar gremial. Asimismo, establece límites a las cuotas solidarias de los convenios colectivos, lo que erosiona la capacidad recaudatoria de las estructuras sindicales. La ley vulnera el Convenio 98 de la OIT, al limitar la renovación automática de los convenios vencidos, forzando a los sindicatos a negociar desde una posición de debilidad y violando el principio de progresividad de los derechos laborales, según el cual las leyes y condiciones de trabajo deben mejorar de forma continua. A su vez, impone una regla de no regresividad, al prohibir al Estado y a los legisladores adoptar medidas injustificadas que eliminen, reduzcan o debiliten derechos ya adquiridos.
La sociedad civil y los sindicatos argentinos continúan denunciando el impacto de la ley y su posible violación de disposiciones constitucionales y obligaciones internacionales, e iniciaron mecanismos de queja e incidencia ante la OIT, la Confederación Sindical Internacional (CSI), el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Unión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El Gobierno argentino presentó un proyecto para modificar la Ley de Financiamiento Universitario en medio del conflicto por el presupuesto educativo
En mayo de 2026, el Gobierno argentino presentó un proyecto parlamentario para modificar la Ley de Financiamiento Universitario, en un contexto de tensiones sostenidas entre el Poder Ejecutivo y el sistema público de educación superior desde el inicio del mandato del presidente Javier Milei en diciembre de 2023. La iniciativa se inscribe en un proceso prolongado de debate político e institucional en torno a la actualización presupuestaria y la judicialización del financiamiento universitario.
Durante 2024 y 2025 se registraron movilizaciones masivas en todo el país, impulsadas por rectores, sindicatos docentes, estudiantes y organizaciones sociales, en rechazo a la pérdida del poder adquisitivo de los presupuestos universitarios y a los recortes en ciencia y tecnología, que incluyeron la paralización de programas de investigación y conflictos sostenidos con sectores universitarios. Mientras tanto, el Ejecutivo defendía una política fiscal orientada al equilibrio presupuestario.
En abril de 2026, la Cámara Contencioso Administrativa Federal ordenó al Estado nacional la aplicación inmediata de los artículos 5° y 6° de la Ley de Financiamiento Universitario, relativos a la actualización salarial del personal docente y no docente y a la adecuación de las becas estudiantiles. Posteriormente, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los frentes sindicales notificaron a la Justicia el presunto incumplimiento del fallo por parte del Poder Ejecutivo, advirtiendo sobre posibles sanciones legales.
Este escenario refleja un impacto significativo en el ambiente habilitante para la sociedad civil y la sostenibilidad del sistema universitario y científico argentino. La incertidumbre presupuestaria afecta la continuidad de programas académicos, proyectos de investigación y actividades de extensión con organizaciones sociales, especialmente en ciencias sociales, derechos humanos y desarrollo comunitario. Asimismo, limita la capacidad de las universidades para sostener redes territoriales y procesos de incidencia pública. Frente a ello, organizaciones sociales, universidades y redes académicas podrían fortalecer articulaciones para visibilizar el impacto de las restricciones presupuestarias y defender la función social de las universidades y exigir a la Corte suprema que se expida en el corto plazo. El caso requiere monitoreo continuo de sus dimensiones legislativa, judicial y presupuestaria por sus posibles efectos estructurales sobre las capacidades de incidencia y producción de conocimiento de la sociedad civil.
La CEDAW advierte el retroceso de los derechos de género y diversidades en la Argentina
El 25 de febrero de 2026, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y las Niñas (CEDAW) emitió observaciones al Gobierno argentino en relación con restricciones y violaciones de los derechos de las mujeres y de personas con identidades de género diversas. Estas observaciones respondieron a cuestiones planteadas por más de 10 coaliciones y organizaciones de la sociedad civil, incluidas Amnistía Internacional y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), a través de informes sombra detallados que presentaron al Comité CEDAW durante el examen del octavo informe periódico de Argentina. Durante esta sesión también se presentó el informe alternativo de PAMPA 2030 y la Red Encuentro.
Las observaciones de la CEDAW destacan preocupaciones sobre el acceso a la justicia para organizaciones defensoras de derechos humanos y feministas, el debilitamiento de las instituciones destinadas a combatir el discurso de odio y la violencia de género, y el impacto negativo de la reforma laboral y del cambio de paradigma en materia de salud reproductiva. En particular, señalan la preocupación por el cierre de 81 Centros de Acceso a la Justicia mediante la resolución N° 178/2024, lo que afecta de manera desproporcionada a mujeres de zonas rurales, mujeres en situación de pobreza y mujeres que enfrentan formas interseccionales de discriminación; sobre las modificaciones a la Ley N° 25.871, que debilitan las protecciones para personas migrantes, limitando el acceso a la justicia de mujeres migrantes y aumentando su vulnerabilidad frente a la explotación, y sobre el proyecto de Ley de Modernización Laboral, que desregula el trabajo sin un análisis del impacto sobre las mujeres. Estas medidas se inscriben en una serie más amplia de restricciones legislativas a los derechos de las mujeres, como la eliminación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, la prohibición del lenguaje inclusivo y recortes presupuestarios significativos en servicios para mujeres e identidades diversas, entre otros. Asimismo, se han identificado intentos de limitar el trabajo de organizaciones de la sociedad civil enfocadas en género mediante intimidación y exclusión de espacios consultivos.
Las observaciones de la CEDAW establecen un precedente al señalar de manera explícita violaciones de derechos humanos por parte del Estado argentino y ofrecen una oportunidad para que la sociedad civil documente estas restricciones a los derechos fundamentales y al ambiente habilitante. Asimismo, constituyen una base para que organizaciones feministas, sindicatos y redes trans impulsen acciones legales a nivel nacional y trabajen hacia la rendición de cuentas por estas violaciones de derechos humanos.