Following the widespread rejection of a Draft Law on Transparency and Publicity of the Management of Interests by civil society organizations, professional association, and business chambers, the Constitutional Affairs and General Legislation commission of the Chamber of Deputies decided on 16 June 2026 to postpone advancing the law and revert it for further negotiations. The Commissions were forced to make this decision when none of the 26 convened speakers supported its official text, thereby publicly recognizing the need for modifications.
The Draft Law had been submitted by the Executive Branch to Congress for expedited treatment on 26 May 2026 and proposes a Public Registry of Interest Managers with prior registration obligations, quarterly reports and criminal sanctions for non-compliance. Civil society organizations criticized the broad definition of “interest management” applicable not only to corporate lobbying but also to civil society advocacy as well as the equation of legal persons incorporated abroad with foreign influence, thereby instilling suspicion against organizations working with international cooperation.
More than 190 civil society organizations raised alerts regarding the expected impact of the draft law on the enabling environment. Pablo Secchi of Poder Ciudadano summarized that the draft law “is not regulating corporate lobbying, this is criminalizing citizen participation.” In its presentations to the commission, Red Encuentro also highlighted the structural exclusion resulting from the draft: “access is consolidated for the actors with greater institutional power and the participation of those with fewer resources is hindered or prevented.” Amnesty International Argentina, the ACIJ and Fundación Huésped issued similar public alerts.
Apart from civil society actors, the draft was also rejected by the business sector including the United States Chamber of Commerce in Argentina and the Argentine Industrial Union with CSO actors suspecting that their opposition may have contributed significantly to the ruling party’s decision to postpone further processing of the draft law.
While the postponement is an important victory for civil society, the commission will continue to meet to develop the law. Given that the ruling party does not have enough votes to quickly push through its version of the law, this creates an important opportunity for opposition actors and civil society to develop an alternative text that regulates corporate lobbying while protecting civil society participation. Instead of regulating advocacy through punitive means, civil society continues to call for strengthened participation mechanisms through formal and permanent spaces for public consultation.
Beyond the legislative process itself, the experience of civil society’s collective articulation rejecting the law and achieving a joint public positioning across sectoral and ideological divisions constitute valuable organizational capital to sustain advocacy in the next stages and respond to future threats of the enabling environment. In terms of civic culture, the debate publicly established the distinction between making the lobby of economic interests transparent and criminalizing citizen participation.
Tras el amplio rechazo al Proyecto de Ley sobre Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses por parte de organizaciones de la sociedad civil, asociaciones profesionales y cámaras empresariales, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados decidió el 16 de junio de 2026 postergar el avance del proyecto y devolverlo para continuar las negociaciones. Las comisiones se vieron obligadas a tomar esta decisión luego de que ninguno de los 26 expositores convocados respaldara el texto oficial, reconociendo así públicamente la necesidad de introducir modificaciones.
El proyecto de ley había sido enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso para su tratamiento acelerado el 26 de mayo de 2026 y propone la creación de un Registro Público de Gestores de Intereses con obligaciones de inscripción previa, presentación de informes trimestrales y sanciones penales por incumplimiento. Las organizaciones de la sociedad civil criticaron la amplia definición de “gestión de intereses”, aplicable no solo al lobby corporativo sino también a las actividades de incidencia de la sociedad civil, así como la equiparación de las personas jurídicas constituidas en el extranjero con la influencia extranjera, lo que genera sospechas sobre las organizaciones que trabajan con cooperación internacional.
Más de 190 organizaciones de la sociedad civil emitieron alertas sobre el impacto previsto del proyecto de ley en el ambiente habilitante. Pablo Secchi, de Poder Ciudadano, resumió el problema señalando que el proyecto “no regula el lobby corporativo, sino que criminaliza la participación ciudadana”. En sus presentaciones ante la comisión, Red Encuentro también destacó la exclusión estructural que resultaría del proyecto: “se consolida el acceso para los actores con mayor poder institucional y se dificulta o impide la participación de quienes cuentan con menos recursos”. Amnistía Internacional Argentina, ACIJ y Fundación Huésped emitieron alertas públicas en el mismo sentido.
Además de los actores de la sociedad civil, el proyecto también fue rechazado por el sector empresarial, incluida la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina y la Unión Industrial Argentina. Actores de la sociedad civil consideran que esta oposición pudo haber contribuido de manera significativa a la decisión del oficialismo de postergar el tratamiento del proyecto.
Si bien la postergación representa una importante victoria para la sociedad civil, la comisión continuará reuniéndose para seguir trabajando en el proyecto. Dado que el oficialismo no cuenta con los votos suficientes para aprobar rápidamente su versión de la ley, esto abre una oportunidad importante para que los actores de la oposición y la sociedad civil elaboren un texto alternativo que regule el lobby corporativo al tiempo que proteja la participación de la sociedad civil. En lugar de regular la incidencia mediante mecanismos punitivos, la sociedad civil continúa reclamando el fortalecimiento de los mecanismos de participación a través de espacios formales y permanentes de consulta pública.
Más allá del proceso legislativo en sí, la experiencia de articulación colectiva de la sociedad civil para rechazar el proyecto y construir un posicionamiento público conjunto, superando divisiones sectoriales e ideológicas, constituye un valioso capital organizativo para sostener la incidencia en las siguientes etapas y responder a futuras amenazas al ambiente habilitante. En términos de cultura cívica, el debate estableció públicamente la distinción entre transparentar el lobby de intereses económicos y criminalizar la participación ciudadana.