Argentina — El gobierno decide no postularse al Consejo de Derechos Humanos de la ONU
El 1 de septiembre de 2025, el Gobierno argentino anunció que no presentará su candidatura para integrar el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, rompiendo con una tradición de más de cuatro décadas de participación activa en este órgano multilateral.
Diversas organizaciones de derechos humanos y sindicatos calificaron la decisión como un retroceso histórico y un debilitamiento de la política de Estado en materia de Memoria, Verdad y Justicia. Si bien Argentina seguirá obligada por los tratados internacionales de derechos humanos que ha ratificado, su ausencia en el Consejo implica pérdida de influencia en debates y votaciones clave y se suma a otras señales de retracción multilateral, como la decisión de retirarse de la Organización Mundial de la Salud.
La medida se enmarca en un contexto de discursos oficiales críticos hacia el sistema internacional de derechos humanos y hacia el multilateralismo en general. En su discurso ante la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2024, el presidente Javier Milei acusó a la ONU de imponer una “agenda ideológica” a sus miembros y de promover violaciones sistemáticas a la libertad durante las cuarentenas globales de 2020, llegando a sugerir que estas deberían ser consideradas crímenes de lesa humanidad. Asimismo, cuestionó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la inclusión de países como Cuba y Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos, enmarcando estos organismos dentro de lo que denominó una “agenda ideológica”.
Estas declaraciones refuerzan un clima de intolerancia y de deslegitimación hacia los organismos internacionales de derechos humanos, con implicaciones directas para la sociedad civil argentina. Organizaciones sociales han solicitado audiencias con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y con la CIDH frente a los ataques recibidos en materia de derechos laborales, el funcionamiento de comedores comunitarios y la violación de los derechos de los pueblos indígenas (Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT). Sin embargo, la decisión del gobierno argentino de no presentarse al Consejo reduce los espacios de incidencia y cooperación internacional para las organizaciones de la sociedad civil (OSC). A ello se suma la obstrucción o reducción de proyectos de asistencia técnica y financiera de agencias del sistema de Naciones Unidas desde la llegada al poder de la administración de La Libertad Avanza en diciembre de 2023.
Este retroceso diplomático constituye un deterioro del entorno. Si bien se trata de una decisión de política exterior, la combinación de retirada de espacios multilaterales, discursos de odio contra la ONU y la reducción del acceso de las OSC a cooperación técnica y financiera internacional tiene efectos indirectos preocupantes sobre el Principio 5 de la metodología EU SEE: cultura pública y discursos sobre la sociedad civil. En particular, debilita la cooperación internacional y erosiona la capacidad de las OSC argentinas para incidir en foros multilaterales y defender un entorno habilitante para la sociedad civil.
