En septiembre de 2025, la Sala de Investigaciones Especiales de la Suprema Corte de Justicia notificó a Proética su reconocimiento como parte agraviada, sentando un precedente histórico: se convirtió en la primera asociación civil en ser reconocida como representante de los ciudadanos afectados por la corrupción. El 7 de enero de 2025, Proética había solicitado autorización a la Fiscalía para participar en la investigación penal contra la presidenta Dina Boluarte y otros funcionarios por el presunto delito de colusión agravada, relacionado con el trato preferencial a proveedores en programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), como Qali Warma. El objetivo era representar a los beneficiarios directamente afectados por este acto de corrupción. La Fiscalía denegó esta solicitud, por lo que Proética recurrió a la Sala de Investigación Preparatoria de la Suprema Corte de Justicia mediante un recurso de amparo. Tras la audiencia celebrada el 6 de mayo, Proética fue reconocida oficialmente como parte agraviada.

El Grupo de Trabajo sobre Víctimas de la Corrupción de la Coalición UNCAC destacó la importancia de este logro, afirmando: «La decisión de la Corte Suprema de Justicia del Perú tiene repercusiones mucho más allá de América Latina. En un momento en que las leyes restrictivas y la presión política están reduciendo el espacio cívico en todo el mundo, esta sentencia reafirma el papel esencial de las ONG para garantizar que los casos de corrupción reflejen las voces y los derechos de los más afectados».

Esta sentencia sienta un claro precedente al afirmar que las organizaciones de la sociedad civil tienen legitimidad para defender los derechos de los ciudadanos vulnerables. Al reconocer a Proética como parte agraviada, la Corte Suprema refuerza su papel fundamental en la salvaguarda del interés público, en consonancia con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y el artículo 94(4) del Código de Procedimiento Penal.