El 4 de mayo de 2026, se debatieron los proyectos de ley 11561/2024-CR, «Ley por la que se incorpora el artículo 402-A al Decreto Legislativo 635 (Código Penal) y se refuerza la administración de justicia para sancionar las denuncias falsas en los procedimientos de violencia doméstica», y 1786/2024-CR, «Ley de protección contra la simulación de agresión en los procedimientos de violencia doméstica», se incluyó en el orden del día de la Comisión de la Mujer y la Familia. Aunque no se alcanzó el quórum necesario para continuar con el debate, la inclusión de estos proyectos de ley suscitó preocupación entre las organizaciones de la sociedad civil, que advirtieron de posibles repercusiones negativas para los derechos de las mujeres y para quienes prestan protección y apoyo en casos de violencia de género.

El proyecto de ley 11561/2024-CR introduce el concepto de «denuncia falsa» en el artículo 402 sobre «denuncia maliciosa». Si bien la denuncia maliciosa ya es un delito, el proyecto de ley pretende aumentar las penas en los casos de violencia doméstica, así como aplicar las mismas penas e inhabilitaciones, según corresponda, a «abogados, médicos, peritos, agentes de policía, psicólogos y cualquier otro especialista que falsifique o altere documentos, declaraciones de las partes, testimonios, informes periciales o cualquier otra prueba que pueda dar lugar a la apertura de un procedimiento especial de violencia doméstica o de un proceso penal». Este proyecto de ley se incluyó en el orden del día a pesar de haber recibido dictámenes desfavorables de al menos cuatro instituciones estatales.

Las organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación por que las propuestas reflejen y puedan reforzar una narrativa más amplia que corre el riesgo de disuadir a las sobrevivientes de denunciar la violencia. Las organizaciones advirtieron de que las medidas podrían, en la práctica, criminalizar a las mujeres que denuncian abusos, especialmente en contextos en los que los casos ya se desestiman con frecuencia por falta de pruebas y no por falsedad probada. En respuesta a estas preocupaciones, la Comisión de la Mujer y la Familia declaró que la propuesta tiene como objetivo exclusivo sancionar las conductas indebidas intencionadas. Sin embargo, la organización Flora Tristán, que presta asistencia jurídica en casos de violencia de género, señaló que la propuesta podría obstaculizar la labor oportuna de los profesionales y especialistas de los servicios de protección debido al temor a sanciones posteriores.

En respuesta, los actores de la sociedad civil intensificaron su compromiso más allá de los mecanismos formales de consulta. Organizaciones como Manuela Ramos, Flora Tristán, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Familias Unidas por la Justicia (Familiares de Víctimas de Femicidio) y DEMUS convocaron una vigilia colectiva ante el Palacio de Justicia el 12 de mayo, seguida de una manifestación frente al Congreso el 14 de mayo, lo que supuso una movilización ciudadana coordinada en defensa de los derechos de las mujeres y el acceso a la justicia en los procedimientos por violencia doméstica.

Recientemente, los principales partidos políticos de cara a las próximas elecciones han promovido un discurso que amenaza la libertad de prensa. El 24 de abril de 2026, durante una rueda de prensa, un candidato de un partido líder en las encuestas afirmó que el director de IDL Reporteros, el presentador del podcast Sin Guion en La República (LR+) y el director de La Encerrona formaban parte de una mafia o «red criminal» presuntamente implicada en irregularidades electorales, que este partido había calificado previamente de fraude.

Además, el 3 de mayo de 2026, en un reportaje emitido en el programa Panorama, un entrevistado de otro partido político líder recomendó que, si ganaban las elecciones presidenciales, deberían «expropiar exclusivamente a la prensa televisiva de señal abierta». Se refirió específicamente a los canales Latina Televisión y América Televisión, sugiriendo que deberían ser entregados a sindicatos u organizaciones campesinas. También mencionó los nombres de periodistas y reporteros que, en su opinión, ya no deberían aparecer en televisión.

El mismo día, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) y la Oficina de Derechos Humanos del Periodista (OFIP) publicaron el informe Termómetro de la Libertad de Prensa 2026 (enero-mayo). Este documento incluye el primer caso descrito en esta alerta, identificando al candidato como agresor contra la prensa. En relación con este caso, IDL Reporteros está considerando presentar una denuncia penal contra el candidato por difamación agravada, ya que ha estado acusando sistemáticamente a IDL y a sus periodistas.

Estas declaraciones son profundamente preocupantes para la libertad de prensa, ya que estigmatizan y deslegitiman a los periodistas y medios de comunicación independientes. Además, las propuestas de expropiar medios de comunicación y excluir a periodistas específicos de la radiodifusión pública constituyen amenazas directas a la independencia y el pluralismo de los medios, lo que socava los principios democráticos y el derecho del público a acceder a información diversa e independiente.

El 12 de abril, Perú celebró elecciones generales para la Presidencia, el Senado Nacional y Regional, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino. Las contingencias que se produjeron durante el proceso, que provocaron retrasos en la apertura de algunos colegios electorales y en el ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos, hicieron que los observadores electorales se enfrentaran a dificultades al inicio de su labor. A pesar de ello, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) declaró que sus observadores pudieron seguir el proceso sin restricciones. La organización de la sociedad civil Transparencia señaló que las elecciones generales celebradas el domingo y el lunes fueron creíbles y transparentes. Sin embargo, el presidente de Ipsos informó de que, en más de una docena de colegios electorales, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) impedía la entrada a los observadores para realizar el recuento rápido, a pesar de que estaban acreditados.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) ha informado de incidentes que afectaron a periodistas durante la cobertura electoral. El más grave ocurrió el sábado 11 de abril, cuando la policía detuvo a un periodista de Radio UNO en Tacna. El periodista estaba grabando la retirada de material de campaña electoral de una casa cuyo propietario no se encontraba presente, cuando un agente de policía le pidió su documento nacional de identidad para un «control de identidad». Tras entregársela, el agente alegó que había un fallo en el sistema y obligó al periodista a subir al vehículo policial para ser trasladado a la comisaría. La retención se prolongó desde las 9:00 a. m. hasta poco antes de la 1:00 p. m.

Otro caso ocurrió el 12 de abril en Chimbote, donde el periodista Luis Vento Benites, mientras realizaba una transmisión en vivo en la Institución Educativa N.º 88001, fue expulsado por la policía y personal de las fuerzas armadas, presuntamente bajo instrucciones de la ONPE. Incluso fue amenazado con ser detenido por desobediencia a la autoridad. Se denunciaron incidentes similares en Huaraz, Ayaviri y Lima. Además del informe de la ANP, el Colegio de Periodistas del Perú también ha emitido un comunicado sobre los ataques contra periodistas durante el proceso electoral.

No, Proética is the first NGO to be recognized by the Supreme Court as an aggrieved party in a criminal investigation into aggravated collusion involving preferential treatment of suppliers in MIDIS social programs, including Qali Warma. 

Regarding this, Pamela Álvarez, coordinator of the Anti-Corruption Legal Office at Proética, explains: “In corruption cases, this perspective is crucial. Not only is the State harmed as the holder of the legal right to public administration, but also the citizens who suffer the consequences of these irregularities — including lower-quality basic services, diversion of resources, and, as in the Qali Warma case, direct negative impacts on the health and education of beneficiaries.” 

In November 2023, Quinto Inuma Alvarado, a Kichwa Indigenous leader, human rights and environmental defender, and president (Apu) of the Board of Directors of the Kichwa Native Community of Santa Rosillo de Yanayacu, Huimbayoc District, San Martín, Peru, was murdered. For several years, he had been denouncing illegal logging and its impact on the forests within his community’s territory, as well as drug trafficking activities. Despite having protection measures granted by the State through the Ministry of Justice, he was tragically killed.