On 4 May 2026, the debate on Bills 11561/2024-CR, “Law incorporating Article 402-A into Legislative Decree 635 (Criminal Code) and strengthening the administration of justice to sanction false complaints in domestic violence proceedings,” and 1786/2024-CR, “Law for protection against the simulation of aggression in domestic violence proceedings,” was placed on the agenda of the Women and Family Commission. Although the quorum required to proceed with the debate was not reached, the inclusion of these bills prompted concern among civil society organisations, who warned of potential adverse implications for women’s rights and for those providing protection and support in cases of gender-based violence.
Bill 11561/2024-CR introduces the concept of “false reporting” into Article 402 on “malicious reporting”. While malicious reporting is already a criminal offense, the bill seeks to increase penalties in cases of domestic violence, as well as to apply the same penalties and disqualification, as appropriate, to “lawyers, doctors, experts, police officers, psychologists, and any other specialists who fabricate or alter documents, party statements, testimonies, expert reports, or any other evidence that may lead to the initiation of special domestic violence proceedings or criminal proceedings.” This bill was included on the agenda despite having received unfavorable opinions from at least four state institutions.
Civil society organisations expressed concern that the proposals reflect and may reinforce a broader narrative that risks deterring survivors from reporting violence. Organisation warned that the measures could effectively criminalise women who report abuse, particularly in contexts where cases are already frequently dismissed for lack of evidence rather than proven falsity. In response to these concerns, the Women and Family Commission stated that the proposal is exclusively aimed at sanctioning intentional misconduct. However, the organization Flora Tristán, which provides legal assistance in cases of gender-based violence, noted that the proposal could hinder the timely work of professionals and specialists in protection services due to fear of subsequent sanctions.
In response, civil society actors escalated their engagement beyond formal consultation mechanisms. Organisations including Manuela Ramos, Flora Tristán, the National Human Rights Coordinator, Families United for Justice (Relatives of Victims of Femicide), and DEMUS convened a collective vigil outside the Palace of Justice on 12 May, followed by a protest outside Congress on 14 May, signalling coordinated civic mobilisation in defence of women’s rights and access to justice in domestic violence proceedings.
El 4 de mayo de 2026, se debatieron los proyectos de ley 11561/2024-CR, «Ley por la que se incorpora el artículo 402-A al Decreto Legislativo 635 (Código Penal) y se refuerza la administración de justicia para sancionar las denuncias falsas en los procedimientos de violencia doméstica», y 1786/2024-CR, «Ley de protección contra la simulación de agresión en los procedimientos de violencia doméstica», se incluyó en el orden del día de la Comisión de la Mujer y la Familia. Aunque no se alcanzó el quórum necesario para continuar con el debate, la inclusión de estos proyectos de ley suscitó preocupación entre las organizaciones de la sociedad civil, que advirtieron de posibles repercusiones negativas para los derechos de las mujeres y para quienes prestan protección y apoyo en casos de violencia de género.
El proyecto de ley 11561/2024-CR introduce el concepto de «denuncia falsa» en el artículo 402 sobre «denuncia maliciosa». Si bien la denuncia maliciosa ya es un delito, el proyecto de ley pretende aumentar las penas en los casos de violencia doméstica, así como aplicar las mismas penas e inhabilitaciones, según corresponda, a «abogados, médicos, peritos, agentes de policía, psicólogos y cualquier otro especialista que falsifique o altere documentos, declaraciones de las partes, testimonios, informes periciales o cualquier otra prueba que pueda dar lugar a la apertura de un procedimiento especial de violencia doméstica o de un proceso penal». Este proyecto de ley se incluyó en el orden del día a pesar de haber recibido dictámenes desfavorables de al menos cuatro instituciones estatales.
Las organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación por que las propuestas reflejen y puedan reforzar una narrativa más amplia que corre el riesgo de disuadir a las sobrevivientes de denunciar la violencia. Las organizaciones advirtieron de que las medidas podrían, en la práctica, criminalizar a las mujeres que denuncian abusos, especialmente en contextos en los que los casos ya se desestiman con frecuencia por falta de pruebas y no por falsedad probada. En respuesta a estas preocupaciones, la Comisión de la Mujer y la Familia declaró que la propuesta tiene como objetivo exclusivo sancionar las conductas indebidas intencionadas. Sin embargo, la organización Flora Tristán, que presta asistencia jurídica en casos de violencia de género, señaló que la propuesta podría obstaculizar la labor oportuna de los profesionales y especialistas de los servicios de protección debido al temor a sanciones posteriores.
En respuesta, los actores de la sociedad civil intensificaron su compromiso más allá de los mecanismos formales de consulta. Organizaciones como Manuela Ramos, Flora Tristán, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Familias Unidas por la Justicia (Familiares de Víctimas de Femicidio) y DEMUS convocaron una vigilia colectiva ante el Palacio de Justicia el 12 de mayo, seguida de una manifestación frente al Congreso el 14 de mayo, lo que supuso una movilización ciudadana coordinada en defensa de los derechos de las mujeres y el acceso a la justicia en los procedimientos por violencia doméstica.