Exclusión electoral mediante la ampliación de los requisitos de residencia para inmigrantes
Un nuevo estándar electoral entró en vigor en Chile tras la implementación de la Reforma Constitucional de septiembre de 2025. La reforma duplicó el requisito de residencia para que las personas no ciudadanas accedan al “Voto Extranjero”, aumentándolo de cinco a diez años de residencia legal continua. Aunque la ley fue aprobada en 2025, una disposición transitoria excluyó su aplicación para las elecciones presidenciales y parlamentarias celebradas en noviembre y diciembre de 2025. A partir de enero de 2026, el nuevo requisito se aplica a todos los padrones electorales y a los procesos electorales futuros.
En paralelo, la reforma reforzó el voto obligatorio mediante la introducción de sanciones económicas por incumplimiento, con multas que oscilan entre 0,5 y 1,5 UTM (Unidades Tributarias Mensuales) para las personas chilenas. Estas medidas modifican de manera significativa las condiciones en las que se desarrolla la participación política en Chile. La ampliación de los requisitos de residencia excluye de hecho a un segmento considerable de la población residente permanente de la participación electoral, en particular a personas migrantes y residentes extranjeros de larga duración. Si bien los cambios legales se aplican formalmente solo a personas no ciudadanas, afectan la composición general del electorado y redefinen en la práctica los límites de la participación política dentro del país.

Implementación del nuevo Marco de Auditoría y del SAIG: supervisión basada en riesgos aplicada a las organizaciones de la sociedad civil
El 1 de enero de 2026, Chile comenzó a implementar una nueva arquitectura estatal de auditoría y gestión de riesgos tras la creación del Servicio de Auditoría Interna de Gobierno (SAIG) mediante la Ley N.º 21.769. Esta reforma representa un cambio institucional significativo en la forma en que el Estado entiende la rendición de cuentas, el control interno y el riesgo público. En lugar de depender de una supervisión financiera ex post y de auditorías discrecionales, el nuevo marco institucionaliza la auditoría permanente, estandarizada y basada en riesgos como una función central de la administración pública. Esto ha modificado las condiciones bajo las cuales los actores no estatales —incluidas las organizaciones de la sociedad civil— pueden relacionarse con las instituciones públicas.
El SAIG establece estándares técnicos obligatorios para la auditoría interna en todo el Poder Ejecutivo y promueve un modelo de gobernanza basado en la prevención, la trazabilidad y el cumplimiento normativo. En la práctica, esto marca una transición hacia un enfoque de “confianza cero”, en el que la acción pública se estructura en torno a la anticipación de irregularidades y la expansión de controles formales. La reforma fue enmarcada políticamente como una respuesta al escándalo del “Caso Convenios” y a preocupaciones más amplias sobre el uso indebido de fondos públicos.