On 16 October 2026, the Talca Parole Board unanimously granted parole to Patricio Maturana Ojeda, a former police officer sentenced to 12 years and 183 days for the attack that left Senator Fabiola Campillai blind during the social unrest. The parole will take effect on 2 December, 2026, when Maturana has served half of his sentence.
Campillai opposed the request both in person and in writing. She argued that the prisoner should be required to serve two-thirds of his sentence, questioned the lack of an apology or public expression of remorse, and warned of the decision’s impact on her safety and mental well-being. The commission dismissed these arguments, concluding that the crime does not require serving two-thirds of the sentence and maintaining that the court ruling ruled out classifying the acts as a crime against humanity.
The decision was based, among other factors, on a psychosocial report from the Prison Service that evaluated Maturana favorably, noting an adequate acceptance of responsibility, a very low risk of recidivism, and good behavior while serving his sentence. Days later, Maturana appeared at a public event in Santiago, where he addressed his situation, stated that he and other police officers had been persecuted and received a standing ovation from attendees linked to both libertarian and pro-government sectors.
The Minister of Public Security, Martín Arrau, stated that parole does not constitute impunity, as it is a judicial decision, and maintained that court rulings must be respected.
El ex carabinero que dejó ciega a la senadora Fabiola Campillai obtendrá la libertad condicional en diciembre y participó en un acto político en Chile
El 16 de octubre de 2026, la Comisión de Libertad Condicional de Talca concedió por unanimidad la libertad condicional a Patricio Maturana Ojeda, ex carabinero condenado a 12 años y 183 días de prisión por el ataque que dejó ciega a la senadora Fabiola Campillai durante el estallido social. La libertad condicional se hará efectiva el 2 de diciembre de 2026, fecha en la que Maturana habrá cumplido la mitad de su condena.
Campillai se opuso a la solicitud tanto presencialmente como por escrito. Argumentó que el condenado debería cumplir dos tercios de la pena, cuestionó la ausencia de una disculpa o una expresión pública de arrepentimiento y advirtió sobre las consecuencias de la decisión para su seguridad y bienestar psicológico. La comisión desestimó estos argumentos, concluyendo que el delito no exige el cumplimiento de dos tercios de la condena y sosteniendo que la sentencia judicial descartó que los hechos pudieran calificarse como un crimen de lesa humanidad.
La decisión se basó, entre otros factores, en un informe psicosocial de Gendarmería que evaluó favorablemente a Maturana y señaló una adecuada asunción de responsabilidad, un riesgo muy bajo de reincidencia y buena conducta durante el cumplimiento de su condena. Días después, Maturana apareció en un acto público en Santiago, donde se refirió a su situación, afirmó que él y otros carabineros habían sido perseguidos y recibió una ovación de pie de los asistentes, vinculados tanto a sectores libertarios como a sectores oficialistas.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, afirmó que la libertad condicional no constituye impunidad, dado que se trata de una decisión judicial, y sostuvo que deben respetarse los fallos de los tribunales.