In September 2026, the National Institute for Human Rights (INDH) was the target of a legislative and budgetary offensive by pro-government lawmakers. On 2 and 3 September, the House Human Rights Committee approved in principle (7 votes in favor, 2 against) a motion by National Renewal Party representatives to amend the INDH law: it raises the quorum required to file complaints to two-thirds of the Council, reduces the number of civil society representatives on the Council from 4 to 3, increases the number of council members from law schools from 1 to 2, establishes disqualifications for council members with recent political ties, requires semi-annual appearances before the Committee, mandates the publication of minutes and votes, and creates a mechanism allowing one-third of the deputies to request the removal of a council member before the Supreme Court.
On 29 September, the Independent Democratic Union (UDI) caucus announced an amendment to the 2027 Budget Law to reduce the INDH’s budget to just 1,000 Chilean pesos (approximately one dollar), with the explicit aim of forcing its closure until there is a “fundamental reform” of the institution. The UDI’s budget indication will be processed within the discussion of the 2027 Budget Law. Libertarian lawmakers also demanded that the agency be completely defunded. These measures have been described by human rights organizations as part of an “institutional dismantling” and advocacy is indicated to maintain the INDH’s ability to file legal actions, preserve civil society representation on the Council, and exclude politicized removal mechanisms.
Ofensiva legislativa y presupuestaria contra el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en Chile
En septiembre de 2026, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) fue objeto de una ofensiva legislativa y presupuestaria por parte de parlamentarios oficialistas. Los días 2 y 3 de septiembre, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó en general (7 votos a favor y 2 en contra) una moción presentada por representantes de Renovación Nacional para modificar la ley del INDH: eleva a dos tercios del Consejo el quórum requerido para presentar querellas, reduce de 4 a 3 el número de representantes de la sociedad civil en el Consejo, aumenta de 1 a 2 el número de consejeros provenientes de facultades de Derecho, establece inhabilidades para consejeros con vínculos políticos recientes, exige comparecencias semestrales ante la Comisión, obliga a publicar las actas y votaciones, y crea un mecanismo que permite que un tercio de los diputados solicite ante la Corte Suprema la remoción de un consejero.
El 29 de septiembre, el grupo parlamentario de la Unión Democrática Independiente (UDI) anunció una enmienda a la Ley de Presupuestos de 2027 para reducir el presupuesto del INDH a tan solo 1.000 pesos chilenos (aproximadamente un dólar), con el objetivo explícito de forzar su cierre hasta que se lleve a cabo una «reforma fundamental» de la institución. La indicación presupuestaria de la UDI se tramitará en el marco del debate de la Ley de Presupuestos de 2027. Los diputados libertarios también exigieron que se retirara por completo la financiación a la agencia. Las organizaciones de derechos humanos han calificado estas medidas como parte de un «desmantelamiento institucional» y se aboga por mantener la capacidad del INDH para interponer acciones legales, preservar la representación de la sociedad civil en el Consejo y excluir los mecanismos de destitución politizados.