Chile

Read the Spanish version

English version

Between May and August 2025, the enabling environment for civil society in Chile was influenced by the climate of electoral primaries, various mobilisations, and the impact of the corruption case called Convenios. The ruling coalition’s primary confirmed Jeannette Jara as a candidate, and during this period President Boric’s approval rating declined due to the aforementioned Convenios Case and its implications.

Within this context, civil society in Chile remained very active: the XXV Pride March drew over 100,000 people demanding stronger protections against discrimination, and organisations influenced key reforms including the National Care System, the “More Women on Boards” Law, and the Adoption Law, and also the presentation in Congress of the reform to Law 20,500 on Associations and Citizen Participation in Public Management. Furthermore, on 1 September, the reform to Law 20,500 on associations and citizen participation in public management was submitted to Congress.

This reform will have a significant impact on the enabling environment for civil society, and organisations have been instrumental in advocating for this change. Another important milestone of great relevance to civil society occurred on 25 September since Chile’s application to EITI was accepted. However, in the run-up to the November 2025 elections, coordinated disinformation campaigns have also been detected, creating opportunities to undermine the exercise of democracy.

Versión en español

Entre mayo y agosto de 2025, el entorno habilitante para la sociedad civil en Chile estuvo influido por el clima de las primarias electorales, diversas movilizaciones y el impacto del caso de corrupción conocido como Convenios. La primaria de la coalición gobernante confirmó a Jeannette Jara como candidata, y durante este período la aprobación del presidente Boric disminuyó debido al mencionado caso Convenios y sus implicaciones.

En este contexto, la sociedad civil en Chile se mantuvo muy activa: la XXV Marcha del Orgullo reunió a más de 100,000 personas que exigieron mayores protecciones contra la discriminación, y las organizaciones influyeron en reformas clave, como el Sistema Nacional de Cuidados, la Ley “Más Mujeres en los Directorios” y la Ley de Adopción. Además, el 1 de septiembre se presentó ante el Congreso la reforma a la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública. Esta reforma tendrá un impacto significativo en el entorno habilitante de la sociedad civil, y las organizaciones han desempeñado un papel fundamental en su promoción.

Otro hito importante y de gran relevancia para la sociedad civil ocurrió el 25 de septiembre, cuando se aceptó la solicitud de Chile para unirse a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés). Sin embargo, en el marco previo a las elecciones de noviembre de 2025, también se han detectado campañas coordinadas de desinformación, lo que genera riesgos para el ejercicio democrático.

Subscribe here and receive the latest alerts and updates of Chile

Network Member:
Multitudes

Snapshots

Country snapshots capture the current state of the enabling environment for civil society and provide a quick overview of significant events and trends that have occurred over the past 4 months. Click on a component in the timeline to see the corresponding Enabling Environment Snapshot.

Alerts

The Early Warning Mechanism documents changes and critical trends in the enabling environment for civil society. The mechanism works by information-gathering work focusing on events that impact the enabling environment. The EU SEE consortium assess these events to trigger alerts indicating a downward or upward trend in the enabling environment.

Español English Español English English Español

A finales de 2024 se publicó en el Diario Oficial de Chile la Ley de Protección de Datos Personales (Ley N.º 21.719). Su objetivo principal es modernizar y fortalecer el marco jurídico vigente para garantizar el derecho de las personas a controlar su información personal. Entre diversas medidas, la ley crea la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales como un organismo autónomo e independiente, dotado de facultades de supervisión y fiscalización.

Dicha entidad debía constituirse seis meses antes de la entrada en vigor de la ley, plazo que se habría cumplido a finales de mayo de este año. Sin embargo, el Senado no logró alcanzar el quórum necesario para ratificar a sus integrantes. El 20 de mayo, la Cámara Alta rechazó el oficio del Presidente de la República mediante el cual solicitaba la aprobación para designar a Joselyn Biermann, Roberto Godoy y Matías Larraguibel como consejeros de la Agencia de Protección de Datos Personales por períodos de 6, 4 y 2 años, respectivamente. Como consecuencia, la agencia continúa sin ser constituida.

Ante esta situación, la Asociación Gremial de Especialistas en Protección de Datos (AGPD) emitió una declaración pública en la que instó al Poder Ejecutivo y al Senado a resolver el problema antes de que la nueva Ley de Protección de Datos Personales entre en vigor el próximo 1 de diciembre. Asimismo, reiteró su disposición a contribuir técnica y colaborativamente en este proceso.

Español English Español English English Español

El 13 de abril de 2026, el Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile emitió la Circular N.º 014, que actualiza las instrucciones para determinar la nacionalidad durante el proceso de inscripción de nacimientos y, en particular, para la aplicación del concepto de “extranjero transeúnte”. El documento se basa en el artículo 10, N.º 1 de la Constitución, que establece excepciones al otorgamiento automático de la nacionalidad chilena, entre ellas, ser hijo de un extranjero transeúnte. Como señala la circular: “Si el nacimiento ocurrió durante el período de permanencia transitoria, el recién nacido no tiene nacionalidad chilena, sino que es hijo de extranjero transeúnte”.

Esto fue denunciado como preocupante por diversas organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas de niñez y migración, ya que representa un retroceso respecto de los avances que el Estado ha venido realizando en la protección de los derechos de niños y niñas en contextos de movilidad humana.

Como denunció la Defensoría de la Niñez: “La circular establece un mecanismo que crea un riesgo de apatridia, una condición que afecta directamente el ejercicio de derechos fundamentales, especialmente en ámbitos como la salud y la educación”. Asimismo, como añaden diversos expertos y organizaciones en una carta dirigida al medio El Mostrador: “La apatridia conduce a la pobreza debido a las dificultades para acceder a la educación y al trabajo, empeora la salud de quienes la padecen y es un factor que predice vulnerabilidad”.

Search

People searched for

Translate »