El 13 de abril de 2026, el Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile emitió la Circular N.º 014, que actualiza las instrucciones para determinar la nacionalidad durante el proceso de inscripción de nacimientos y, en particular, para la aplicación del concepto de “extranjero transeúnte”. El documento se basa en el artículo 10, N.º 1 de la Constitución, que establece excepciones al otorgamiento automático de la nacionalidad chilena, entre ellas, ser hijo de un extranjero transeúnte. Como señala la circular: “Si el nacimiento ocurrió durante el período de permanencia transitoria, el recién nacido no tiene nacionalidad chilena, sino que es hijo de extranjero transeúnte”.

Esto fue denunciado como preocupante por diversas organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas de niñez y migración, ya que representa un retroceso respecto de los avances que el Estado ha venido realizando en la protección de los derechos de niños y niñas en contextos de movilidad humana.

Como denunció la Defensoría de la Niñez: “La circular establece un mecanismo que crea un riesgo de apatridia, una condición que afecta directamente el ejercicio de derechos fundamentales, especialmente en ámbitos como la salud y la educación”. Asimismo, como añaden diversos expertos y organizaciones en una carta dirigida al medio El Mostrador: “La apatridia conduce a la pobreza debido a las dificultades para acceder a la educación y al trabajo, empeora la salud de quienes la padecen y es un factor que predice vulnerabilidad”.

El proyecto de ley sobre Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, mejor conocido como la “mega-reforma” del presidente José Antonio Kast, enviado al Congreso el 22 de abril de 2026, incluye una nueva disposición en la Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual. Se trata del artículo 71T, que permitiría la reproducción y distribución de obras protegidas sin autorización ni compensación al titular de los derechos de autor cuando se realice a gran escala para entrenar sistemas de inteligencia artificial. Asimismo, es un párrafo tomado de forma textual de una disposición introducida en 2024 por el expresidente Gabriel Boric que fue rechazada por la cámara baja del Congreso.

Esta disposición generó críticas por parte de la Asociación Nacional de la Prensa. Como señalaron en un comunicado, “se trata de una decisión de política pública que impacta directamente al periodismo y a las obras periodísticas protegidas por la ley de propiedad intelectual. Su consideración requiere un debate legislativo específico, con la participación efectiva de los sectores afectados”.

También provocó una oposición similar por parte de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD). “Una incorporación como esta solo suscita serias dudas respecto de su pertinencia, especialmente cuando la intención de fondo de la propuesta equivale nada menos que a una vulneración de los principios generales en los que se basa la legislación de derechos de autor—esto es, la autorización expresa de los titulares de derechos para el uso de las obras—principio que en la SCD hemos defendido durante casi 40 años”, señalaron.

Recientemente, el Colectivo Feminista de Autoras Chilenas AUCH+ emitió también una declaración. Según indicaron: “La propuesta del artículo 71.T pone en riesgo el trabajo de las creadoras al permitir el uso de obras sin autorización ni pago. No podemos permitir que el trabajo intelectual, artístico y científico sea invisibilizado bajo una falsa premisa de acceso libre.”

A finales de marzo de 2026, la recién inaugurada administración del presidente chileno José Antonio Kast anunció la retirada del decreto que expropiaba 117 hectáreas dentro de la antigua Colonia Dignidad, un histórico centro de tortura y detención durante la dictadura de Augusto Pinochet. El proyecto, promovido por la administración anterior del expresidente Gabriel Boric, buscaba crear un sitio de memoria para las víctimas de crímenes de lesa humanidad.

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, justificó la decisión en razones de austeridad fiscal (la expropiación costaría aproximadamente 47 mil millones de pesos chilenos) y calificándola como un “proyecto faraónico”, señalando a los medios que existen otras necesidades más urgentes, como la reconstrucción de viviendas tras los incendios ocurridos durante los dos últimos veranos en Chile.

Debido a la controversia generada por la medida —que incluso provocó una respuesta del gobierno alemán—, el presidente Kast suavizó su postura, señalando que el gobierno está dispuesto a crear un memorial “limitado” que no implique las 117 hectáreas comprometidas por la administración anterior.

La decisión ha suscitado condenas por parte de organizaciones de derechos humanos en Chile y Alemania, que la describen como un “acto político regresivo” que vulnera los compromisos internacionales del Estado. El gobierno alemán, socio en una comisión bilateral conjunta desde 2017 para crear un sitio de memoria, ha expresado su preocupación y su apoyo al proyecto original, mientras que las víctimas y sus familias han señalado que se sienten “abandonadas” y que esto representa una “bofetada” a su memoria.