Caso Víctor Hugo Quero revela deficiencias estructurales del sistema de justicia venezolano
El pasado 7 de mayo, el gobierno venezolano reconoció la muerte bajo custodia de Víctor Hugo Quero, quien estuvo detenido de forma arbitraria y se mantenía en desaparición forzada desde su detención, ocurrida en 2025.
Este caso representa un resumen de los elementos más graves de la crisis de derechos humanos que atraviesa el país: detención arbitraria ejecutada por agentes estatales, ocultamiento prolongado del paradero de la víctima (desaparición forzada), denegación sistemática y reiterada del paradero de la víctima a sus familiares, un proceso judicial opaco e irregular, muerte bajo custodia, inhumación sin notificación a familiares y un reconocimiento de la muerte tardío.
El caso ha sido ampliamente documentado y denunciado por varias organizaciones de sociedad civil nacional, así como medios de comunicación, que documentaron además la peregrinación de su madre, por los diferentes centros de reclusión en busca de su hijo desaparecido. El caso alcanzó notoriedad no solamente por la admisión de la muerte de Víctor, sino por el fallecimiento de la madre, Carmen Navas, el pasado 17 de mayo, solo 10 días después de que el gobierno venezolano reconociera la muerte de su hijo.
El 7 de mayo, fecha de publicación del comunicado, el Ministerio Público ordenó investigación del todo el caso, y ordenó la exhumación del cuerpo, que fue realizada el 8 de mayo, donde su madre pudo reconocerlo y posteriormente pudo darle sepultura.
El 11 de mayo, el Grupo de Trabajo de la ONU pidió investigación pronta, efectiva e independiente sobre el caso, y decenas de organizaciones exigieron la aplicación de protocolos y estándares internacionales para el proceso.
Finalmente, el pasado 2 de junio, el Ministerio Público compartió un comunicado en donde descartó la muerte por torturas. No obstante, el comunicado no responde las interrogantes que existen en torno al caso y tampoco informa sobre si la investigación sigue abierta.
Diálogo entre sociedad civil y Ministerio Público en medio de preocupaciones sobre el sistema de justicia
El pasado 28 de abril, miembros de 4 organizaciones de sociedad civil y derechos humanos sostuvieron un encuentro con el recién designado Fiscal General de la República, Larry Devoe en la en la que se abordaron la situación del sistema de justicia y su impacto en el ejercicio de los derechos humanos.
El Ministerio Público presentó el encuentro como un espacio de diálogo institucional orientado a fortalecer la cooperación con la sociedad civil y promover la participación en la consulta nacional sobre el sistema de justicia penal.
No obstante, las organizaciones de derechos humanos presentes expresaron que persiste profundas deficiencias estructurales en el sistema que han permitido la afectación grave en el acceso a la justicia y el respeto de los derechos humanos en el país, con impacto notable en personal vulnerables.
Durante la reunión, las organizaciones presentes dejaron claro que Venezuela que el sistema de justicia atraviesa una crisis estructural, caracterizada por la imposibilidad de ejercicio de derechos fundamentales y el uso del sistema penal con fines represivos.
Las principales preocupaciones planteadas en la reunión se resumen en:
- Violaciones sistemáticas al debido proceso,
- Uso arbitrario de la privación de libertad
- Uso del sistema penal con fines políticos.
Una de las organizaciones presentes, destacó igualmente la preocupación por el impacto del contexto descrito en adolescentes en conflicto con la ley penal, donde persiste la ausencia de un enfoque de protección integral en casos que involucran a adolescentes.
Las organizaciones participantes del encuentro presentaron una serie de exigencias que se resumen en:
- Garantizar el derecho a la defensa efectiva desde el inicio del proceso,
- Permitir la designación de abogados de confianza sin restricciones,
- Asegurar la tramitación efectiva de recursos judiciales,
- Cese de investigaciones y procesos penales abiertos por motivos políticos,
- Promover la liberación de personas detenidas de forma arbitraria,
- Publicación de informes de trabajo y gestión del Ministerio Público,
Restricciones en la aplicación de la Ley de Amnistía generan preocupación en la sociedad civil
El pasado 23 de abril de este año, la Presidenta Encargada Delcy Rodríguez, declaró en un a alocución que la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática que la Ley “… ha salido muy bien…” y posteriormente declaró que su aplicación “… llegó a su fin…” indicando que casos no abarcados por la normativa, tendrían que ser canalizados por el programa nacional de convivencia y paz.
El anuncio hecho por la Presidenta Encargada, generó diversas reacciones de organizaciones de derechos humanos y defensores, calificando el anuncio como una medida política, arbitraria e inconstitucional, que no coadyuva en el proceso de convivencia y paz que ha sido anunciado por el poder ejecutivo desde inicios de este año.
Por su parte, varios defensores han señalado que la vigencia de la Ley no depende de una declaración de la Presidenta Encargada sino que, al tratarse de una Ley aprobada por la Asamblea Nacional, como cuerpo legislativo, solo un acto de la misma naturaleza (una Ley) podría derogarla o un referendo abrogatorio, todo ello de conformidad con el artículo 218 de la Constitución venezolana.
En este mismo orden de ideas, la Ley de Amnistía no estaba limitada en el tiempo en cuanto a su aplicación, si una persona cae en los supuestos de la Ley, debe recibir el beneficio. Sin embargo, defensores han señalado que el alcance limitado en la aplicación de la Ley se debe, principalmente, a dos factores, el primero, al rechazo de las recomendaciones hechas por las organizaciones de sociedad civil, y en segundo lugar, que el poder judicial, encargado de la ejecución de la Ley ha representado trabas en su aplicación.
No obstante, el 24 de abril, el diputado Jorge Arreaza, Presidente de la Comisión del parlamento que hace seguimiento a la aplicación de la Ley comunicó en redes sociales que la Ley sigue vigente, y que seguirán recibiéndose solicitudes para su aplicación a las personas amparadas por los hechos contenidos en el texto.
Sociedad civil y Estado: posibles avances tras la incorporación de Feliciano Reyna
A finales del mes de marzo se dio a conocer la noticia que el activista Feliciano Reyna cooperará con el Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, anunciada por la Presidenta Interina Delcy Rodríguez. Feliciano Reyna es un destacado activista por los derechos humanos en el país, con una larga trayectoria de trabajo en la sociedad civil venezolana.
El propio activista ha explicado en redes sociales los objetivos que trae para apoyar el proceso y trabajo del Programa, los cuales resumió en 3: 1) atención social y humanitaria para las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, 2) espacios de deliberación y participación pública, para promover la participación en asuntos públicos, incluyendo la revisión de leyes para facilitar el ejercicio de derechos y libertades fundamentales y 3) situación de personas privadas de libertad, con el fin de continuar el proceso de excarcelaciones y libertades plenas de las personas detenidas por motivos políticos.
La participación de Feliciano Reyna en esta instancia, podría significar un espacio de oportunidad para la sociedad civil en el espacio, permitiendo abrir puertas de incidencia en materia de derechos humanos, lo que permitiría atender situaciones urgentes, como la situación de las personas detenidas por motivos políticos, la crisis social y humanitaria, así como también la revisión de marco regulatorio que ha servido como fundamento para la restricción de derechos y el espacio cívico. Si inclusión además permitiría equilibrar la composición de la Comisión, cuyo trabajo tiene enormes desafíos por vencer.
Desde el 8 de enero de este año, las autoridades gubernamentales iniciario un proceso de excarcelaciones de personas privadas de libertad por motivos políticos. La Ley de Amnistía se enmarca en dicho proceso y en el Programa Naciona por la Convivencia y la Paz que ha sido aunciado igualmente a inicio de este año. En este sentido, representa un paso positivo, pero su aplicación se limita a unos hechos puntuales y deja por fuera a un número importante de personas privadas de libertad por motivos políticos.
Las excarcelaciones iniciario algunos días después de la extracción militar del Presidente Maduro y su esposa Cilia Flores, y actualmente está enmarcado en un aparente proceso de acercamiento, pacificación y convivencia que está siendo impulsado desde la Presidencia Encargada
Persisten las detenciones a líderes sindicales en Venezuela
El 29 de noviembre se conoció la noticia sobre la detención de Elías Torres, secretario general encargado de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV). Según reportes dado por varias organizaciones, efectivos de cuerpos de seguridad allanaron su apartamento y ejecutaron la detención.
Varias organizaciones sindicales regionales y mundiales se han pronunciado sobre la detención del Secretario General de la CTV, condenando el hecho que constituye una vulneración del derecho al ejercicio de la libertad sindical en el país. Miembros de la CTV han denunciado en medios de comunicación que desconocen el sitio de reclusión, y han señalado que varios familiares han recorrido distintos centros de reclusión, sin que hasta el momento se conozca su paradero.
Asimismo, la CTV ha solicitado la intervención urgente del Comité de Libertad Sindical de la OIT para denunciar los hechos, y según una comunicación publicada en redes sociales, se han activado los mecanismos de incidencia de la OIT ante el gobierno venezolano por la detención de José Torres y de otro líder sindical del sector construcción ocurrida también a finales de noviembre.
Además de la situación de los casos señalados, movimientos de defensa de la libertad sindical han señalado que hasta 15 líderes sindicales se encuentran privados de libertad en el país. De la misma forma, también defensores de derechos humanos denunciaron que los Tribunales Penales de Caracas se negaron a recibir un Habeas Corpus en favor de Elías Torres.
Los hechos narrados crean un ambiente hostil para la acción colectiva y de reinvindicación de derechos laborales y debilita las capcacidades de trabajo de las organizaciones sindicales como pilares fundamentales de defensa de los derechos de la clase obrera y otros gremios.
Aunado a lo expuesto, el hecho de que no exista información sobre el paradero de las personas detenidas, agrava aún más la situación y genera aún más temor entre las agrupaciones gremiales. La detención de estos y otros lideres, busca limitar e intimidar el trabajo por la defensa de los derechos de personas trabajadores, límitan la incidencia y proyección internacional del trabajo de estas organizaciones y terminan dejando desamparados a los agremiados.