La reciente ley que regula el registro y desempeño de las Organizaciones Sin Fines de Lucro de la Sociedad Civil (OSC) se encuentra vigente, y más de 30 organizaciones han interpuesto una Acción de Inconstitucionalidad contra la misma. Su impacto en la libertad de asociación ya se evidencia en los excesivos requisitos burocráticos que obstaculizan los nuevos procesos jurídico-administrativos para distintas OSC, en particular para las organizaciones pequeñas o de origen comunitario.
La asignación de recursos públicos a las OSC sin convocatorias abiertas continúa, salvo determinadas excepciones como en el ámbito de iniciativas culturales. La cooperación externa prosigue enfrentando retos relacionados con la previsibilidad temporal, así como con la exploración de nuevas modalidades de generación de recursos para proyectos o programas misionales a nivel local. Importantes mecanismos oficiales que integraban a la sociedad civil para el monitoreo, el debate y los aportes a las políticas públicas se muestran desactivados, mientras algunos órganos públicos presentan oportunidades de cooperación.
La debilidad institucional del poder judicial genera impunidad y erosiona el espacio cívico. La narrativa pública sobre las OSC se ha vuelto altamente estigmatizante, promoviendo el miedo y la autocensura, particularmente entre las organizaciones defensoras de derechos. Continúan las campañas digitales contra periodistas y personas críticas del gobierno, así como la vigilancia digital y el acoso a OSC, activistas y personas defensoras de derechos humanos, una situación grave que ha sido documentada en informes elaborados por mujeres de prensa. Los activistas y defensores de derechos humanos también continúan siendo criminalizados en un contexto de falta de mecanismos de protección. El Proyecto de Ley de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos ha estado pendiente en el Congreso desde 2023.
