El 3 de junio de 2026, la presidenta Laura Fernández Delgado defendió el nombramiento de Boris Marchegiani Carrero como nuevo representante permanente de Costa Rica ante las Naciones Unidas. En ese contexto, afirmó que buscaba dar un giro a la representación del país ante la ONU y expresó: “Ya no quiero más Agenda 2030 colándose por la puerta de la cocina en Costa Rica”.
Según la nota periodística, la mandataria señaló que no desea ver más a Costa Rica en foros relacionados con derechos, diversidades y otros temas que, a su criterio, ya se encuentran resueltos en el país. En su lugar, indicó que pretende orientar la presencia de Costa Rica en Naciones Unidas hacia seguridad, combate al narcotráfico, energía, competitividad, generación de negocios y promoción del turismo.
Este giro podría afectar especialmente a organizaciones de sociedad civil, colectivos y movimientos que trabajan en la defensa de derechos de personas LGBTIQ+, mujeres, juventudes, pueblos indígenas, personas migrantes, personas con discapacidad y otros grupos históricamente excluidos. Estas agendas suelen apoyarse en marcos internacionales, como la Agenda 2030, para exigir políticas públicas inclusivas, rendición de cuentas, participación y cumplimiento de compromisos estatales en materia de igualdad y no discriminación.
Intervención policial contra manifestación propalestina durante el Traspaso de Poderes 2026
El 8 de mayo de 2026, durante la ceremonia oficial de Traspaso de Poderes realizada en el Estadio Nacional de Costa Rica, oficiales de la Fuerza Pública intervinieron una manifestación pacífica vinculada a consignas contra el genocidio en Gaza y en apoyo al pueblo palestino. Fotografías difundidas por la agencia AFP y medios nacionales mostraron a policías retirando una manta con la palabra “genocidio” colocada en las afueras del recinto, así como a una manifestante inmovilizada en el suelo por oficiales policiales. Además, dentro del estadio, otros agentes rodearon a una persona que desplegó una bandera palestina en las graderías.
Los hechos ocurrieron en el marco de un fuerte operativo de seguridad desplegado por el Ministerio de Seguridad Pública, el cual había advertido previamente que no permitiría protestas durante el evento oficial. Días antes, autoridades policiales anunciaron el uso de oficiales vestidos de civil para monitorear posibles manifestaciones en las inmediaciones del Estadio Nacional. Se confirmó la detención de dos estudiantes universitarias. Las imágenes y vídeos difundidos generaron cuestionamientos sobre el respeto a la libertad de reunión pacífica y la proporcionalidad de la actuación policial frente a expresiones de protesta política y solidaridad internacional.
Sala Constitucional da ultimátum al Gobierno para reglamentar la Ley de Acceso a la Información Pública
La Sala Constitucional de Costa Rica ordenó al Poder Ejecutivo emitir, en un plazo máximo de dos meses, el reglamento pendiente de la Ley Marco de Acceso a la Información Pública, aprobada previamente por la Asamblea Legislativa. La resolución surge tras un recurso de amparo presentado debido al incumplimiento del Ejecutivo en desarrollar la normativa necesaria para implementar la ley de manera efectiva. La Sala Constitucional concluyó que la omisión reglamentaria afecta directamente el derecho fundamental de acceso a la información pública y limita la aplicación práctica de la legislación aprobada.
La Ley Marco de Acceso a la Información Pública busca establecer procedimientos claros y uniformes para garantizar que la ciudadanía pueda solicitar y recibir información estatal de manera oportuna, transparente y accesible. La ausencia del reglamento había generado incertidumbre sobre aspectos clave como los procedimientos institucionales, plazos, mecanismos de apelación y responsabilidades administrativas. La resolución de la Sala representa un llamado directo al Ejecutivo para garantizar condiciones efectivas de transparencia estatal y cumplimiento del derecho de acceso a la información.
Aumento sostenido en el retroceso de Costa Rica en el Índice de Libertad de Prensa
Costa Rica experimentó un nuevo retroceso en el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2025 elaborado por Reporteros Sin Fronteras. El país descendió en su posición global, reflejando un deterioro sostenido, desde el 2022 hasta la fecha, en las condiciones para el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión. En 2022, el país ocupaba el octavo lugar a nivel mundial. Sin embargo, posteriormente ha mostrado un retroceso sostenido en el ranking: pasó al puesto 23 en 2023, puesto 26 en 2024, alcanzó el 36 en el 2025 y actualmente se ubica en la posición 38.
Según la información presentada, este descenso responde a múltiples factores, entre ellos el aumento de discursos hostiles hacia la prensa por parte de actores políticos, limitaciones en el acceso a la información pública y un clima general de desconfianza hacia los medios de comunicación. Además, se señala que estos elementos impactan directamente la labor periodística, generando presiones indirectas y debilitando el entorno en el que operan los medios.
El informe destaca que, aunque Costa Rica históricamente ha sido considerada un referente regional en materia de libertades cívicas, la tendencia reciente evidencia señales de alerta que podrían afectar la calidad democrática del país. Este retroceso se interpreta como un indicador relevante del estado actual de la libertad de expresión y del ambiente cívico en general.
Eliminación de sanciones penales a periodistas por calumnias o injurias
El 27 de marzo de 2026 entró en vigencia la Ley para la Libertad del Ejercicio Periodístico despúes de la firma del presidente y la publicación en el diario oficial La Gaceta. Esta norma deroga los artículos 7 y 8 de la centenaria Ley de Imprenta de 1902, eliminando las penas de cárcel para periodistas por delitos contra el honor (calumnias e injurias), fortaleciendo la libertad de prensa y reduciendo la autocensura. La reforma ha sido valorada por actores especializados como un avance histórico para la libertad de expresión y de prensa.