On 26 June 2026, activist and journalist Juan Bautista Alfaro Rojas, known as Juambacaminando, was acquitted in the defamation trial brought by a developer of the Bahía Papagayo tourism project in Playa Panamá, Guanacaste. The case stemmed from posts made by Alfaro on social media, in which he questioned potential environmental impacts linked to the project. The company alleged that these statements damaged its reputation and public trust. The case also included a civil claim for $342,000 and interim measures that led to the freezing of the activist’s bank accounts.
The ruling is a positive sign for an enabling environment for civil society, as it reaffirms the protection of freedom of expression in matters of public interest, particularly regarding environmental issues, land use and the defence of the right to a healthy environment. Furthermore, prior to the judgement, various environmental, community, student and social organisations publicly expressed their support for the activist, highlighting the importance of protecting public participation and the work of environmental defenders. This acquittal helps to reduce the chilling effect that legal proceedings can have on individuals or organisations reporting potential environmental damage.
However, he still faces a civil lawsuit for defamation in which the company is claiming $342,000 for damages as well as a precautionary seizure of all his assets and bank accounts. Another activist, Javier Adelfang, reached a settlement with the developer and posted a video apologising.
While the acquittal is a positive development for civic space, continued monitoring is needed to determine whether it translates into stronger and more consistent protection against strategic lawsuits targeting public participation, particularly given the pending civil proceedings against the activist.
El 26 de junio de 2026, el activista y periodista Juan Bautista Alfaro Rojas, conocido como Juambacaminando, fue absuelto en el juicio por difamación interpuesto por un promotor del proyecto turístico Bahía Papagayo, en Playa Panamá (Guanacaste). El caso se derivó de unas publicaciones realizadas por Alfaro en las redes sociales, en las que cuestionaba los posibles impactos medioambientales relacionados con el proyecto. La empresa alegó que estas declaraciones dañaban su reputación y la confianza pública. El caso también incluía una demanda civil por 342 000 dólares y medidas cautelares que dieron lugar a la congelación de las cuentas bancarias del activista.
La sentencia supone una señal positiva para un entorno propicio para la sociedad civil, ya que reafirma la protección de la libertad de expresión en asuntos de interés público, especialmente en lo que respecta a cuestiones medioambientales, el uso del suelo y la defensa del derecho a un medio ambiente saludable. Además, antes de la sentencia, diversas organizaciones medioambientales, comunitarias, estudiantiles y sociales manifestaron públicamente su apoyo al activista, destacando la importancia de proteger la participación ciudadana y la labor de los defensores del medio ambiente. Esta absolución contribuye a reducir el efecto disuasorio que los procedimientos judiciales pueden tener sobre las personas u organizaciones que denuncian posibles daños medioambientales.
Sin embargo, sigue enfrentándose a una demanda civil por difamación en la que la empresa reclama 342 000 dólares en concepto de daños y perjuicios, así como un embargo preventivo de todos sus activos y cuentas bancarias. Otro activista, Javier Adelfang, llegó a un acuerdo con la promotora y publicó un vídeo en el que pedía disculpas.
Si bien la absolución supone un avance positivo para el espacio cívico, es necesario un seguimiento continuo para determinar si se traduce en una protección más sólida y coherente frente a las demandas estratégicas dirigidas contra la participación ciudadana, sobre todo teniendo en cuenta el proceso civil pendiente contra el activista.