La nueva subasta de licencias de radio y televisión, aunque actualmente suspendida por la Sala Constitucional, amenaza con perjudicar la diversidad de los medios de comunicación. El 24 de junio de 2024, el Gobierno instruyó a la SUTEL a iniciar un proceso de subasta para actualizar los precios de concesión y modernizar la gestión del espectro radioeléctrico debido a que las concesiones de radio y televisión actuales se mantienen con precios muy bajos, fijados hace décadas. El proceso lanzó oficialmente el 5 de noviembre de 2025, y MICITT lo destacó como un paso para fortalecer la transparencia y la democratización del espectro.
Sin embargo, el diseño del concurso generó una fuerte controversia. La SUTEL definió los precios base mediante benchmarking con subastas en otros países, incluyendo Estados Unidos, lo que produjo montos de entrada inusualmente altos para el mercado costarricense. Diversos especialistas señalaron que no se realizaron estudios suficientes sobre la capacidad económica de los operadores locales.
Cuando cerró el plazo para presentar ofertas, el 21 de noviembre de 2025, solo habían propuestas para 4 canales de televisión y 21 frecuencias de radio, dejando desiertas la mayoría de las frecuencias regionales, culturales y comunitarias. Esto implicaba la posible desaparición de numerosos medios locales incapaces de asumir los altos costos.
Organizaciones como IPLEX (25 de noviembre de 2025) denunciaron que el proceso constituía “un golpe a la libertad de expresión”, pues los altos precios y requisitos técnicos favorecían exclusivamente a los grandes conglomerados, generando riesgos de concentración mediática y reduciendo la pluralidad informativa. La Cámara Nacional de Radio (CANARA) y la Universidad de Costa Rica también solicitaron suspender el proceso, advirtiendo el impacto sobre medios religiosos, culturales, PYMES y comunitarios.
El 26 de noviembre de 2025, la Sala Constitucional ordenó la suspensión cautelar de la subasta al considerar que existía un riesgo de “daños severos” para el ecosistema de radiodifusión, dada la baja participación y el impacto potencial sobre el acceso a información y la libertad de expresión.