Costa Rica

Civil society actors in Costa Rica operate in an increasingly complex environment, marked by institutional tensions, shifting public perceptions, and a decisive electoral moment ahead of the February 2026 elections, when the Presidency, Vice-Presidencies and Legislative Assembly will be chosen. The electoral cycle has amplified political polarisation, compounded by public insecurity, pressures on the media and socioeconomic challenges. For CSOs, this has resulted in scarce dialogue with government authorities and limited influence.

This context is aggravated by the sustained decline in public approval of President Rodrigo Chaves’ government. At the same time, insecurity and crime have become the country’s main public concern, deepening distrust and social tension.

On the economic front, Costa Rica’s reclassification as a high-income country has reduced international development funding, threatening the financial sustainability of grassroots organisations working on human rights, the environment, gender equality and rural territories. Despite this status, deep inequalities persist, particularly affecting Indigenous communities, Afro-descendant populations and rural women. The 2024 Bertelsmann Stiftung (BTI) report shows a decline in indicators related to equality and inclusion, including socioeconomic barriers and gender inequality, underscoring that significant structural obstacles remain for equitable participation and access to opportunities.

Despite these challenges, Costa Rican civil society remains resilient. Organisations continue to defend fundamental freedoms, promote transparency, influence public policy and protect civic participation. In this critical electoral cycle, strengthening organisational capacity, sustainable financing and public legitimacy will be essential to safeguard democratic participation.

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Snapshots

Country snapshots capture the current state of the enabling environment for civil society and provide a quick overview of significant events and trends that have occurred over the past 4 months. Click on a component in the timeline to see the corresponding Enabling Environment Snapshot.

Alerts

The Early Warning Mechanism documents changes and critical trends in the enabling environment for civil society. The mechanism works by information-gathering work focusing on events that impact the enabling environment. The EU SEE consortium assess these events to trigger alerts indicating a downward or upward trend in the enabling environment.

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El 3 de junio de 2026, la presidenta Laura Fernández Delgado defendió el nombramiento de Boris Marchegiani Carrero como nuevo representante permanente de Costa Rica ante las Naciones Unidas. En ese contexto, afirmó que buscaba dar un giro a la representación del país ante la ONU y expresó: “Ya no quiero más Agenda 2030 colándose por la puerta de la cocina en Costa Rica”.

Según la nota periodística, la mandataria señaló que no desea ver más a Costa Rica en foros relacionados con derechos, diversidades y otros temas que, a su criterio, ya se encuentran resueltos en el país. En su lugar, indicó que pretende orientar la presencia de Costa Rica en Naciones Unidas hacia seguridad, combate al narcotráfico, energía, competitividad, generación de negocios y promoción del turismo.

Este giro podría afectar especialmente a organizaciones de sociedad civil, colectivos y movimientos que trabajan en la defensa de derechos de personas LGBTIQ+, mujeres, juventudes, pueblos indígenas, personas migrantes, personas con discapacidad y otros grupos históricamente excluidos. Estas agendas suelen apoyarse en marcos internacionales, como la Agenda 2030, para exigir políticas públicas inclusivas, rendición de cuentas, participación y cumplimiento de compromisos estatales en materia de igualdad y no discriminación.

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Intervención policial contra manifestación propalestina durante el Traspaso de Poderes 2026

El 8 de mayo de 2026, durante la ceremonia oficial de Traspaso de Poderes realizada en el Estadio Nacional de Costa Rica, oficiales de la Fuerza Pública intervinieron una manifestación pacífica vinculada a consignas contra el genocidio en Gaza y en apoyo al pueblo palestino. Fotografías difundidas por la agencia AFP y medios nacionales mostraron a policías retirando una manta con la palabra “genocidio” colocada en las afueras del recinto, así como a una manifestante inmovilizada en el suelo por oficiales policiales. Además, dentro del estadio, otros agentes rodearon a una persona que desplegó una bandera palestina en las graderías.

Los hechos ocurrieron en el marco de un fuerte operativo de seguridad desplegado por el Ministerio de Seguridad Pública, el cual había advertido previamente que no permitiría protestas durante el evento oficial. Días antes, autoridades policiales anunciaron el uso de oficiales vestidos de civil para monitorear posibles manifestaciones en las inmediaciones del Estadio Nacional. Se confirmó la detención de dos estudiantes universitarias. Las imágenes y vídeos difundidos generaron cuestionamientos sobre el respeto a la libertad de reunión pacífica y la proporcionalidad de la actuación policial frente a expresiones de protesta política y solidaridad internacional.

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Sala Constitucional da ultimátum al Gobierno para reglamentar la Ley de Acceso a la Información Pública

La Sala Constitucional de Costa Rica ordenó al Poder Ejecutivo emitir, en un plazo máximo de dos meses, el reglamento pendiente de la Ley Marco de Acceso a la Información Pública, aprobada previamente por la Asamblea Legislativa. La resolución surge tras un recurso de amparo presentado debido al incumplimiento del Ejecutivo en desarrollar la normativa necesaria para implementar la ley de manera efectiva. La Sala Constitucional concluyó que la omisión reglamentaria afecta directamente el derecho fundamental de acceso a la información pública y limita la aplicación práctica de la legislación aprobada.

La Ley Marco de Acceso a la Información Pública busca establecer procedimientos claros y uniformes para garantizar que la ciudadanía pueda solicitar y recibir información estatal de manera oportuna, transparente y accesible. La ausencia del reglamento había generado incertidumbre sobre aspectos clave como los procedimientos institucionales, plazos, mecanismos de apelación y responsabilidades administrativas. La resolución de la Sala representa un llamado directo al Ejecutivo para garantizar condiciones efectivas de transparencia estatal y cumplimiento del derecho de acceso a la información.

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