Colombia

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Colombia is a constitutional democracy with a broad legal framework for citizen participation, rooted in the 1991 Constitution, its legal developments, and reinforced by the 2016 Peace Agreement with the former FARC guerrilla. This framework includes access to information, citizen participation spaces, and channels for public policy influence and legislative engagement at national and territorial levels.

However, the enabling environment for civil society remains fragile and unequal. Threats persist against citizens and social organisations, particularly in regions affected by illegal armed groups. The criminalisation of protest and excessive use of force, especially during the 2021 social uprising, highlight these risks. This occurs in a broader context marked by racial and patriarchal biases, high concentration of power at the national level, and institutions that remain distant from communities.

These conditions are compounded by digital surveillance, selective prosecution, stigmatization of social mobilisation, and the ongoing impacts of armed conflict, which disproportionately affect rural and ethnic territories. Constant threats against human rights defenders create fear and self-censorship, especially during electoral periods. Although civil society has proposed measures to improve the enabling environment, including guaranteeing the right to protest and expanding participation in territorial planning, these have received limited institutional response. Existing participation spaces are often centralised, highly technocratic, and difficult to access due to language barriers and digital divides.

Despite these challenges, Colombian civil society remains active and resilient, leading education, monitoring and public advocacy efforts to expand civic space within a difficult political and security landscape.

Versión en español

Colombia es una democracia constitucional con un marco normativo amplio para la participación ciudadana, fundamentado en la Constitución de 1991 y reforzado por el Acuerdo de Paz con las antiguas FARC en 2016. Este marco contempla acceso a la información, espacios de participación y canales de incidencia en políticas públicas y legislación nacional y territorial.

No obstante, el entorno habilitante para la sociedad civil sigue siendo frágil y desigual. Persisten amenazas contra la ciudadanía y organizaciones sociales, especialmente en regiones afectadas por grupos armados ilegales. La criminalización de la protesta y el uso excesivo de la fuerza, evidentes durante el estallido social de 2021, reflejan estos riesgos. Esto ocurre en un contexto marcado por sesgos raciales y patriarcales, concentración del poder e instituciones distantes.

A ello se suman la vigilancia digital, la judicialización selectiva, la estigmatización de la movilización y los efectos del conflicto armado, que afecta especialmente a territorios rurales y étnicos. La amenaza constante contra personas defensoras de derechos humanos genera miedo e inhibición, sobre todo en contextos electorales. Aunque la sociedad civil ha impulsado propuestas para mejorar el entorno habilitante, como garantizar el derecho a la protesta y ampliar la participación territorial, estas han recibido escasa respuesta institucional. Los espacios existentes suelen ser centralizados, tecnificados y poco accesibles por barreras de lenguaje y brechas digitales.

A pesar de estos retos, la sociedad civil colombiana sigue activa y resiliente, articulando formación, monitoreo e incidencia pública para ampliar el espacio cívico en un entorno político y de seguridad complejo.

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Foro Nacional por Colombia

Snapshots

Country snapshots capture the current state of the enabling environment for civil society and provide a quick overview of significant events and trends that have occurred over the past 4 months. Click on a component in the timeline to see the corresponding Enabling Environment Snapshot.

Alerts

The Early Warning Mechanism documents changes and critical trends in the enabling environment for civil society. The mechanism works by information-gathering work focusing on events that impact the enabling environment. The EU SEE consortium assess these events to trigger alerts indicating a downward or upward trend in the enabling environment.

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El asesinato del periodista Cristian Herrera pone de manifiesto el deterioro de las garantías para el ejercicio de la libertad de prensa

6 de junio de 2026, el periodista Cristian Herrera Nariño fue asesinado en Cúcuta, Norte de Santander; era conocido por sus reportajes de investigación sobre corrupción, orden público y delincuencia organizada en la región. Herrera era miembro de la Junta Directiva de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), corresponsal de la organización en Norte de Santander, y había denunciado haber recibido amenazas como consecuencia de su labor periodística. Diversas organizaciones sociales, instituciones públicas como la Defensoría del Pueblo y organizaciones que defienden la libertad de expresión condenaron el crimen y pidieron a la Fiscalía General que llevara a cabo una investigación rápida, exhaustiva e independiente para identificar tanto a los autores como a los mandantes del asesinato.

El asesinato tuvo lugar apenas un mes después del asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda en Antioquia, lo que pone de relieve, una vez más, los graves riesgos a los que se enfrentan los periodistas regionales que trabajan en zonas afectadas por la violencia y la presencia de grupos armados ilegales.

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Los programas electorales para las elecciones presidenciales de 2026 ponen de relieve las deficiencias estructurales del entorno propicio

La Fundación Foro Nacional por Colombia ha publicado un análisis comparativo de los programas de gobierno de los seis candidatos presidenciales para las elecciones de 2026. El análisis evaluó las propuestas basándose en criterios relacionados con los derechos humanos, la paz y la convivencia, la cultura política, la ordenación del territorio y la participación ciudadana. La iniciativa contribuye positivamente a la calidad democrática del proceso electoral al promover el voto informado y proporcionar herramientas para evaluar los programas de los candidatos. El estudio evaluó los programas presidenciales utilizando un marco compuesto por cinco categorías y veintisiete indicadores relacionados con la democracia participativa, los derechos humanos, la paz territorial y el fortalecimiento institucional.

Entre las conclusiones más significativas, el informe señala que la participación ciudadana es uno de los aspectos más débiles en la mayoría de los programas evaluados, lo que constituye una importante señal de alerta para el entorno propicio. Asimismo, constata grandes disparidades entre los candidatos en lo que respecta a la aplicación del Acuerdo de Paz, la protección de los líderes sociales, el reconocimiento de las organizaciones de la sociedad civil y los mecanismos de participación activa. Estos resultados reflejan la persistencia de debates estructurales sobre el papel de la sociedad civil organizada, la gestión de los conflictos territoriales y las garantías democráticas en el país.

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Continúa el recrudecimiento de la violencia en el contexto de las elecciones presidenciales en Colombia

A menos de dos semanas de las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026, ha aumentado la preocupación por el deterioro de las condiciones de seguridad y las garantías democráticas en el país. La Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió de que 386 municipios presentan algún nivel de riesgo electoral asociado a la violencia, la presencia de grupos armados, la desinformación y posibles amenazas a la integridad del proceso, mientras que 81 municipios se encuentran en situación de riesgo extremo. Al mismo tiempo, diversas organizaciones y autoridades han dado la voz de alarma ante los intentos de grupos armados ilegales de ejercer presión e interferir en zonas estratégicas en vísperas de la jornada electoral.

En este contexto, en las últimas semanas se han denunciado graves actos de violencia política, lo que ha suscitado una profunda preocupación por la seguridad de los candidatos, los equipos de campaña y los líderes políticos. Entre ellos destaca el asesinato, el 15 de mayo de 2026, de Rogers Mauricio Devia Escobar, exalcalde de Cubarral (Meta) y coordinador local de una campaña presidencial, junto con su asesor Eder Fabián Cardona López, que tuvo lugar tras una jornada de campaña. Estos asesinatos se produjeron en medio de una serie de ataques y amenazas contra figuras políticas en el departamento del Meta, incluidos ataques contra otros miembros de campañas electorales, como un intento de secuestro de un miembro de la campaña del Pacto Histórico (partido gobernante), lo que ha creado un escenario de riesgo creciente para el ejercicio de la actividad política.

La acumulación de incidentes de violencia letal, amenazas contra líderes políticos, advertencias de coacción armada y los riesgos de desinformación apuntan a un entorno cada vez más complejo para la celebración de elecciones libres y justas. También cabe destacar en el departamento de Meta el informe sobre presiones de grupos armados a través de mecanismos como el registro ilegal de agricultores con el objetivo de influir en los resultados electorales. Aunque el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha anunciado un alto el fuego unilateral del 30 de mayo al 2 de junio, persisten las preocupaciones.

La situación plantea retos para la participación ciudadana, la competencia política leal y la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas, especialmente en los municipios donde persisten el conflicto armado y el control territorial por parte de grupos ilegales.

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