Colombia

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Colombia is a constitutional democracy with a broad legal framework for citizen participation, rooted in the 1991 Constitution, its legal developments, and reinforced by the 2016 Peace Agreement with the former FARC guerrilla. This framework includes access to information, citizen participation spaces, and channels for public policy influence and legislative engagement at national and territorial levels.

However, the enabling environment for civil society remains fragile and unequal. Threats persist against citizens and social organisations, particularly in regions affected by illegal armed groups. The criminalisation of protest and excessive use of force, especially during the 2021 social uprising, highlight these risks. This occurs in a broader context marked by racial and patriarchal biases, high concentration of power at the national level, and institutions that remain distant from communities.

These conditions are compounded by digital surveillance, selective prosecution, stigmatization of social mobilisation, and the ongoing impacts of armed conflict, which disproportionately affect rural and ethnic territories. Constant threats against human rights defenders create fear and self-censorship, especially during electoral periods. Although civil society has proposed measures to improve the enabling environment, including guaranteeing the right to protest and expanding participation in territorial planning, these have received limited institutional response. Existing participation spaces are often centralised, highly technocratic, and difficult to access due to language barriers and digital divides.

Despite these challenges, Colombian civil society remains active and resilient, leading education, monitoring and public advocacy efforts to expand civic space within a difficult political and security landscape.

Versión en español

Colombia es una democracia constitucional con un marco normativo amplio para la participación ciudadana, fundamentado en la Constitución de 1991 y reforzado por el Acuerdo de Paz con las antiguas FARC en 2016. Este marco contempla acceso a la información, espacios de participación y canales de incidencia en políticas públicas y legislación nacional y territorial.

No obstante, el entorno habilitante para la sociedad civil sigue siendo frágil y desigual. Persisten amenazas contra la ciudadanía y organizaciones sociales, especialmente en regiones afectadas por grupos armados ilegales. La criminalización de la protesta y el uso excesivo de la fuerza, evidentes durante el estallido social de 2021, reflejan estos riesgos. Esto ocurre en un contexto marcado por sesgos raciales y patriarcales, concentración del poder e instituciones distantes.

A ello se suman la vigilancia digital, la judicialización selectiva, la estigmatización de la movilización y los efectos del conflicto armado, que afecta especialmente a territorios rurales y étnicos. La amenaza constante contra personas defensoras de derechos humanos genera miedo e inhibición, sobre todo en contextos electorales. Aunque la sociedad civil ha impulsado propuestas para mejorar el entorno habilitante, como garantizar el derecho a la protesta y ampliar la participación territorial, estas han recibido escasa respuesta institucional. Los espacios existentes suelen ser centralizados, tecnificados y poco accesibles por barreras de lenguaje y brechas digitales.

A pesar de estos retos, la sociedad civil colombiana sigue activa y resiliente, articulando formación, monitoreo e incidencia pública para ampliar el espacio cívico en un entorno político y de seguridad complejo.

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Foro Nacional por Colombia

Snapshots

Country snapshots capture the current state of the enabling environment for civil society and provide a quick overview of significant events and trends that have occurred over the past 4 months. Click on a component in the timeline to see the corresponding Enabling Environment Snapshot.

Alerts

The Early Warning Mechanism documents changes and critical trends in the enabling environment for civil society. The mechanism works by information-gathering work focusing on events that impact the enabling environment. The EU SEE consortium assess these events to trigger alerts indicating a downward or upward trend in the enabling environment.

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El Tribunal Constitucional ha defendido el derecho a la libertad de expresión de un grupo de periodistas

El 16 de abril de 2026, el Tribunal Constitucional, en su sentencia T-084-26, reconoció los derechos de un grupo de periodistas y de una fundación dedicada a la defensa de la libertad de prensa, que habían sido objeto de perfiles por parte de los servicios de inteligencia del Ejército Nacional. La sentencia ordena el cese inmediato de estas actividades, la depuración de las bases de datos de inteligencia y el establecimiento de protocolos para garantizar que la vigilancia estatal no dé lugar a persecución política ni obstaculice el ejercicio del derecho a la libertad de información. TLa sentencia sienta un precedente jurídico positivo para proteger el acceso a la información de los actores clave del entorno propicio, como los periodistas.

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Incursiones armadas y proselitismo ilegal en centros educativos de Nariño y Cauca

El 24 de abril de 2026, la Defensoría del Pueblo informó de la presencia física de combatientes en escuelas rurales de municipios de Cauca y Nariño, donde se grabaron vídeos en los que se veía a grupos armados repartiendo material escolar y educativo a los niños. Al mismo tiempo, organizaciones como Save the Children y la coalición COALICO han advertido de un aumento del 23 % en el reclutamiento forzado en lo que va de año, y de que estas visitas a las escuelas se utilizan como método de reclutamiento y adoctrinamiento.

Las escuelas de las zonas rurales no son meras instituciones educativas, sino centros de reunión y de vida comunitaria. Por consiguiente, la presencia y la propaganda de los grupos armados en estos espacios socavan directamente las libertades fundamentales. La difusión de propaganda por parte de los grupos armados en las escuelas no ha sido una práctica habitual; esto suscita la preocupación de que pueda generalizarse con el tiempo y tener un impacto negativo en la democracia del país.

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