The Administrative Court of Cundinamarca handed down a second-instance ruling, on 25 June 2026and made public on 10 July 2026. Best regards!holding the National Police responsible for the death of Dilan Cruz, which occurred during the demonstrations that took place as part of the national strike in November 2019. The ruling concludes that the use of ammunition classified as ‘less lethal’ was disproportionate and unjustified, and that the police’s actions violated the young protester’s fundamental rights.
The judgement increases the compensation awarded to the family, orders the National Police to hold a public ceremony acknowledging their responsibility and offering an apology, and emphasises that the exercise of the constitutional right to protest must not put the lives of those participating peacefully at risk. Furthermore, the Court rejected the arguments that Dilan Cruz’s behaviour justified the use of force, noting that throwing back tear gas does not constitute a threat that would justify the use of a potentially lethal weapon.
The ruling also questions the institutional classification of this type of weapon as ‘less lethal’, noting that this designation may have led to an erroneous assessment of the risks associated with its use. Although the decision settles the State’s financial liability, proceedings to establish the individual liability of the officers involved are still ongoing.
Tribunal condena a la Policía Nacional por la muerte de Dilan Cruz y reafirma el derecho a la protesta
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictó una sentencia en segunda instancia, el 25 de junio de 2026, que se hizo pública el 10 de julio de 2026. ¡Saludos! En ella se responsabiliza a la Policía Nacional de la muerte de Dilan Cruz, ocurrida durante las manifestaciones que tuvieron lugar en el marco de la huelga nacional de noviembre de 2019. La sentencia concluye que el uso de munición clasificada como «menos letal» fue desproporcionado e injustificado, y que las actuaciones de la policía violaron los derechos fundamentales del joven manifestante.
La sentencia aumenta la indemnización concedida a la familia, ordena a la Policía Nacional que celebre un acto público en el que reconozca su responsabilidad y ofrezca una disculpa, y subraya que el ejercicio del derecho constitucional a la protesta no debe poner en peligro la vida de quienes participan de forma pacífica. Además, el Tribunal rechazó los argumentos según los cuales el comportamiento de Dilan Cruz justificaba el uso de la fuerza, señalando que devolver el gas lacrimógeno no constituye una amenaza que justifique el uso de un arma potencialmente letal.
La sentencia también cuestiona la clasificación institucional de este tipo de arma como «menos letal», señalando que dicha designación podría haber dado lugar a una evaluación errónea de los riesgos asociados a su uso. Aunque la sentencia resuelve la responsabilidad económica del Estado, aún siguen en curso los procedimientos para determinar la responsabilidad individual de los agentes implicados.