Colombia

Colombia is a constitutional democracy with a broad legal framework for citizen participation—rooted in the 1991 Constitution, its legal developments, and reinforced by the 2016 Peace Agreement with the former FARC guerrilla. This framework includes mechanisms for access to information, spaces for citizen participation, and channels for public policy influence and legislative engagement at both national and territorial levels.

However, the enabling environment for civil society remains fragile and unequal. Threats persist against citizens and social organizations, particularly in regions affected by the presence of illegal armed groups. The criminalization of protest and the excessive use of force—especially evident during the 2021 social uprising—highlight these risks. This occurs within a broader context marked by racial and patriarchal biases, and a high concentration of power at the national level, which keeps institutions distant from communities.

These conditions are compounded by persistent authoritarian practices—including digital surveillance, selective prosecution, and the stigmatization of social mobilization—alongside the ongoing impacts of a prolonged armed conflict, which continues to affect rural and ethnic territories disproportionately. The constant threat against human rights defenders creates a climate of fear and self-censorship, which intensifies during electoral periods. The aforementioned uprising also revealed the relevance of informal participation spaces as a strong social demand.

Although civil society has put forward proposals to improve the enabling environment—such as guaranteeing the right to protest or expanding participation in territorial planning—these have received limited institutional response. Furthermore, existing participation spaces are often centralized, highly technocratic, and difficult to access due to language barriers and digital divides.

In light of this context, key strategic challenges include: regulating the right to protest and opening institutional channels to non-organized forms of participation; decentralizing decision-making processes; ensuring the protection of social leaders; transforming institutional spaces for public engagement; and strengthening pedagogical tools to make participation more accessible.

Despite these challenges, Colombian civil society remains active and resilient, leading processes of education, monitoring, and public advocacy, in a continued effort to expand civic space within a political and security landscape marked by profound difficulties.

ESPAÑOL

Colombia es una democracia constitucional con un marco normativo amplio para la participación ciudadana —fundamentado en la Constitución de 1991, sus desarrollos legales, y reforzado por el Acuerdo de Paz con las antiguas FARC en 2016— que contempla mecanismos de acceso a la información, espacios de participación ciudadana y canales de incidencia en políticas públicas y participación legislativa a nivel nacional y territorial.

No obstante, el entorno habilitante para la sociedad civil sigue siendo frágil y desigual. Persisten amenazas para la ciudadanía y las organizaciones sociales, especialmente en regiones afectadas por la presencia de grupos armados ilegales; hay criminalización de la protesta y uso excesivo de la fuerza, lo cual se evidenció especialmente durante el estallido social de 2021. Esto ocurre en un contexto marcado por sesgos raciales y patriarcales, y una alta concentración del poder en el nivel nacional, que mantiene distante a la institucionalidad de las comunidades.

A ello se suman prácticas autoritarias persistentes —vigilancia digital, judicialización selectiva y estigmatización de la movilización—, además de los efectos de un conflicto armado prolongado que afecta especialmente a territorios rurales y étnicos. La amenaza constante contra personas defensoras de derechos humanos genera un clima de miedo e inhibición, que se agudiza en contextos preelectorales. El estallido mencionado también mostró la importancia de los escenarios informales de participación como una demanda social.

Aunque la sociedad civil ha impulsado propuestas para cualificar el entorno habilitante —como la reglamentación garantista del derecho a la protesta o la ampliación de la participación en la planeación territorial— estas han recibido escasa respuesta institucional. Además, los espacios existentes suelen ser centralizados, tecnificados y poco accesibles, debido a barreras de lenguaje y brechas digitales.

Frente a lo anterior, los desafíos estratégicos incluyen: regular el derecho a la protesta y flexibilizar los canales institucionales para abrir la participación formal a espacios no organizativos; descentralizar la toma de decisiones; garantizar la protección a líderes sociales; transformar institucionalmente los espacios de incidencia; y fortalecer herramientas pedagógicas que los hagan accesibles.

A pesar de estos retos, la sociedad civil colombiana se mantiene activa y resiliente, articulando procesos de formación, monitoreo e incidencia pública, en una apuesta persistente por ampliar el espacio cívico en un entorno político y de seguridad con enormes desafíos.

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Foro Nacional por Colombia

Snapshots

Country snapshots capture the current state of the enabling environment for civil society and provide a quick overview of significant events and trends that have occurred over the past 4 months. Click on a component in the timeline to see the corresponding Enabling Environment Snapshot.

Alerts

The Early Warning Mechanism documents changes and critical trends in the enabling environment for civil society. The mechanism works by information-gathering work focusing on events that impact the enabling environment. The EU SEE consortium assess these events to trigger alerts indicating a downward or upward trend in the enabling environment.

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Continúan alertas de riesgo extremo y alto de violencia e irregularidades en 339 municipios de cara a las elecciones del 8 de marzoLa Misión de Observación Electoral (MOE), una organización de la sociedad civil especializada en el seguimiento electoral, advirtió que 339 municipios del país se encuentran en situación de riesgo extremo y alto debido a la violencia asociada a los actores armados ilegales, en vísperas de las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026.Según el Ministerio de Educación, existen alertas específicas sobre posibles interferencias de grupos armados en la elección de los escaños de paz, creados para garantizar la representación política de las víctimas del conflicto. La organización ha señalado que estas estructuras pueden influir en el proceso mediante la intimidación, el control territorial, la cooptación de candidatos o las restricciones a la movilidad de los votantes. Además, los medios de comunicación nacionales han informado de ataques y amenazas contra candidatos al Congreso en la última semana, así como de advertencias persistentes sobre posibles fraudes electorales, migración de votantes y riesgos para la seguridad de las campañas y los votantes. Los candidatos Andrés Vásquez y Ana Guetio fueron detenidos por personas no identificadas durante la semana del 27 de febrero de 2026.El Ministerio del Interior ha hecho hincapié en la necesidad de reforzar las medidas de seguridad, garantizar una presencia institucional efectiva y asegurar que las comunidades puedan votar libremente, sin presiones armadas ni manipulaciones del proceso electoral.

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Aumento de los desplazamientos forzados masivos y el confinamiento en ColombiaLa Defensoría del Pueblo de Colombia advirtió que durante enero de 2026 se produjeron 12 incidentes de desplazamiento forzado masivo que afectaron a 3409 personas, siendo Cauca el departamento con mayor número de personas afectadas, seguido de Norte de Santander, Magdalena y Antioquia. Además, se documentaron siete incidentes de confinamiento, que restringieron la movilidad de 17 651 personas en el país, afectando principalmente a comunidades de Caquetá, Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Putumayo y Chocó. La organización alertó sobre la persistencia de la crisis humanitaria asociada al conflicto armado y la necesidad de fortalecer la respuesta institucional para asistir a las comunidades desplazadas o confinadas y evitar el desbordamiento de las capacidades territoriales.En este contexto preelectoral, las comunidades rurales —incluidos los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y las comunidades campesinas— se han enfrentado a severas restricciones a la movilidad, amenazas y control social armado, lo que no solo agrava la crisis humanitaria, sino que también limita el ejercicio de derechos fundamentales como la participación ciudadana, la organización social y el acceso a los servicios básicos.

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Foro por Colombia posiciona herramienta de monitoreo ciudadano en el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General: reactivando la agenda de reformas sobre regulación de protestas
Durante la semana del 16 al 22 de febrero de 2026, el Foro Nacional por Colombia celebró dos reuniones institucionales de alto nivel que marcan la reactivación concreta de los debates legislativos y de políticas públicas sobre la regulación y la protección del derecho a la protesta en el país.La primera reunión se celebró en el Ministerio de Defensa, coordinada con la Secretaría del Gabinete, con la participación del Comisionado de Derechos Humanos de la Policía Nacional, coronel (retirado) Luis Alfonso Novoa Díaz, así como miembros de la Inspección General y Responsabilidad Profesional, la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) y la Secretaría General. La segunda reunión tuvo lugar en la Fiscalía General de la Nación con la Dirección Especializada contra las Violaciones de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo para la Protesta Social. En esta reunión se destacó el reciente nombramiento de Dayana Blanco Acendra como Directora Especializada contra las Violaciones de Derechos Humanos, quien anteriormente había participado en los esfuerzos de coordinación de la alianza de organizaciones en Colombia.En ambas reuniones, la herramienta de monitoreo ciudadano D-A-O-C, cuyo objetivo es proporcionar a las organizaciones de la sociedad civil herramientas prácticas para documentar, evaluar e influir en la acción del Estado en contextos de protesta, fue bien recibida y generó un interés explícito por parte del Comisionado Novoa y del Grupo de Trabajo sobre Protesta Social. La Fiscalía General también propuso explorar el desarrollo de una herramienta tecnológica fácil de usar para fortalecer la trazabilidad, la sistematización y el uso institucional de los resultados derivados del monitoreo. La herramienta, que traduce las normas internacionales y las regulaciones nacionales en procedimientos verificables y secuenciales, se consolida así como un aporte técnico para mejorar la rendición de cuentas, fortalecer el principio de la primacía del diálogo y reducir los márgenes de discrecionalidad operativa.

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