Allanamiento y robo de información en la sede de la Casa de la Mujer en Bogotá
Durante el fin de semana del 14 al 15 de febrero de 2026, se produjo un allanamiento en la sede de la Casa de la Mujer en Bogotá, una organización reconocida por su labor en la defensa de los derechos humanos, los derechos de las mujeres y la construcción de la paz. Según la información disponible, personas no identificadas entraron en las instalaciones, registraron todas las habitaciones y robaron ordenadores, archivos físicos y otros artículos relacionados con el almacenamiento de información. No se informó del robo de otros bienes materiales de valor, lo que sugiere un posible interés específico en acceder a información institucional, bases de datos, documentación de casos o archivos de trabajo. Este incidente suscita preocupación por la seguridad de la información sensible perteneciente a las víctimas, los defensores y los procesos organizativos apoyados por la organización.

Colombia retrocede en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025
El 10 de febrero de 2026, Transparencia para Colombia publicó los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción de 2025, en el que el país obtuvo 37 puntos sobre 100, ocupando el puesto 99 de 182 países. Este resultado representa una caída de 2 puntos y 7 posiciones con respecto a 2024, consolidando una tendencia a la baja desde 2023, cuando se alcanzó la puntuación más alta de la última década (40 puntos).
El informe destaca que Colombia se encuentra por debajo del promedio regional de América (42 puntos) y muestra fragilidad en los avances logrados contra la corrupción. Factores como la ausencia de una política pública anticorrupción sólida y sostenida y la persistencia de escándalos de corrupción en altos niveles del gobierno han profundizado el escepticismo y la desconfianza respecto a la capacidad del Estado para abordar este fenómeno de manera estructural.

Controversia por decretos emitidos por el presidente Gustavo Petro
A lo largo de enero de 2026, el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha promulgado una serie de decretos con un impacto político y fiscal significativo, entre los que se incluye la declaración del estado de emergencia económica, lo que ha generado fuertes tensiones con el Congreso y las autoridades locales.
Otras medidas adoptadas incluyen decretos que afectan directamente a la gestión de las finanzas departamentales, modificando las normas para la asignación y el uso de los recursos subnacionales, y una invitación a una asamblea constituyente nacional. Estas decisiones han reavivado el debate público sobre el uso recurrente de poderes extraordinarios por parte del poder ejecutivo, el debilitamiento de los controles legislativos y el impacto de estas prácticas en la deliberación democrática. Al mismo tiempo, el Tribunal Constitucional está revisando la declaración de emergencia económica, un proceso que será decisivo para determinar la constitucionalidad de las medidas y el alcance de la acción presidencial.

Resurgence of armed conflict, arrests and state failures in response to the humanitarian crisis in Catatumbo | Recrudecimiento de combates armados, capturas y fallas estatales en respuesta a la crisis humanitaria en el Catatumbo
Durante enero de 2026, la crisis de orden público en la subregión del Catatumbo (principalmente en el municipio de Tibú, Norte de Santander) fue testigo de múltiples episodios de violencia, reacción institucional y falta de respuesta a las alertas tempranas. Esta violencia incluye nuevos enfrentamientos entre el Ejército Nacional y grupos armados ilegales pertenecientes al ELN y disidentes del Frente 33 de las FARC, lo que ha provocado desplazamientos, puesto en riesgo a la población civil y perturbado la movilidad en el corredor vial entre Hacaritama y La Gabarra. Además, en una operación en la que participaron la Fiscalía General de la Nación y las Fuerzas Armadas, las autoridades capturaron a tres presuntos miembros del Frente 33 y rescataron a un menor que se encontraba retenido en Tibú. El análisis periodístico del 17 de enero de 2026 indica que el conflicto armado ha terminado regulando la vida social en las zonas rurales, imponiendo un control social armado informal que limita la libertad de las comunidades para decidir, asociarse o movilizarse sin la presión de los actores ilegales.

La Corte Constitucional llamó al Estado colombiano a rendir cuentas por su respuesta a la Alerta Temprana 017 de 2025 emitida para Catatumbo, cuestionando la atención insuficiente del Estado a los riesgos recurrentes para la población civil. En el contexto de esta dramática situación, se dictó una sentencia condenatoria contra tres líderes del ELN: Pablo Beltrán, Antonio García y Jacobo Gabino, por el secuestro de siete periodistas en Catatumbo entre 2016 y 2017, un hecho que pone de relieve la gravedad de la dinámica de violencia y su impacto en la sociedad civil.

Crisis humanitaria y violencia armada persistente en la subregión del Catatumbo
Durante la última semana de diciembre de 2025, la Defensoría del Pueblo de Colombia ha emitido declaraciones urgentes advirtiendo sobre una grave crisis humanitaria que persiste en la subregión del Catatumbo, principalmente en los municipios de Tibú y El Tarra (Norte de Santander). La Defensoría advierte que, desde principios de 2025, se han producido continuos enfrentamientos armados entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes del Frente 33 de las FARC, que han violado sistemáticamente los derechos humanos y el derecho internacional humanitario (DIH), y que la situación ha empeorado con los recientes acontecimientos que han supuesto enfrentamientos, desplazamientos forzados y confinamientos. La Defensoría del Pueblo ha hecho un llamamiento urgente a las autoridades nacionales y regionales para que presten asistencia inmediata, protejan a la población civil y restablezcan la presencia efectiva del Estado en la zona. En este contexto, los recientes enfrentamientos y la crisis humanitaria ponen de manifiesto las limitaciones del Estado para garantizar la seguridad, los derechos y las condiciones mínimas para la participación ciudadana y la acción de la sociedad civil en el territorio.

Tensión geopolítica regional por intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y sus efectos en Colombia
En la primera semana de enero de 2026, las tensiones geopolíticas en América Latina se intensificaron drásticamente tras una intervención militar estadounidense en Venezuela, que incluyó bombardeos y la captura del presidente Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, con informes de víctimas y reacciones internacionales ante posibles violaciones del derecho internacional.
Estos acontecimientos han causado gran preocupación en Colombia, tanto por el posible impacto directo en la frontera como por el deterioro de las relaciones bilaterales entre los gobiernos colombiano y estadounidense. Se han producido manifestaciones masivas en Colombia contra la intervención extranjera y en apoyo de la soberanía regional, en las que se ha expresado el rechazo a la «injerencia militar» y se ha exigido el respeto a la autodeterminación de los países latinoamericanos. El presidente Gustavo Petro y su gabinete han adoptado una postura diplomática de alerta y defensa ante las amenazas explícitas de intervención y refuerzo de la seguridad regional, además de solicitar foros multilaterales para debatir el conflicto.
Las tensiones incluyen declaraciones sobre una posible acción militar de Estados Unidos contra Colombia, acusaciones mutuas entre los gobiernos de Washington y Bogotá, y movilizaciones sociales en respuesta a la escalada, con protestas convocadas en varias ciudades del país en rechazo a la intervención. Recientemente se ha logrado un acercamiento diplomático, cuyos resultados están a la espera.

El 20 de octubre de 2025, el Tribunal Constitucional emitió un comunicado sobre su fallo SU-432 de 2025, que exige al presidente abstenerse de utilizar lenguaje estigmatizante hacia las periodistas, como referirse a ellas como «muñecas mafiosas», tal y como hizo el 30 de agosto de 2024. El Tribunal destacó que tales expresiones contribuyen a la vulnerabilidad de las periodistas, especialmente cuando se enfrentan a un discurso público poderoso. La sentencia subrayó además que, debido al alto cargo que ocupa el presidente, este está sujeto a mayores responsabilidades en lo que respecta a su libertad de expresión y a la influencia de sus declaraciones públicas. La sentencia ha sido bien recibida por las organizaciones de la sociedad civil locales, que emitieron un comunicado de prensa en el que instaban al pleno cumplimiento de la sentencia, considerándola un paso hacia el fomento del trato respetuoso del trabajo periodístico en todas las esferas del poder.