El asesinato del periodista Cristian Herrera pone de manifiesto el deterioro de las garantías para el ejercicio de la libertad de prensa
6 de junio de 2026, el periodista Cristian Herrera Nariño fue asesinado en Cúcuta, Norte de Santander; era conocido por sus reportajes de investigación sobre corrupción, orden público y delincuencia organizada en la región. Herrera era miembro de la Junta Directiva de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), corresponsal de la organización en Norte de Santander, y había denunciado haber recibido amenazas como consecuencia de su labor periodística. Diversas organizaciones sociales, instituciones públicas como la Defensoría del Pueblo y organizaciones que defienden la libertad de expresión condenaron el crimen y pidieron a la Fiscalía General que llevara a cabo una investigación rápida, exhaustiva e independiente para identificar tanto a los autores como a los mandantes del asesinato.
El asesinato tuvo lugar apenas un mes después del asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda en Antioquia, lo que pone de relieve, una vez más, los graves riesgos a los que se enfrentan los periodistas regionales que trabajan en zonas afectadas por la violencia y la presencia de grupos armados ilegales.
Los programas electorales para las elecciones presidenciales de 2026 ponen de relieve las deficiencias estructurales del entorno propicio
La Fundación Foro Nacional por Colombia ha publicado un análisis comparativo de los programas de gobierno de los seis candidatos presidenciales para las elecciones de 2026. El análisis evaluó las propuestas basándose en criterios relacionados con los derechos humanos, la paz y la convivencia, la cultura política, la ordenación del territorio y la participación ciudadana. La iniciativa contribuye positivamente a la calidad democrática del proceso electoral al promover el voto informado y proporcionar herramientas para evaluar los programas de los candidatos. El estudio evaluó los programas presidenciales utilizando un marco compuesto por cinco categorías y veintisiete indicadores relacionados con la democracia participativa, los derechos humanos, la paz territorial y el fortalecimiento institucional.
Entre las conclusiones más significativas, el informe señala que la participación ciudadana es uno de los aspectos más débiles en la mayoría de los programas evaluados, lo que constituye una importante señal de alerta para el entorno propicio. Asimismo, constata grandes disparidades entre los candidatos en lo que respecta a la aplicación del Acuerdo de Paz, la protección de los líderes sociales, el reconocimiento de las organizaciones de la sociedad civil y los mecanismos de participación activa. Estos resultados reflejan la persistencia de debates estructurales sobre el papel de la sociedad civil organizada, la gestión de los conflictos territoriales y las garantías democráticas en el país.
Continúa el recrudecimiento de la violencia en el contexto de las elecciones presidenciales en Colombia
A menos de dos semanas de las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026, ha aumentado la preocupación por el deterioro de las condiciones de seguridad y las garantías democráticas en el país. La Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió de que 386 municipios presentan algún nivel de riesgo electoral asociado a la violencia, la presencia de grupos armados, la desinformación y posibles amenazas a la integridad del proceso, mientras que 81 municipios se encuentran en situación de riesgo extremo. Al mismo tiempo, diversas organizaciones y autoridades han dado la voz de alarma ante los intentos de grupos armados ilegales de ejercer presión e interferir en zonas estratégicas en vísperas de la jornada electoral.
En este contexto, en las últimas semanas se han denunciado graves actos de violencia política, lo que ha suscitado una profunda preocupación por la seguridad de los candidatos, los equipos de campaña y los líderes políticos. Entre ellos destaca el asesinato, el 15 de mayo de 2026, de Rogers Mauricio Devia Escobar, exalcalde de Cubarral (Meta) y coordinador local de una campaña presidencial, junto con su asesor Eder Fabián Cardona López, que tuvo lugar tras una jornada de campaña. Estos asesinatos se produjeron en medio de una serie de ataques y amenazas contra figuras políticas en el departamento del Meta, incluidos ataques contra otros miembros de campañas electorales, como un intento de secuestro de un miembro de la campaña del Pacto Histórico (partido gobernante), lo que ha creado un escenario de riesgo creciente para el ejercicio de la actividad política.
La acumulación de incidentes de violencia letal, amenazas contra líderes políticos, advertencias de coacción armada y los riesgos de desinformación apuntan a un entorno cada vez más complejo para la celebración de elecciones libres y justas. También cabe destacar en el departamento de Meta el informe sobre presiones de grupos armados a través de mecanismos como el registro ilegal de agricultores con el objetivo de influir en los resultados electorales. Aunque el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha anunciado un alto el fuego unilateral del 30 de mayo al 2 de junio, persisten las preocupaciones.
La situación plantea retos para la participación ciudadana, la competencia política leal y la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas, especialmente en los municipios donde persisten el conflicto armado y el control territorial por parte de grupos ilegales.
Avances en el nuevo Estatuto de Ciudadanía Juvenil
El 5 de mayo de 2026, el proyecto de enmienda al Estatuto de Ciudadanía Juvenil ha superado con éxito su tercera lectura en el Congreso de la República, por lo que solo le queda un paso (la lectura final en el pleno del Senado) para convertirse en ley. Se trata de un importante avance, teniendo en cuenta que el proyecto de ley había quedado archivado en dos ocasiones anteriores debido a cuestiones de procedimiento.
Este logro no es fruto de un esfuerzo aislado por parte de las instituciones, sino el resultado de un proceso sostenido de promoción y acción colectiva entre la sociedad civil y la cooperación internacional. Organismos como la Comisión Ad Hoc de la Juventud han sido fundamentales para canalizar estas demandas, con el apoyo técnico y financiero de la Delegación de la Unión Europea, la Cooperación Italiana, la Fundación Hanns Seidel, la Fundación Corona, la Fundación Foro Nacional por Colombia y el Open Policy Institute. Estas organizaciones han realizado un seguimiento constante para garantizar que la reforma responda a las realidades locales.
El nuevo Estatuto tiene por objeto reforzar los mecanismos participativos, en concreto los Consejos y las Plataformas de la Juventud, así como mejorar la empleabilidad y atender las necesidades de los jóvenes del medio rural. El objetivo es que el debate final se celebre antes del 19 de junio de 2026, estableciendo así un marco jurídico que proteja los derechos de los jóvenes y reduzca la desconfianza hacia las instituciones democráticas que persiste en el país.
El Tribunal Constitucional ha defendido el derecho a la libertad de expresión de un grupo de periodistas
El 16 de abril de 2026, el Tribunal Constitucional, en su sentencia T-084-26, reconoció los derechos de un grupo de periodistas y de una fundación dedicada a la defensa de la libertad de prensa, que habían sido objeto de perfiles por parte de los servicios de inteligencia del Ejército Nacional. La sentencia ordena el cese inmediato de estas actividades, la depuración de las bases de datos de inteligencia y el establecimiento de protocolos para garantizar que la vigilancia estatal no dé lugar a persecución política ni obstaculice el ejercicio del derecho a la libertad de información. TLa sentencia sienta un precedente jurídico positivo para proteger el acceso a la información de los actores clave del entorno propicio, como los periodistas.
Incursiones armadas y proselitismo ilegal en centros educativos de Nariño y Cauca
El 24 de abril de 2026, la Defensoría del Pueblo informó de la presencia física de combatientes en escuelas rurales de municipios de Cauca y Nariño, donde se grabaron vídeos en los que se veía a grupos armados repartiendo material escolar y educativo a los niños. Al mismo tiempo, organizaciones como Save the Children y la coalición COALICO han advertido de un aumento del 23 % en el reclutamiento forzado en lo que va de año, y de que estas visitas a las escuelas se utilizan como método de reclutamiento y adoctrinamiento.
Las escuelas de las zonas rurales no son meras instituciones educativas, sino centros de reunión y de vida comunitaria. Por consiguiente, la presencia y la propaganda de los grupos armados en estos espacios socavan directamente las libertades fundamentales. La difusión de propaganda por parte de los grupos armados en las escuelas no ha sido una práctica habitual; esto suscita la preocupación de que pueda generalizarse con el tiempo y tener un impacto negativo en la democracia del país.
Escalada de violencia en el suroeste de Colombia (Cauca y Valle)
Entre el 24 y el 26 de abril de 2026 se registraron 26 atentados terroristas coordinados. El incidente más grave tuvo lugar en la zona de «El Túnel», en Cajibío (Cauca), donde la detonación de un artefacto explosivo al pasar un vehículo tipo «chiva» por la Carretera Panamericana dejó un saldo de 21 civiles muertos y más de 50 heridos. Al mismo tiempo, se informó de un coche bomba en el Batallón Pichincha de Cali y de ataques con drones contra radares de control del tráfico aéreo en la región del Pacífico.
La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en respuesta a estos hechos, al igual que los senadores, en el que condenaban la violencia. Esta serie de acontecimientos pone de manifiesto una escalada del conflicto armado en la región y una presión cada vez mayor sobre las comunidades. Estos hechos están agravando considerablemente el estado de alerta que ha vivido el país en los últimos años, una situación que tiende a empeorar.
Continúan alertas de riesgo extremo y alto de violencia e irregularidades en 339 municipios de cara a las elecciones del 8 de marzo
La Misión de Observación Electoral (MOE), una organización de la sociedad civil especializada en el seguimiento electoral, advirtió que 339 municipios del país se encuentran en situación de riesgo extremo y alto debido a la violencia asociada a los actores armados ilegales, en vísperas de las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026.
Según el Ministerio de Educación, existen alertas específicas sobre posibles interferencias de grupos armados en la elección de los escaños de paz, creados para garantizar la representación política de las víctimas del conflicto. La organización ha señalado que estas estructuras pueden influir en el proceso mediante la intimidación, el control territorial, la cooptación de candidatos o las restricciones a la movilidad de los votantes. Además, los medios de comunicación nacionales han informado de ataques y amenazas contra candidatos al Congreso en la última semana, así como de advertencias persistentes sobre posibles fraudes electorales, migración de votantes y riesgos para la seguridad de las campañas y los votantes. Los candidatos Andrés Vásquez y Ana Guetio fueron detenidos por personas no identificadas durante la semana del 27 de febrero de 2026.
El Ministerio del Interior ha hecho hincapié en la necesidad de reforzar las medidas de seguridad, garantizar una presencia institucional efectiva y asegurar que las comunidades puedan votar libremente, sin presiones armadas ni manipulaciones del proceso electoral.