El 20 de octubre de 2025, el Tribunal Constitucional emitió un comunicado sobre su fallo SU-432 de 2025, que exige al presidente abstenerse de utilizar lenguaje estigmatizante hacia las periodistas, como referirse a ellas como «muñecas mafiosas», tal y como hizo el 30 de agosto de 2024. El Tribunal destacó que tales expresiones contribuyen a la vulnerabilidad de las periodistas, especialmente cuando se enfrentan a un discurso público poderoso. La sentencia subrayó además que, debido al alto cargo que ocupa el presidente, este está sujeto a mayores responsabilidades en lo que respecta a su libertad de expresión y a la influencia de sus declaraciones públicas. La sentencia ha sido bien recibida por las organizaciones de la sociedad civil locales, que emitieron un comunicado de prensa en el que instaban al pleno cumplimiento de la sentencia, considerándola un paso hacia el fomento del trato respetuoso del trabajo periodístico en todas las esferas del poder.
Gobierno nacional de Colombia propone recortar recursos a la Defensoría
El gobierno nacional de Colombia ha presentado su propuesta de presupuesto para el año 2026. Dentro de una alerta destacada, se encontró que busca reducir el presupuesto de la Defensoría del Pueblo, entidad encargada de la defensa de los derechos humanos en el país, en un 3%, lo cual tendría un fuerte impacto en la capacidad de operación de la entidad, en el marco de un momento en el cual el conflicto armado se ha recrudecido en el país y amenaza la vida y los derechos de las personas, especialmente en los territorios más vulnerables.
Colombia viene enfrentando una crisis presupuestal que el gobierno se encuentra tratando de abordar. Sin embargo, organizaciones internacionales como Human Rights Watch han realizado un llamado a no desfinanciar actores claves que como la Defensoría contribuyen a la prevención de la violencia.
Esta es una alerta que amerita seguimiento y acompañamiento de la comunidad internacional, para prevenir este recorte y sus posibles impactos sobre los derechos humanos. El impacto sobre el entorno habilitante puede ser importante, ya que ante el continuo asesinato de líderes sociales y violencia generalizada en algunos territorios del país, la Defensoría juega un rol clave en su prevención y denuncia.