Crisis humanitaria y colapso de la gobernanza indígena en la Sierra Nevada
La Sierra Nevada de Santa Marta en el departamento del Magdalena es hogar de varios pueblos indígenas y se encuentra afectado gravemente por actores armados, que han recrudecido su acción en los últimos meses en la búsqueda de afianzar su control sobre rutas de narcotráfico y contrabando así como el cobro de impuestos ilgeales (llamados coloquialmente ‘vacunas’) sobre actividades turísticas. Estos pueblos son autoridades dentro del país y constituyen actores claves en la protección del ecosistema en el que habitan, así como líderes en materia de derechos de los pueblos indígenas.
La CIDH, mediante la Resolución 17/2026, ha declarado que el riesgo para el pueblo indígena Wiwa en Colombia es extremo y se ha recrudecido, documentando asesinatos, violencia sexual y confinamientos. Paralelamente, la intensificación de los combates obligó a las autoridades ambientales a cerrar el acceso al Parque Nacional, confirmando que el Estado ha perdido el control efectivo de la zona. Mientras los grupos ilegales imponen “reglas de convivencia” y peajes, las comunidades indígenas enfrentan desabastecimiento alimentario y la destrucción de sus centros de gobierno espiritual.
Las consecuencias son graves para la democracia y el medio ambiente, ya que las autoridades indígenas son las principales guardianas de la biodiversidad en la Sierra Nevada de Santa Marta. Al tratarse de autoridades públicas con una influencia significativa en la gestión medioambiental y la planificación del uso del suelo, la intimidación armada les impide llevar a cabo su labor de protección de las cuencas fluviales y los ecosistemas frágiles. El desplazamiento de estas autoridades no solo es una tragedia humanitaria, sino que también deja el territorio a merced de la minería ilegal y la deforestación, lo que socava la capacidad de la sociedad civil organizada y de las autoridades indígenas para detener el daño ecológico en esta región.

El riesgo de violencia política en vísperas de las elecciones presidenciales, a pesar de que las elecciones parlamentarias se desarrollaron de forma relativamente pacífica

Aunque las elecciones parlamentarias del 8 de marzo de 2026 se celebraron en un ambiente relativamente tranquilo en la mayor parte del país, persiste un clima de riesgo de cara a las próximas elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026. Las autoridades nacionales y los organismos de control, como la Defensoría del Pueblo, han advertido de que las condiciones estructurales que propician la violencia política no han desaparecido, especialmente en las zonas donde hay presencia de grupos armados ilegales.
En este contexto, el Gobierno nacional ha anunciado el refuerzo de las medidas de seguridad para los candidatos presidenciales, así como medidas adicionales de protección y vigilancia territorial. Estas medidas incluyen el refuerzo de los dispositivos de seguridad, la coordinación interinstitucional y el seguimiento de las alertas tempranas para prevenir posibles ataques, amenazas o injerencias en el proceso electoral. Las organizaciones de la sociedad civil, en particular la Misión Electoral Colombiana, han señalado que, aunque la jornada electoral anterior demostró avances en la mitigación de riesgos, es necesario mantener y reforzar las medidas preventivas para garantizar unas condiciones justas y seguras para las elecciones presidenciales.

• Irregularidades: La Misión de Observación Electoral recibió 449 denuncias de irregularidades en 151 municipios. Los departamentos con más denuncias fueron Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y Bogotá. Se informó de 68 detenciones, junto con la incautación de 3626 millones de pesos en efectivo presuntamente destinados a la compra de votos, con puntos críticos en Montería, Cartagena y Buenaventura. Se produjeron retrasos en 286 colegios electorales debido a la falta de personal, y siete colegios electorales de Chocó y Córdoba fueron reubicados debido a las condiciones meteorológicas.

Continúan alertas de riesgo extremo y alto de violencia e irregularidades en 339 municipios de cara a las elecciones del 8 de marzo
La Misión de Observación Electoral (MOE), una organización de la sociedad civil especializada en el seguimiento electoral, advirtió que 339 municipios del país se encuentran en situación de riesgo extremo y alto debido a la violencia asociada a los actores armados ilegales, en vísperas de las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026.
Según el Ministerio de Educación, existen alertas específicas sobre posibles interferencias de grupos armados en la elección de los escaños de paz, creados para garantizar la representación política de las víctimas del conflicto. La organización ha señalado que estas estructuras pueden influir en el proceso mediante la intimidación, el control territorial, la cooptación de candidatos o las restricciones a la movilidad de los votantes. Además, los medios de comunicación nacionales han informado de ataques y amenazas contra candidatos al Congreso en la última semana, así como de advertencias persistentes sobre posibles fraudes electorales, migración de votantes y riesgos para la seguridad de las campañas y los votantes. Los candidatos Andrés Vásquez y Ana Guetio fueron detenidos por personas no identificadas durante la semana del 27 de febrero de 2026.
El Ministerio del Interior ha hecho hincapié en la necesidad de reforzar las medidas de seguridad, garantizar una presencia institucional efectiva y asegurar que las comunidades puedan votar libremente, sin presiones armadas ni manipulaciones del proceso electoral.

Aumento de los desplazamientos forzados masivos y el confinamiento en Colombia
La Defensoría del Pueblo de Colombia advirtió que durante enero de 2026 se produjeron 12 incidentes de desplazamiento forzado masivo que afectaron a 3409 personas, siendo Cauca el departamento con mayor número de personas afectadas, seguido de Norte de Santander, Magdalena y Antioquia. Además, se documentaron siete incidentes de confinamiento, que restringieron la movilidad de 17 651 personas en el país, afectando principalmente a comunidades de Caquetá, Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Putumayo y Chocó. La organización alertó sobre la persistencia de la crisis humanitaria asociada al conflicto armado y la necesidad de fortalecer la respuesta institucional para asistir a las comunidades desplazadas o confinadas y evitar el desbordamiento de las capacidades territoriales.
En este contexto preelectoral, las comunidades rurales —incluidos los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y las comunidades campesinas— se han enfrentado a severas restricciones a la movilidad, amenazas y control social armado, lo que no solo agrava la crisis humanitaria, sino que también limita el ejercicio de derechos fundamentales como la participación ciudadana, la organización social y el acceso a los servicios básicos.

Foro por Colombia posiciona herramienta de monitoreo ciudadano en el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General: reactivando la agenda de reformas sobre regulación de protestas
Durante la semana del 16 al 22 de febrero de 2026, el Foro Nacional por Colombia celebró dos reuniones institucionales de alto nivel que marcan la reactivación concreta de los debates legislativos y de políticas públicas sobre la regulación y la protección del derecho a la protesta en el país.
La primera reunión se celebró en el Ministerio de Defensa, coordinada con la Secretaría del Gabinete, con la participación del Comisionado de Derechos Humanos de la Policía Nacional, coronel (retirado) Luis Alfonso Novoa Díaz, así como miembros de la Inspección General y Responsabilidad Profesional, la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) y la Secretaría General. La segunda reunión tuvo lugar en la Fiscalía General de la Nación con la Dirección Especializada contra las Violaciones de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo para la Protesta Social. En esta reunión se destacó el reciente nombramiento de Dayana Blanco Acendra como Directora Especializada contra las Violaciones de Derechos Humanos, quien anteriormente había participado en los esfuerzos de coordinación de la alianza de organizaciones en Colombia.
En ambas reuniones, la herramienta de monitoreo ciudadano D-A-O-C, cuyo objetivo es proporcionar a las organizaciones de la sociedad civil herramientas prácticas para documentar, evaluar e influir en la acción del Estado en contextos de protesta, fue bien recibida y generó un interés explícito por parte del Comisionado Novoa y del Grupo de Trabajo sobre Protesta Social. La Fiscalía General también propuso explorar el desarrollo de una herramienta tecnológica fácil de usar para fortalecer la trazabilidad, la sistematización y el uso institucional de los resultados derivados del monitoreo. La herramienta, que traduce las normas internacionales y las regulaciones nacionales en procedimientos verificables y secuenciales, se consolida así como un aporte técnico para mejorar la rendición de cuentas, fortalecer el principio de la primacía del diálogo y reducir los márgenes de discrecionalidad operativa.

Allanamiento y robo de información en la sede de la Casa de la Mujer en Bogotá
Durante el fin de semana del 14 al 15 de febrero de 2026, se produjo un allanamiento en la sede de la Casa de la Mujer en Bogotá, una organización reconocida por su labor en la defensa de los derechos humanos, los derechos de las mujeres y la construcción de la paz. Según la información disponible, personas no identificadas entraron en las instalaciones, registraron todas las habitaciones y robaron ordenadores, archivos físicos y otros artículos relacionados con el almacenamiento de información. No se informó del robo de otros bienes materiales de valor, lo que sugiere un posible interés específico en acceder a información institucional, bases de datos, documentación de casos o archivos de trabajo. Este incidente suscita preocupación por la seguridad de la información sensible perteneciente a las víctimas, los defensores y los procesos organizativos apoyados por la organización.

Colombia retrocede en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025
El 10 de febrero de 2026, Transparencia para Colombia publicó los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción de 2025, en el que el país obtuvo 37 puntos sobre 100, ocupando el puesto 99 de 182 países. Este resultado representa una caída de 2 puntos y 7 posiciones con respecto a 2024, consolidando una tendencia a la baja desde 2023, cuando se alcanzó la puntuación más alta de la última década (40 puntos).
El informe destaca que Colombia se encuentra por debajo del promedio regional de América (42 puntos) y muestra fragilidad en los avances logrados contra la corrupción. Factores como la ausencia de una política pública anticorrupción sólida y sostenida y la persistencia de escándalos de corrupción en altos niveles del gobierno han profundizado el escepticismo y la desconfianza respecto a la capacidad del Estado para abordar este fenómeno de manera estructural.

Controversia por decretos emitidos por el presidente Gustavo Petro
A lo largo de enero de 2026, el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha promulgado una serie de decretos con un impacto político y fiscal significativo, entre los que se incluye la declaración del estado de emergencia económica, lo que ha generado fuertes tensiones con el Congreso y las autoridades locales.
Otras medidas adoptadas incluyen decretos que afectan directamente a la gestión de las finanzas departamentales, modificando las normas para la asignación y el uso de los recursos subnacionales, y una invitación a una asamblea constituyente nacional. Estas decisiones han reavivado el debate público sobre el uso recurrente de poderes extraordinarios por parte del poder ejecutivo, el debilitamiento de los controles legislativos y el impacto de estas prácticas en la deliberación democrática. Al mismo tiempo, el Tribunal Constitucional está revisando la declaración de emergencia económica, un proceso que será decisivo para determinar la constitucionalidad de las medidas y el alcance de la acción presidencial.

Resurgence of armed conflict, arrests and state failures in response to the humanitarian crisis in Catatumbo | Recrudecimiento de combates armados, capturas y fallas estatales en respuesta a la crisis humanitaria en el Catatumbo
Durante enero de 2026, la crisis de orden público en la subregión del Catatumbo (principalmente en el municipio de Tibú, Norte de Santander) fue testigo de múltiples episodios de violencia, reacción institucional y falta de respuesta a las alertas tempranas. Esta violencia incluye nuevos enfrentamientos entre el Ejército Nacional y grupos armados ilegales pertenecientes al ELN y disidentes del Frente 33 de las FARC, lo que ha provocado desplazamientos, puesto en riesgo a la población civil y perturbado la movilidad en el corredor vial entre Hacaritama y La Gabarra. Además, en una operación en la que participaron la Fiscalía General de la Nación y las Fuerzas Armadas, las autoridades capturaron a tres presuntos miembros del Frente 33 y rescataron a un menor que se encontraba retenido en Tibú. El análisis periodístico del 17 de enero de 2026 indica que el conflicto armado ha terminado regulando la vida social en las zonas rurales, imponiendo un control social armado informal que limita la libertad de las comunidades para decidir, asociarse o movilizarse sin la presión de los actores ilegales.

La Corte Constitucional llamó al Estado colombiano a rendir cuentas por su respuesta a la Alerta Temprana 017 de 2025 emitida para Catatumbo, cuestionando la atención insuficiente del Estado a los riesgos recurrentes para la población civil. En el contexto de esta dramática situación, se dictó una sentencia condenatoria contra tres líderes del ELN: Pablo Beltrán, Antonio García y Jacobo Gabino, por el secuestro de siete periodistas en Catatumbo entre 2016 y 2017, un hecho que pone de relieve la gravedad de la dinámica de violencia y su impacto en la sociedad civil.

Crisis humanitaria y violencia armada persistente en la subregión del Catatumbo
Durante la última semana de diciembre de 2025, la Defensoría del Pueblo de Colombia ha emitido declaraciones urgentes advirtiendo sobre una grave crisis humanitaria que persiste en la subregión del Catatumbo, principalmente en los municipios de Tibú y El Tarra (Norte de Santander). La Defensoría advierte que, desde principios de 2025, se han producido continuos enfrentamientos armados entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes del Frente 33 de las FARC, que han violado sistemáticamente los derechos humanos y el derecho internacional humanitario (DIH), y que la situación ha empeorado con los recientes acontecimientos que han supuesto enfrentamientos, desplazamientos forzados y confinamientos. La Defensoría del Pueblo ha hecho un llamamiento urgente a las autoridades nacionales y regionales para que presten asistencia inmediata, protejan a la población civil y restablezcan la presencia efectiva del Estado en la zona. En este contexto, los recientes enfrentamientos y la crisis humanitaria ponen de manifiesto las limitaciones del Estado para garantizar la seguridad, los derechos y las condiciones mínimas para la participación ciudadana y la acción de la sociedad civil en el territorio.

Tensión geopolítica regional por intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y sus efectos en Colombia
En la primera semana de enero de 2026, las tensiones geopolíticas en América Latina se intensificaron drásticamente tras una intervención militar estadounidense en Venezuela, que incluyó bombardeos y la captura del presidente Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, con informes de víctimas y reacciones internacionales ante posibles violaciones del derecho internacional.
Estos acontecimientos han causado gran preocupación en Colombia, tanto por el posible impacto directo en la frontera como por el deterioro de las relaciones bilaterales entre los gobiernos colombiano y estadounidense. Se han producido manifestaciones masivas en Colombia contra la intervención extranjera y en apoyo de la soberanía regional, en las que se ha expresado el rechazo a la «injerencia militar» y se ha exigido el respeto a la autodeterminación de los países latinoamericanos. El presidente Gustavo Petro y su gabinete han adoptado una postura diplomática de alerta y defensa ante las amenazas explícitas de intervención y refuerzo de la seguridad regional, además de solicitar foros multilaterales para debatir el conflicto.
Las tensiones incluyen declaraciones sobre una posible acción militar de Estados Unidos contra Colombia, acusaciones mutuas entre los gobiernos de Washington y Bogotá, y movilizaciones sociales en respuesta a la escalada, con protestas convocadas en varias ciudades del país en rechazo a la intervención. Recientemente se ha logrado un acercamiento diplomático, cuyos resultados están a la espera.