Costa Rica

Civil society actors in Costa Rica operate in an increasingly complex environment, marked by institutional tensions, shifting public perceptions, and a decisive electoral moment ahead of the February 2026 elections, when the Presidency, Vice-Presidencies and Legislative Assembly will be chosen. The electoral cycle has amplified political polarisation, compounded by public insecurity, pressures on the media and socioeconomic challenges. For CSOs, this has resulted in scarce dialogue with government authorities and limited influence.

This context is aggravated by the sustained decline in public approval of President Rodrigo Chaves’ government. At the same time, insecurity and crime have become the country’s main public concern, deepening distrust and social tension.

On the economic front, Costa Rica’s reclassification as a high-income country has reduced international development funding, threatening the financial sustainability of grassroots organisations working on human rights, the environment, gender equality and rural territories. Despite this status, deep inequalities persist, particularly affecting Indigenous communities, Afro-descendant populations and rural women. The 2024 Bertelsmann Stiftung (BTI) report shows a decline in indicators related to equality and inclusion, including socioeconomic barriers and gender inequality, underscoring that significant structural obstacles remain for equitable participation and access to opportunities.

Despite these challenges, Costa Rican civil society remains resilient. Organisations continue to defend fundamental freedoms, promote transparency, influence public policy and protect civic participation. In this critical electoral cycle, strengthening organisational capacity, sustainable financing and public legitimacy will be essential to safeguard democratic participation.

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Snapshots

Country snapshots capture the current state of the enabling environment for civil society and provide a quick overview of significant events and trends that have occurred over the past 4 months. Click on a component in the timeline to see the corresponding Enabling Environment Snapshot.

Alerts

The Early Warning Mechanism documents changes and critical trends in the enabling environment for civil society. The mechanism works by information-gathering work focusing on events that impact the enabling environment. The EU SEE consortium assess these events to trigger alerts indicating a downward or upward trend in the enabling environment.

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Aumento sostenido en el retroceso de Costa Rica en el Índice de Libertad de Prensa

Costa Rica experimentó un nuevo retroceso en el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2025 elaborado por Reporteros Sin Fronteras. El país descendió en su posición global, reflejando un deterioro sostenido, desde el 2022 hasta la fecha, en las condiciones para el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión. En 2022, el país ocupaba el octavo lugar a nivel mundial. Sin embargo, posteriormente ha mostrado un retroceso sostenido en el ranking: pasó al puesto 23 en 2023,  puesto 26 en 2024, alcanzó el 36 en el 2025 y actualmente se ubica en la posición 38.

Según la información presentada, este descenso responde a múltiples factores, entre ellos el aumento de discursos hostiles hacia la prensa por parte de actores políticos, limitaciones en el acceso a la información pública y un clima general de desconfianza hacia los medios de comunicación. Además, se señala que estos elementos impactan directamente la labor periodística, generando presiones indirectas y debilitando el entorno en el que operan los medios.

El informe destaca que, aunque Costa Rica históricamente ha sido considerada un referente regional en materia de libertades cívicas, la tendencia reciente evidencia señales de alerta que podrían afectar la calidad democrática del país. Este retroceso se interpreta como un indicador relevante del estado actual de la libertad de expresión y del ambiente cívico en general.

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Salida de Costa Rica del Grupo Núcleo LGBTI de la OEA
El Gobierno de Costa Rica anunció su retiro del Grupo Núcleo LGBTI de la Organización de los Estados Americanos (OEA), una instancia regional orientada a la promoción y defensa de los derechos de las personas LGBTIQ+. La decisión fue comunicada públicamente como parte de una redefinición de la política exterior del país, argumentando que este tipo de espacios no corresponde a las prioridades actuales del gobierno o que no representan adecuadamente el enfoque nacional en materia de derechos humanos.
Tras el anuncio, diversas organizaciones de la sociedad civil, especialmente aquellas vinculadas a derechos humanos y diversidad sexual, manifestaron su rechazo. Estas organizaciones cuestionaron la justificación del gobierno, señalando que el retiro podría debilitar el compromiso internacional de Costa Rica con la igualdad, la no discriminación y los estándares interamericanos en derechos humanos.
El evento generó un debate público significativo, con cobertura mediática y pronunciamientos de distintos actores, incluyendo organizaciones sociales, analistas y sectores políticos.
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Eliminación de sanciones penales a periodistas por calumnias o injurias
El 27 de marzo de 2026 entró en vigencia la Ley para la Libertad del Ejercicio Periodístico despúes de la firma del presidente y la publicación en el diario oficial La Gaceta. Esta norma deroga los artículos 7 y 8 de la centenaria Ley de Imprenta de 1902, eliminando las penas de cárcel para periodistas por delitos contra el honor (calumnias e injurias), fortaleciendo la libertad de prensa y reduciendo la autocensura. La reforma ha sido valorada por actores especializados como un avance histórico para la libertad de expresión y de prensa.

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