Sindicato denuncia cierre de sus cuentas bancarias
El miércoles 13 de mayo, el presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE) informó en una rueda de prensa que la Superintendencia de Bancos habría solicitado a varias instituciones financieras del país la cancelación inmediata de las cuentas bancarias del sindicato, bajo el argumento de que la organización no está autorizada para emitir cheques ni ser titular de cuentas corrientes. Esta medida se habría adoptado pese a que la UNE —el principal sindicato de docentes del Ecuador— se encuentra legalmente registrada en el Sistema Unificado de Organizaciones Sociales, conforme a la normativa vigente. Hasta el momento, no se ha registrado un pronunciamiento oficial de la Superintendencia de Bancos sobre estas acciones. No obstante, la UNE calificó la decisión como una “venganza política” atribuida al gobierno nacional, en represalia por el rol del sindicato en la denuncia pública de la crisis que atraviesa la educación pública, y como un intento de debilitarla.
Estas medidas constituyen un riesgo significativo para el libre ejercicio de las libertades de asociación y expresión, así como para el derecho de las organizaciones de la sociedad civil a acceder y administrar sus recursos económicos sin interferencias indebidas del Estado. A diferencia de episodios anteriores de presión financiera contra organizaciones sociales, este caso marcaría la primera ocasión en la que se ordena el cierre de cuentas bancarias, lo que podría sentar un nuevo precedente legal para la aplicación de sanciones económicas discrecionales contra sindicatos y otras organizaciones. El presidente de la UNE, Andrés Quishpe, anunció que se emprenderán acciones legales para revertir la medida.
Estas sanciones han sido cuestionadas por otros actores sindicales, incluidas la Confederación Sindical Internacional y la Confederación Sindical de las Américas, quienes se encontraban en el país realizando una misión de observación internacional sobre la situación de los derechos laborales en Ecuador.
Fuerzas Armadas y Policía arremeten contra manifestantes dentro de un recinto universitario
El 29 de abril de 2026, a través de videos difundidos en redes sociales, se conoció que efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional intentaron retirar del campus de la Universidad de Cuenca a estudiantes que se manifestaban en contra de una visita programada de la vicepresidenta de la República, María José Pinto. En uno de ellos se observa a dos soldados armados intentando retirar del campus a una persona que expresaba su desacuerdo con la presencia de la vicepresidenta y de personal militar en la universidad; también se alcanza a observar al menos dos agentes de policía equipados con trajes antidisturbios. En otro video, se observa a varios agentes intentando retirar por la fuerza a un grupo de personas que se manifestaban pacíficamente.
Si bien la presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Cuenca señaló que la presencia de las fuerzas de seguridad fue autorizada por el rector de la institución, en conformidad con el artículo 355 de la Constitución, los intentos de desalojar expresiones de protesta pacífica plantean riesgos para el ejercicio de la libertad de expresión y para el principio de autonomía universitaria. Estas acciones podrían sentar un precedente que facilite la intervención de fuerzas de seguridad en espacios universitarios para disuadir o restringir manifestaciones estudiantiles de carácter político, afectando el entorno habilitante para la participación cívica y el disenso.
Hasta el momento, el incidente ha sido cuestionado públicamente por la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador y por asambleístas de la bancada de oposición en la Asamblea Nacional.
Este evento no forma parte de un patrón determinado, pues el trabajo de incidencia de sociedad civil con respecto a casos de vulneración de derechos humanos y abusos de poder cometidos por la fuerza pública generalmente es obstaculizado por el Estado.
Media publishing company investigated by regulatory body I Empresa editora de medios es intervenida por la entidad reguladora
Mediante la resolución SCVS-DNGDA-2026-00355-O, emitida el 18 de febrero de 2026, la Superintendencia de Compañías —organismo regulador de las empresas privadas— notificó a la editora de medios Gráficos Nacionales S.A. (Granasa) que será intervenida con el objetivo de “supervigilar la marcha económico-financiera y propiciar la corrección de las irregularidades advertidas”. La decisión se sustenta en la negativa de Granasa a entregar información financiera y administrativa sensible a la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, entidad estatal que posee el 2,56 % de las acciones. Según la resolución, la empresa sostuvo que documentos como informes de auditoría y estados financieros auditados están disponibles en sus oficinas; no obstante, negó el acceso a otros 23 documentos al considerar que, amparándose en el artículo 15 de la Ley de Compañías, existen “razones objetivas” para pensar que podría usarse con fines extrasociales o perjudicar los intereses de la compañía.
Se presume que esto proceso se vincula con el caso de presuntas irregularidades en la transferencia de un paquete accionario equivalente al 40 % de Granasa. Aunque el Reglamento de Intervención establece que esta es una medida temporal, el procedimiento podría habilitar acciones adicionales, incluida la toma de control transitoria de ese paquete por parte del ente regulador. En el pasado, la dirección de Granasa ha denunciado que estas medidas buscan presionar la línea editorial de los diarios Expreso y Extra, críticos del gobierno de Daniel Noboa. Cabe señalar que la Secretaría es, en teoría, independiente de la Superintendencia y ajena a la investigación sobre dicha transferencia. Además, el 14 de febrero, el presidente Noboa decretó la fusión de esta Secretaría dentro de la Presidencia de la República.
La intervención se hizo pública el 19 de febrero a través de redes sociales por organizaciones como Ecuador Chequea y Fundamedios, que calificó la decisión como desproporcionada y potencialmente orientada a alterar la línea editorial de ambos diarios. Adicionalmente, considerando que la Secretaría Técnica se encuentra actualmente bajo la autoridad directa del presidente Noboa, existe el riesgo de que en el futuro se impulsen nuevas acciones similares contra Granasa. Estas podrían ser utilizadas para legitimar intervenciones adicionales o la adopción de medidas administrativas que eventualmente deriven en sanciones contra la empresa.
Es la primera vez que, en el periodo legislativo 2025-2029, se archiva por unanimidad un proyecto de ley presentado por la bancada del movimiento oficialista ADN. Sin embargo, es importante considerar que en varios periodos legislativos se ha intentado reformar el art. 396 del Código Orgánico Integral Penal para dar una interpretación adicional a los conceptos de expresiones de descrédito o deshonra como contravenciones sancionadas por la ley.
Asambleísta presenta una propuesta de ley con potenciales efectos negativos a la libertad de expresión
El 15 de enero de 2026, la asambleísta Camila León, del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), presentó un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que modifica el artículo 396, relativo a las contravenciones por “expresiones de descrédito o deshonra”. Aunque el proyecto se presenta como una medida para proteger la libertad de expresión, expertos en derechos humanos y organizaciones civiles advierten que, en la práctica, mantiene abierta la vía penal para juzgar discursos sobre asuntos de interés público y críticas a funcionarios trasladando a un juez la facultad de determinar qué expresiones pueden ser sancionadas.
La reforma podría impactar de manera directa a quienes realizan crítica política, escrutinio ciudadano y trabajo de incidencia, afectando potencialmente a periodistas, medios de comunicación, activistas, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil que ejercen control social, denuncia pública e investigación sobre la gestión de funcionarios y autoridades. De entrar en vigencia, la reforma pone en riesgo la libertad de expresión y el principio de no criminalización del discurso crítico sobre funcionarios públicos, reconocidos por estándares constitucionales e interamericanos. Mantener el derecho penal como herramienta frente a la crítica genera un efecto inhibidor sobre el debate público y el control democrático.
Organizaciones de la sociedad civil como Fundamedios y el Observatorio de las Libertades Ciudadanas de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y juristas especializados han advertido que la propuesta amplía la discrecionalidad judicial y puede reactivar prácticas de intimidación contra la prensa y la ciudadanía crítica, debilitando el espacio cívico y la participación democrática.