Estado ordena nuevo bloqueo bancario contra un activista ambiental
El 1 de abril de 2026, el colectivo ambientalista Yasunidos denunció, a través de su cuenta en la red social X, que David Fajardo, activista medioambiental y coordinador del “Cabildo por el Agua de Cuenca”, fue objeto de un nuevo bloqueo de sus cuentas bancarias. Según esta denuncia, esta medida nuevamente se ampara en la reforma normativa introducida por la Ley Orgánica de Transparencia Social, que faculta a la autoridad de análisis financiero a inmovilizar fondos como medida cautelar ante la presunción del cometimiento de delitos financieros. Este bloqueo se produjo dos semanas después de que el Cabildo por el Agua presentara un recurso legal para que se evalúe la constitucionalidad de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía. En su comunicado, Yasunidos señaló además que Fajardo continúa con procesos abiertos por presunto enriquecimiento privado injustificado y financiamiento al terrorismo, impulsados por la Fiscalía General del Estado durante el Paro Nacional de septiembre de 2025.
Al igual que los bloqueos bancarios reportados en septiembre y octubre de 2025, estas acciones constituyen una vulneración al derecho de acceso libre a los fondos personales de quienes participan en la sociedad civil, y representan un intento de obstaculizar el ejercicio pleno de los derechos a la libertad de asociación y de reunión. Además, esta medida forma parte de los intentos del gobierno nacional por debilitar la oposición proveniente del movimiento indígena y organizaciones ambientalistas hacia su política extractiva.
Hasta el momento, no se han registrado pronunciamientos públicos sobre este caso por parte de otras organizaciones de la sociedad civil.

Reportaje vincula el asesinato de un defensor ambiental con intereses mineros
El 25 de febrero de 2026, un medio local de la provincia de El Oro reportó el asesinato de Manuel Cabrera en manos de un atacante armado no identificado. Cabrera fue uno de los principales gestores del “Área de Conservación Municipal y Uso Sostenible de El Guabo”, una zona de aproximadamente 300 hectáreas de bosque y fuentes hídricas que abastecen de agua potable a 100.000 personas. Dentro de esta área, además, desarrolló un emprendimiento de turismo sostenible que le permitía financiar sus actividades de conservación ambiental.
Inicialmente, el crimen fue atribuido al contexto de violencia que atraviesa la provincia de El Oro, donde organizaciones criminales recurren a la extorsión para sostener sus actividades. Sin embargo, un mes después, una investigación de Mongabay reveló que Cabrera no había recibido amenazas de grupos criminales, sino que, desde 2013, enfrentó presiones e intimidaciones vinculadas a intereses mineros asociados a la concesión “El Paraíso” para forzar la venta de su propiedad dentro del área protegida. Semanas antes de su muerte, presentó una denuncia ante el Ministerio del Ambiente y Energía por la apertura ilegal de una carretera y la tala de árboles frente a su terreno. La familia también denunció la falta de avances en la investigación, señalando que el agente policial a cargo solicitó un mes de vacaciones tras el crimen.
Este asesinato pone de manifiesto la debilidad del marco normativo e institucional del Estado ecuatoriano para proteger a defensores ambientales frente a agresiones de actores no estatales y garantizar investigaciones oportunas y efectivas. Asimismo, plantea serias alertas sobre cómo la crisis de seguridad puede contribuir a invisibilizar violencias vinculadas a conflictos socioambientales.
Tras la publicación del reportaje, organizaciones como el Frente Nacional Antiminero, a través del medio comunitario Kapari Comunicación, condenaron el asesinato y sostuvieron que el crimen estaría relacionado con la resistencia de Cabrera a los intereses mineros en su territorio.

Caricaturista renuncia a diario tras negarse injustificadamente a publicar varias caricaturas políticas
A través de una publicación en su perfil de X realizada el pasado 24 de marzo, el caricaturista Xavier Bonilla ‘Bonil’ anunció su salida del diario El Universo después de 31 años de trayectoria trabajando para este medio. Aunque argumentó su salida como “una decisión suya y libre“, posteriormente dió a conocer que el diario decidió no publicar varias de sus caricaturas, sin brindarle una justificación clara. En las caricaturas no difundidas, ‘Bonil’ hacía referencia a los problemas de abastecimiento de agua potable y electricidad en la provincia de Santa Elena, al asesinato del comunicador Robinson del Pezo después de denunciar supuestos actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos en la misma provincia, y la designación del estudiante de derecho Damián Larco como administrador del sistema judicial nacional, la intervención estatal de la empresa editorial Granasa, y sobre la crisis energética que actualmente vive el país.
Estos casos de autocensura editorial responden a la creciente hostilidad por parte del gobierno nacional hacia la libertad de expresión, especialmente cuando es ejercida por medios de comunicación privados que presentan posturas críticas hacia la administración del presidente Daniel Noboa. Además, potencialmente también responde a la reciente compra del diario El Universo por parte de un grupo de inversionistas extranjeros con participación en otros medios como El Comercio (Perú) y el diario argentino Clarín.
Organizaciones como Fundamedios manifestaron su preocupación ante esta noticia, advirtiendo la existencia de un “posible patrón de restricción editorial incompatible con los estándares democráticos”.