Event Summary
On 1 April 2026, the environmental collective Yasunidos reported via its account on the social network X that David Fajardo, an environmental activist and coordinator of the “Cabildo por el Agua de Cuenca,” was subject to a new freeze on his bank accounts. According to this report, the measure is once again based on the regulatory reform introduced by the Organic Law of Social Transparency, which empowers the financial analysis authority to immobilize funds as a precautionary measure under the presumption of financial crimes. This freeze occurred two weeks after the Cabildo por el Agua filed a legal appeal to evaluate the constitutionality of the Organic Law for the Strengthening of the Strategic Mining and Energy Sectors. In its statement, Yasunidos also noted that Fajardo continues to face ongoing legal proceedings for alleged unjustified private enrichment and financing of terrorism, initiated by the Office of the Attorney General during the National Strike of September 2025.
Like the bank freezes reported in September and October 2025, these actions constitute a violation of the right to free access to personal funds for those participating in civil society and represent an attempt to obstruct the full exercise of the rights to freedom of association and assembly. Furthermore, this measure forms part of the national government’s attempts to weaken opposition from indigenous movements and environmental organizations to its extractive policies.
To date, no public statements have been recorded on this case from other civil society organizations.
Estado ordena nuevo bloqueo bancario contra un activista ambientalEl 1 de abril de 2026, el colectivo ambientalista Yasunidos denunció, a través de su cuenta en la red social X, que David Fajardo, activista medioambiental y coordinador del “Cabildo por el Agua de Cuenca”, fue objeto de un nuevo bloqueo de sus cuentas bancarias. Según esta denuncia, esta medida nuevamente se ampara en la reforma normativa introducida por la Ley Orgánica de Transparencia Social, que faculta a la autoridad de análisis financiero a inmovilizar fondos como medida cautelar ante la presunción del cometimiento de delitos financieros. Este bloqueo se produjo dos semanas después de que el Cabildo por el Agua presentara un recurso legal para que se evalúe la constitucionalidad de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía. En su comunicado, Yasunidos señaló además que Fajardo continúa con procesos abiertos por presunto enriquecimiento privado injustificado y financiamiento al terrorismo, impulsados por la Fiscalía General del Estado durante el Paro Nacional de septiembre de 2025.Al igual que los bloqueos bancarios reportados en septiembre y octubre de 2025, estas acciones constituyen una vulneración al derecho de acceso libre a los fondos personales de quienes participan en la sociedad civil, y representan un intento de obstaculizar el ejercicio pleno de los derechos a la libertad de asociación y de reunión. Además, esta medida forma parte de los intentos del gobierno nacional por debilitar la oposición proveniente del movimiento indígena y organizaciones ambientalistas hacia su política extractiva.Hasta el momento, no se han registrado pronunciamientos públicos sobre este caso por parte de otras organizaciones de la sociedad civil.