Restricciones a las organizaciones sociales en el nuevo Reglamento de Ley Orgánica
El 28 de octubre de 2025, la Presidencia de la República emitió el Reglamento General a la Ley Orgánica de Transparencia Social. El reglamento, compuesto por 74 artículos, incluye disposiciones que prohíben a estas organizaciones intervenir, “directa ni indirectamente”, en actividades orientadas a “obstaculizar o interferir con proyectos mineros legalmente autorizados”. Aquellas organizaciones que incumplan con ello podrán ser sujetas a suspensión de su personería jurídica por un periodo de hasta cuatro años (artículo 4, incisos 6 y 7 del Reglamento). Asimismo, se establecen prohibiciones para destinar fondos de fuentes nacionales o internacionales con el fin de “promover, financiar o ejecutar acciones destinadas a la paralización de actividades mineras o de derechos mineros establecidos en la Ley de Minería” (Disposición General Sexta). El reglamento también exige que las organizaciones que ejecuten proyectos de monitoreo o auditoría de actividades mineras limiten su labor “exclusivamente a dichos objetivos” (Disposición General Séptima).
Estas disposiciones representan una vulneración al derecho de libertad de reunión y asociación, además de poner en riesgo a organizaciones ambientales y comunitarias que expresan preocupaciones legítimas sobre los impactos de la minería en sus territorios.
Hasta el momento no ha habido un pronunciamiento oficial por parte de organizaciones sociales o colectivos, aunque el tema ya ha comenzado a recibir cobertura en medios de comunicación cercanos a estos sectores.

Continúa el bloqueo de cuentas bancarias asociadas a organizaciones ambientales

El 13 de octubre de 2025, a través de su cuenta de X, el colectivo ambientalista Yasunidos denunció el bloqueo de la cuenta bancaria de su coordinador jurídico, David Fajardo, sin notificación previa ni orden judicial, en un contexto de crecientes restricciones financieras y judiciales contra organizaciones en Ecuador. Este hecho se suma a bloqueos similares ocurridos en el contexto del Paro convocado por el movimiento indígena y a otros casos como las denuncias de la Fundación Pachamama, que reportó la congelación de sus cuentas. Las organizaciones afectadas sostienen que estas acciones buscan obstaculizar su labor en la defensa de derechos de la naturaleza y las comunidades indígenas reprimidas en estas manifestaciones.

Periodistas son atacados por la fuerza pública durante manifestaciones

Durante el Paro Nacional convocado por el movimiento indígena y diversas organizaciones sociales, al 15 de octubre se han documentado más de 50 casos de agresiones a periodistas por parte de la Policía Nacional. En distintas zonas del país, comunicadores han sido víctimas de requisas (como Jorge Cano, de Wambra Medio Comunitario), agresiones físicas (Santiago Gil, de Ecuavisa), agresiones verbales y presiones para eliminar material audiovisual (Pamela Ledesma, de BN Periodismo), entre otras formas de violencia. Inclusive, el 14 de octubre se reportó el caso de Edison Muenala, periodista del canal comunitario Apak TV, quien recibió un disparo en el hombro y requirió atención médica urgente.
Estos casos de agresión contra periodistas evidencian un patrón sistemático de vulneración de derechos y libertades civiles fundamentales —en particular, la libertad de expresión y de prensa— por parte del Estado ecuatoriano, como respuesta a las manifestaciones convocadas en las últimas semanas y amparado en la vigencia del estado de excepción declarado por “grave conmoción interna”.

Organizaciones de defensa de la libertad de expresión como Fundamedios, Fundación Periodistas Sin Cadenas, y medios de comunicación comunitarios han manifestado su preocupación por el uso excesivo de la fuerza contra periodistas encargados de cubrir las movilizaciones que se dan a lo largo del país, exigiendo a las autoridades que inicien procesos de investigación y sanción en contra de aquellos involucrados en vulneraciones a la libertad de prensa y expresión.