On 21 April 2026, it became known that the Office of the Comptroller General of the State (CGE) implemented new requirements to access the sworn asset declarations of public officials in Ecuador. The institution’s system now requires all users to enter their national ID number, the issuance date of that document, and an email address in order to access them. Additionally, for a period of time, the requested declarations were downloaded with a watermark that included the requester’s full name, the date of the request, and their IP address. According to the institution’s website, the collection of this personal data is justified for reasons of “information security, control, authentication, access traceability, and prevention of misuse.”
The requirement to provide personally identifiable data and the individual traceability of searches may have a chilling effect on the use of this tool by journalists, researchers, and the general public. In other words, this change introduces barriers to public scrutiny and accountability, undermining transparency and access to information for social oversight. Furthermore, given the lack of clarity regarding how this data will be processed, the measure may violate the Organic Law on the Protection of Personal Data.
This measure comes amid growing public demand for oversight of national government officials allegedly involved in cases of corruption and negligence in the awarding of electricity generation contracts.
Organizations such as Fundación Ciudadanía y Desarrollo have issued statements calling for the removal of these new requirements, arguing that they violate the right to free access to public information and the protection of citizens’ personal data. Investigative journalists have also publicly questioned these changes on social media, highlighting their potential negative impact on public oversight of government administration.
Contraloría dificulta el acceso a declaraciones patrimoniales
El 21 de abril de 2026, se conoció que la Contraloría General del Estado (CGE) implementó nuevos requisitos para acceder a las declaraciones patrimoniales juradas de funcionarios públicos en Ecuador. Ahora, el sistema de esta institución exige a todas las personas ingresar su número de cédula de identidad, la fecha de expedición de este documento, y una dirección de correo electrónico para acceder a ellas. Adicionalmente, por un lapso de tiempo las declaraciones solicitadas se descargaban con una marca de agua que incluía el nombre completo del solicitante, la fecha de la solicitud y su dirección IP. Según el portal institucional, la recolección de estos datos personales se justifica por razones de “seguridad de la información, control, autenticación, trazabilidad de accesos y prevención de usos indebidos”.
La exigencia de datos personales identificables y la trazabilidad individual de las consultas puede generar un efecto disuasivo sobre el uso de esta herramienta por parte de periodistas, investigadores y ciudadanía en general. Es decir, este cambio introduce barreras al escrutinio público y a la rendición de cuentas, afectando la transparencia y el acceso a la información para el control social. Además, al no existir claridad sobre el tratamiento que van a recibir estos datos, se podría estar vulnerando la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.
Esta medida se produce en un contexto de mayor demanda ciudadana de fiscalización sobre funcionarios del gobierno nacional involucrados en presuntos casos de corrupción y negligencia en la adjudicación de contratos para generación eléctrica.
Organizaciones como Fundación Ciudadanía y Desarrollo emitieron pronunciamientos exigiendo la eliminación de estos nuevos requisitos, argumentando que esto vulnera el derecho al libre acceso a la información pública y la protección de datos personales de los ciudadanos. Periodistas de investigación también han cuestionado públicamente estos cambios a través de redes sociales, señalando su potencial impacto negativo sobre el control social a la administración pública.