On Tuesday, 23 June 2026, Chile’s Constitutional Court (TC) declared four key articles of the Protected Schools Act—one of the flagship initiatives of José Antonio Kast’s administration—to be unconstitutional. The ruling dismantled the punitive core of the bill by striking down provisions that had been at the center of the controversy during its legislative process.
Among the rejected provisions are: the requirement for schools to notify the Carabineros or the Investigative Police when a student refuses to have their backpack searched; the authority of law enforcement to search students’ clothing and belongings without a warrant from a prosecutor; a five-year ineligibility for free university tuition for students convicted of serious crimes; and the broad definition of acts that disrupt classes.
The ruling, which upheld challenges filed by opposition lawmakers, represents a significant setback for the executive branch and a victory for those who warned that these measures violated fundamental rights. The ruling party has already announced that it will attempt to overturn the ruling.
El Tribunal Constitucional declara inconstitucionales cuatro artículos de la Ley de Escuelas Protegidas
El martes 23 de junio de 2026, el Tribunal Constitucional (TC) de Chile declaró inconstitucionales cuatro artículos clave de la Ley de Escuelas Protegidas, una de las iniciativas emblemáticas del gobierno de José Antonio Kast. La sentencia desmanteló el núcleo punitivo del proyecto al invalidar disposiciones que habían estado en el centro de la controversia durante su tramitación legislativa.
Entre las normas declaradas inconstitucionales se encuentran: la obligación de los establecimientos educacionales de informar a Carabineros o a la Policía de Investigaciones (PDI) cuando un estudiante se niegue a que se revise su mochila; la facultad de las fuerzas policiales para registrar la ropa y las pertenencias de estudiantes sin una orden de la Fiscalía; la inhabilitación por cinco años para acceder a la gratuidad en la educación superior de estudiantes condenados por delitos graves; y la definición amplia de los actos que alteran el normal desarrollo de las clases.
La decisión del Tribunal, que acogió los requerimientos presentados por parlamentarios de oposición, representa un importante revés para el Poder Ejecutivo y una victoria para quienes habían advertido que estas medidas vulneraban derechos fundamentales. El partido gobernante ya anunció que buscará revertir el fallo.