Argentina — El gobierno decide no postularse al Consejo de Derechos Humanos de la ONU
El 1 de septiembre de 2025, el Gobierno argentino anunció que no presentará su candidatura para integrar el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, rompiendo con una tradición de más de cuatro décadas de participación activa en este órgano multilateral.
Diversas organizaciones de derechos humanos y sindicatos calificaron la decisión como un retroceso histórico y un debilitamiento de la política de Estado en materia de Memoria, Verdad y Justicia. Si bien Argentina seguirá obligada por los tratados internacionales de derechos humanos que ha ratificado, su ausencia en el Consejo implica pérdida de influencia en debates y votaciones clave y se suma a otras señales de retracción multilateral, como la decisión de retirarse de la Organización Mundial de la Salud.
La medida se enmarca en un contexto de discursos oficiales críticos hacia el sistema internacional de derechos humanos y hacia el multilateralismo en general. En su discurso ante la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2024, el presidente Javier Milei acusó a la ONU de imponer una “agenda ideológica” a sus miembros y de promover violaciones sistemáticas a la libertad durante las cuarentenas globales de 2020, llegando a sugerir que estas deberían ser consideradas crímenes de lesa humanidad. Asimismo, cuestionó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la inclusión de países como Cuba y Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos, enmarcando estos organismos dentro de lo que denominó una “agenda ideológica”.
Estas declaraciones refuerzan un clima de intolerancia y de deslegitimación hacia los organismos internacionales de derechos humanos, con implicaciones directas para la sociedad civil argentina. Organizaciones sociales han solicitado audiencias con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y con la CIDH frente a los ataques recibidos en materia de derechos laborales, el funcionamiento de comedores comunitarios y la violación de los derechos de los pueblos indígenas (Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT). Sin embargo, la decisión del gobierno argentino de no presentarse al Consejo reduce los espacios de incidencia y cooperación internacional para las organizaciones de la sociedad civil (OSC). A ello se suma la obstrucción o reducción de proyectos de asistencia técnica y financiera de agencias del sistema de Naciones Unidas desde la llegada al poder de la administración de La Libertad Avanza en diciembre de 2023.
Este retroceso diplomático constituye un deterioro del entorno. Si bien se trata de una decisión de política exterior, la combinación de retirada de espacios multilaterales, discursos de odio contra la ONU y la reducción del acceso de las OSC a cooperación técnica y financiera internacional tiene efectos indirectos preocupantes sobre el Principio 5 de la metodología EU SEE: cultura pública y discursos sobre la sociedad civil. En particular, debilita la cooperación internacional y erosiona la capacidad de las OSC argentinas para incidir en foros multilaterales y defender un entorno habilitante para la sociedad civil.
Argentina — Río Negro declara de interés público la exploración no convencional en “Cinco Saltos Sur” sin consulta ciudadana previa
Resumen
El 4 de agosto de 2025, el Gobierno de la provincia de Río Negro publicó el Decreto N.º 629/25 que declara de interés público la iniciativa privada de Pan American Energy (PAE) para explorar hidrocarburos no convencionales en el bloque “Cinco Saltos Sur”, que incluye parte del Lago Pellegrini. La medida autoriza el Concurso Público Nacional e Internacional N.º 01/25 y otorga a PAE derecho de preferencia en caso de igualar la mejor oferta. Según la comunicación oficial, el plan prevé una inversión inicial de US$ 8,5 millones en los primeros tres años, con la perforación de un pozo vertical de 3.000 m y una rama horizontal de 2.000 m, y en un escenario exitoso la provincia proyecta hasta 147 pozos horizontals.
Organizaciones sociales y comunidades locales denuncian la ausencia de participación ciudadana y de consulta previa, opacidad en estudios de impacto y una lógica de hechos consumados que margina a comunidades indígenas y campesinas, en contravención con estándares de consulta/consentimiento libre, previo e informado (Convenio 169 OIT / CLPI) y el Acuerdo de Escazú. En noviembre de 2024, el gobierno provincial ya había sido cuestionado por imponer unilateralmente un protocolo de “consulta” sin participación indígena. Estos déficits de participación se enmarcan en un patrón regional de expansión de no convencionales con instancias participativas débiles, ya observado en Vaca Muerta, incluyendo el caso Campo Maripe elevado a Naciones Unidas por organizaciones locales e internacionales por ausencia de CLPI y riesgos socioambientales.
Si bien el Gobierno provincial señala requisitos ambientales e hídricos (estudios de riesgo, sensibilidad ambiental y planes de contingencia), actores territoriales advierten impactos acumulativos sobre agua, salud, biodiversidad y modos de vida rurales/indígenas, en un contexto de criminalización y hostigamiento reportado contra comunidades mapuche en la Patagonia. Medios locales informan que el bloque abarca ~252 km² e incluye parte del Lago Pellegrini, con escasa información sísmica 2D y antecedentes de actividad hidrocarburífera desde 1979, elementos que incrementan la sensibilidad socioambiental del Proyecto. El 22 de julio de 2025, en audiencia ante la CIDH, representantes mapuche de Mendoza, Neuquén y Río Negro denunciaron un patrón sistemático de violaciones ligado al avance extractivo, solicitando medidas para evitar desalojos, restablecer protecciones y garantizar CLPI.
Por la falta de participación/consulta previa sustantiva y la debilitación de mecanismos de interlocución indígena, este caso muestra un deterioro del Principio 4 (Estado abierto y receptivo) del entorno habilitante, reduciendo la capacidad de incidencia y control social de comunidades y OSC en decisiones de alto impacto territorial y ambiental.
Policía intenta allanar sin orden judicial Asamblea de Ni Una Menos en Mendoza
El 2 de septiembre de 2025, agentes de la Policía de Mendoza intentaron ingresar sin orden judicial a una asamblea pacífica del movimiento Ni Una Menos en la sede de la Asociación Ecuménica de Cuyo. Las participantes denunciaron el hecho como un acto de intimidación que vulnera la libertad de reunión, asociación y participación política. Según el colectivo, los oficiales argumentaron que “corroboraban disturbios”, lo que fue percibido como una forma de hostigamiento institucional.
El episodio fue ampliamente denunciado en medios locales como COMECUCO (04.09.2025), El Editor Mendoza (04.09.2025), Diario Mendoza (03.09.2025) y Mendoza Today (04.09.2025). El colectivo Ni Una Menos además denunció formalmente el hostigamiento ante la Legislatura de Mendoza y presentó un Habeas Corpus Preventivo.
Organizaciones feministas resaltaron que el hecho ocurrió el mismo día en que se registró otro femicidio en la provincia, evidenciando la paradoja de una policía que intimida a quienes luchan contra la violencia de género en lugar de protegerlas.
Centralización y recortes en Radio Nacional reducen las voces provinciales; alertas por pluralismo y acceso a la información
Desde 2024 y con mayor intensidad en 2025, sindicatos y medios regionales denuncian un achicamiento del alcance federal de Radio Nacional: congelamiento salarial, recortes presupuestarios y de dotaciones, y reemplazo de contenidos locales por señales centralizadas desde Buenos Aires.
El 31 de julio de 2025, el Decreto 525/2025 formalizó la transformación de Radio y Televisión Argentina en Sociedad Anónima Unipersonal (RTA S.A.U.) bajo intervención, lo que —según trabajadores— habilita una mayor recentralización y eventual privatización. FATPREN y CiSPren advierten “apagones informativos” en zonas donde la radio pública es la única fuente confiable y citan casos como en Chubut, donde los recortes afectaron la mensajería rural.
En la Radio Nacional Esquel, se reporta retiro de contenidos FM locales y supresión de direcciones provinciales. El antecedente del cierre y reconversión de Télam en 2024 bajo el Decreto 548/2024 refuerza la preocupación por una erosión estructural del ecosistema de comunicación pública en Argentina.
La reducción del contenido regional y el silenciamiento de voces diversas debilitan la función democrática de los medios públicos, especialmente en un país caracterizado por su diversidad territorial. Las organizaciones de la sociedad civil, especialmente las que trabajan en contextos subnacionales o rurales, pierden espacios para difundir sus problemas, campañas o iniciativas. Esto disminuye su capacidad para influir en la agenda pública y deteriora el pluralismo, un valor esencial en cualquier democracia. También afecta al acceso equitativo a la información y a la representación mediática en las comunidades más alejadas de la capital federal.