Colombia

Colombia is a constitutional democracy with a broad legal framework for citizen participation—rooted in the 1991 Constitution, its legal developments, and reinforced by the 2016 Peace Agreement with the former FARC guerrilla. This framework includes mechanisms for access to information, spaces for citizen participation, and channels for public policy influence and legislative engagement at both national and territorial levels.

However, the enabling environment for civil society remains fragile and unequal. Threats persist against citizens and social organizations, particularly in regions affected by the presence of illegal armed groups. The criminalization of protest and the excessive use of force—especially evident during the 2021 social uprising—highlight these risks. This occurs within a broader context marked by racial and patriarchal biases, and a high concentration of power at the national level, which keeps institutions distant from communities.

These conditions are compounded by persistent authoritarian practices—including digital surveillance, selective prosecution, and the stigmatization of social mobilization—alongside the ongoing impacts of a prolonged armed conflict, which continues to affect rural and ethnic territories disproportionately. The constant threat against human rights defenders creates a climate of fear and self-censorship, which intensifies during electoral periods. The aforementioned uprising also revealed the relevance of informal participation spaces as a strong social demand.

Although civil society has put forward proposals to improve the enabling environment—such as guaranteeing the right to protest or expanding participation in territorial planning—these have received limited institutional response. Furthermore, existing participation spaces are often centralized, highly technocratic, and difficult to access due to language barriers and digital divides.

In light of this context, key strategic challenges include: regulating the right to protest and opening institutional channels to non-organized forms of participation; decentralizing decision-making processes; ensuring the protection of social leaders; transforming institutional spaces for public engagement; and strengthening pedagogical tools to make participation more accessible.

Despite these challenges, Colombian civil society remains active and resilient, leading processes of education, monitoring, and public advocacy, in a continued effort to expand civic space within a political and security landscape marked by profound difficulties.

ESPAÑOL

Colombia es una democracia constitucional con un marco normativo amplio para la participación ciudadana —fundamentado en la Constitución de 1991, sus desarrollos legales, y reforzado por el Acuerdo de Paz con las antiguas FARC en 2016— que contempla mecanismos de acceso a la información, espacios de participación ciudadana y canales de incidencia en políticas públicas y participación legislativa a nivel nacional y territorial.

No obstante, el entorno habilitante para la sociedad civil sigue siendo frágil y desigual. Persisten amenazas para la ciudadanía y las organizaciones sociales, especialmente en regiones afectadas por la presencia de grupos armados ilegales; hay criminalización de la protesta y uso excesivo de la fuerza, lo cual se evidenció especialmente durante el estallido social de 2021. Esto ocurre en un contexto marcado por sesgos raciales y patriarcales, y una alta concentración del poder en el nivel nacional, que mantiene distante a la institucionalidad de las comunidades.

A ello se suman prácticas autoritarias persistentes —vigilancia digital, judicialización selectiva y estigmatización de la movilización—, además de los efectos de un conflicto armado prolongado que afecta especialmente a territorios rurales y étnicos. La amenaza constante contra personas defensoras de derechos humanos genera un clima de miedo e inhibición, que se agudiza en contextos preelectorales. El estallido mencionado también mostró la importancia de los escenarios informales de participación como una demanda social.

Aunque la sociedad civil ha impulsado propuestas para cualificar el entorno habilitante —como la reglamentación garantista del derecho a la protesta o la ampliación de la participación en la planeación territorial— estas han recibido escasa respuesta institucional. Además, los espacios existentes suelen ser centralizados, tecnificados y poco accesibles, debido a barreras de lenguaje y brechas digitales.

Frente a lo anterior, los desafíos estratégicos incluyen: regular el derecho a la protesta y flexibilizar los canales institucionales para abrir la participación formal a espacios no organizativos; descentralizar la toma de decisiones; garantizar la protección a líderes sociales; transformar institucionalmente los espacios de incidencia; y fortalecer herramientas pedagógicas que los hagan accesibles.

A pesar de estos retos, la sociedad civil colombiana se mantiene activa y resiliente, articulando procesos de formación, monitoreo e incidencia pública, en una apuesta persistente por ampliar el espacio cívico en un entorno político y de seguridad con enormes desafíos.

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Foro Nacional por Colombia

Snapshots

Country snapshots capture the current state of the enabling environment for civil society and provide a quick overview of significant events and trends that have occurred over the past 4 months. Click on a component in the timeline to see the corresponding Enabling Environment Snapshot.

Alerts

The Early Warning Mechanism documents changes and critical trends in the enabling environment for civil society. The mechanism works by information-gathering work focusing on events that impact the enabling environment. The EU SEE consortium assess these events to trigger alerts indicating a downward or upward trend in the enabling environment.

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Incursiones armadas y proselitismo ilegal en centros educativos de Nariño y Cauca

El 24 de abril de 2026, la Defensoría del Pueblo informó de la presencia física de combatientes en escuelas rurales de municipios de Cauca y Nariño, donde se grabaron vídeos en los que se veía a grupos armados repartiendo material escolar y educativo a los niños. Al mismo tiempo, organizaciones como Save the Children y la coalición COALICO han advertido de un aumento del 23 % en el reclutamiento forzado en lo que va de año, y de que estas visitas a las escuelas se utilizan como método de reclutamiento y adoctrinamiento.

Las escuelas de las zonas rurales no son meras instituciones educativas, sino centros de reunión y de vida comunitaria. Por consiguiente, la presencia y la propaganda de los grupos armados en estos espacios socavan directamente las libertades fundamentales. La difusión de propaganda por parte de los grupos armados en las escuelas no ha sido una práctica habitual; esto suscita la preocupación de que pueda generalizarse con el tiempo y tener un impacto negativo en la democracia del país.

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Escalada de violencia en el suroeste de Colombia (Cauca y Valle)

Entre el 24 y el 26 de abril de 2026 se registraron 26 atentados terroristas coordinados. El incidente más grave tuvo lugar en la zona de «El Túnel», en Cajibío (Cauca), donde la detonación de un artefacto explosivo al pasar un vehículo tipo «chiva» por la Carretera Panamericana dejó un saldo de 21 civiles muertos y más de 50 heridos. Al mismo tiempo, se informó de un coche bomba en el Batallón Pichincha de Cali y de ataques con drones contra radares de control del tráfico aéreo en la región del Pacífico.

La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en respuesta a estos hechos, al igual que los senadores, en el que condenaban la violencia. Esta serie de acontecimientos pone de manifiesto una escalada del conflicto armado en la región y una presión cada vez mayor sobre las comunidades. Estos hechos están agravando considerablemente el estado de alerta que ha vivido el país en los últimos años, una situación que tiende a empeorar.

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