Colombia

Colombia is a constitutional democracy with a broad legal framework for citizen participation—rooted in the 1991 Constitution, its legal developments, and reinforced by the 2016 Peace Agreement with the former FARC guerrilla. This framework includes mechanisms for access to information, spaces for citizen participation, and channels for public policy influence and legislative engagement at both national and territorial levels.

However, the enabling environment for civil society remains fragile and unequal. Threats persist against citizens and social organizations, particularly in regions affected by the presence of illegal armed groups. The criminalization of protest and the excessive use of force—especially evident during the 2021 social uprising—highlight these risks. This occurs within a broader context marked by racial and patriarchal biases, and a high concentration of power at the national level, which keeps institutions distant from communities.

These conditions are compounded by persistent authoritarian practices—including digital surveillance, selective prosecution, and the stigmatization of social mobilization—alongside the ongoing impacts of a prolonged armed conflict, which continues to affect rural and ethnic territories disproportionately. The constant threat against human rights defenders creates a climate of fear and self-censorship, which intensifies during electoral periods. The aforementioned uprising also revealed the relevance of informal participation spaces as a strong social demand.

Although civil society has put forward proposals to improve the enabling environment—such as guaranteeing the right to protest or expanding participation in territorial planning—these have received limited institutional response. Furthermore, existing participation spaces are often centralized, highly technocratic, and difficult to access due to language barriers and digital divides.

In light of this context, key strategic challenges include: regulating the right to protest and opening institutional channels to non-organized forms of participation; decentralizing decision-making processes; ensuring the protection of social leaders; transforming institutional spaces for public engagement; and strengthening pedagogical tools to make participation more accessible.

Despite these challenges, Colombian civil society remains active and resilient, leading processes of education, monitoring, and public advocacy, in a continued effort to expand civic space within a political and security landscape marked by profound difficulties.

ESPAÑOL

Colombia es una democracia constitucional con un marco normativo amplio para la participación ciudadana —fundamentado en la Constitución de 1991, sus desarrollos legales, y reforzado por el Acuerdo de Paz con las antiguas FARC en 2016— que contempla mecanismos de acceso a la información, espacios de participación ciudadana y canales de incidencia en políticas públicas y participación legislativa a nivel nacional y territorial.

No obstante, el entorno habilitante para la sociedad civil sigue siendo frágil y desigual. Persisten amenazas para la ciudadanía y las organizaciones sociales, especialmente en regiones afectadas por la presencia de grupos armados ilegales; hay criminalización de la protesta y uso excesivo de la fuerza, lo cual se evidenció especialmente durante el estallido social de 2021. Esto ocurre en un contexto marcado por sesgos raciales y patriarcales, y una alta concentración del poder en el nivel nacional, que mantiene distante a la institucionalidad de las comunidades.

A ello se suman prácticas autoritarias persistentes —vigilancia digital, judicialización selectiva y estigmatización de la movilización—, además de los efectos de un conflicto armado prolongado que afecta especialmente a territorios rurales y étnicos. La amenaza constante contra personas defensoras de derechos humanos genera un clima de miedo e inhibición, que se agudiza en contextos preelectorales. El estallido mencionado también mostró la importancia de los escenarios informales de participación como una demanda social.

Aunque la sociedad civil ha impulsado propuestas para cualificar el entorno habilitante —como la reglamentación garantista del derecho a la protesta o la ampliación de la participación en la planeación territorial— estas han recibido escasa respuesta institucional. Además, los espacios existentes suelen ser centralizados, tecnificados y poco accesibles, debido a barreras de lenguaje y brechas digitales.

Frente a lo anterior, los desafíos estratégicos incluyen: regular el derecho a la protesta y flexibilizar los canales institucionales para abrir la participación formal a espacios no organizativos; descentralizar la toma de decisiones; garantizar la protección a líderes sociales; transformar institucionalmente los espacios de incidencia; y fortalecer herramientas pedagógicas que los hagan accesibles.

A pesar de estos retos, la sociedad civil colombiana se mantiene activa y resiliente, articulando procesos de formación, monitoreo e incidencia pública, en una apuesta persistente por ampliar el espacio cívico en un entorno político y de seguridad con enormes desafíos.

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Foro Nacional por Colombia

Snapshots

Country snapshots capture the current state of the enabling environment for civil society and provide a quick overview of significant events and trends that have occurred over the past 4 months. Click on a component in the timeline to see the corresponding Enabling Environment Snapshot.

Alerts

The Early Warning Mechanism documents changes and critical trends in the enabling environment for civil society. The mechanism works by information-gathering work focusing on events that impact the enabling environment. The EU SEE consortium assess these events to trigger alerts indicating a downward or upward trend in the enabling environment.

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El riesgo de violencia política en vísperas de las elecciones presidenciales, a pesar de que las elecciones parlamentarias se desarrollaron de forma relativamente pacífica

Aunque las elecciones parlamentarias del 8 de marzo de 2026 se celebraron en un ambiente relativamente tranquilo en la mayor parte del país, persiste un clima de riesgo de cara a las próximas elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026. Las autoridades nacionales y los organismos de control, como la Defensoría del Pueblo, han advertido de que las condiciones estructurales que propician la violencia política no han desaparecido, especialmente en las zonas donde hay presencia de grupos armados ilegales.En este contexto, el Gobierno nacional ha anunciado el refuerzo de las medidas de seguridad para los candidatos presidenciales, así como medidas adicionales de protección y vigilancia territorial. Estas medidas incluyen el refuerzo de los dispositivos de seguridad, la coordinación interinstitucional y el seguimiento de las alertas tempranas para prevenir posibles ataques, amenazas o injerencias en el proceso electoral. Las organizaciones de la sociedad civil, en particular la Misión Electoral Colombiana, han señalado que, aunque la jornada electoral anterior demostró avances en la mitigación de riesgos, es necesario mantener y reforzar las medidas preventivas para garantizar unas condiciones justas y seguras para las elecciones presidenciales.

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Evaluación de la integridad y resultados de las elecciones legislativas en ColombiaEl 8 de marzo se celebraron elecciones al Congreso de la República y consultas interpartidistas en Colombia. A continuación se presentan algunos de los aspectos más destacados de los resultados preliminares de la jornada:Resultados legislativos (a fecha de 10 de marzo de 2026, con el 99 % de los votos escrutados): El partido gobernante, Pacto Histórico, se confirmó como la fuerza líder con el 22,8 % de los votos (aproximadamente 25 escaños), seguido por el Centro Democrático con el 15,6 % (17 escaños) y el Partido Liberal con el 11,7 % (12 escaños).Ganadores de las consultas: Se confirmaron las candidaturas presidenciales de Paloma Valencia (eje centro-derecha, 3,2 millones de votos), Claudia López (centro, 594 000 votos) y Roy Barreras (centro, 568 000 votos).
  • Irregularidades: La Misión de Observación Electoral recibió 449 denuncias de irregularidades en 151 municipios. Los departamentos con más denuncias fueron Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y Bogotá. Se informó de 68 detenciones, junto con la incautación de 3626 millones de pesos en efectivo presuntamente destinados a la compra de votos, con puntos críticos en Montería, Cartagena y Buenaventura. Se produjeron retrasos en 286 colegios electorales debido a la falta de personal, y siete colegios electorales de Chocó y Córdoba fueron reubicados debido a las condiciones meteorológicas.
La participación electoral alcanzó el 50 % del potencial electoral, superando ligeramente los resultados de las elecciones legislativas de 2022.Las organizaciones de la sociedad civil supervisarán el recuento final de votos para detectar discrepancias entre el recuento preliminar y los registros E-14.
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Continúan alertas de riesgo extremo y alto de violencia e irregularidades en 339 municipios de cara a las elecciones del 8 de marzoLa Misión de Observación Electoral (MOE), una organización de la sociedad civil especializada en el seguimiento electoral, advirtió que 339 municipios del país se encuentran en situación de riesgo extremo y alto debido a la violencia asociada a los actores armados ilegales, en vísperas de las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026.Según el Ministerio de Educación, existen alertas específicas sobre posibles interferencias de grupos armados en la elección de los escaños de paz, creados para garantizar la representación política de las víctimas del conflicto. La organización ha señalado que estas estructuras pueden influir en el proceso mediante la intimidación, el control territorial, la cooptación de candidatos o las restricciones a la movilidad de los votantes. Además, los medios de comunicación nacionales han informado de ataques y amenazas contra candidatos al Congreso en la última semana, así como de advertencias persistentes sobre posibles fraudes electorales, migración de votantes y riesgos para la seguridad de las campañas y los votantes. Los candidatos Andrés Vásquez y Ana Guetio fueron detenidos por personas no identificadas durante la semana del 27 de febrero de 2026.El Ministerio del Interior ha hecho hincapié en la necesidad de reforzar las medidas de seguridad, garantizar una presencia institucional efectiva y asegurar que las comunidades puedan votar libremente, sin presiones armadas ni manipulaciones del proceso electoral.

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