En Bolivia, la sociedad civil juega un papel crucial en la promoción de valores democráticos y la consolidación democrática. Para cumplir este rol es esencial un ambiente habilitante que garantice libertades cívicas, un marco legal favorable y recursos accesibles. Un entorno propicio permite a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) influir en decisiones gubernamentales, promover la justicia social y contribuir al desarrollo democrático.

El año 2024 estuvo marcado por una crisis política, económica, ambiental y social, producto de los incendios —que consumieron más de 12,6 millones de hectáreas—, la escasez de dólares, la inflación, la falta de combustible y la debilidad institucional, sobre todo en justicia. A esto se suman una profunda fragmentación política y la incertidumbre ante las elecciones presidenciales de 2025 y subnacionales de 2026.

Según el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS, en 2024 se registró un aumento del 19% en las vulneraciones a la institucionalidad democrática, el derecho a defender derechos y las libertades fundamentales frente a 2023. El incremento se debe sobre todo a vulneraciones a la institucionalidad democrática (57% del total), los derechos de defensoras y defensores, y la libertad de reunión y protesta; la libertad de prensa se mantiene en segunda categoría (17%). Aunque se observó una disminución porcentual en las vulneraciones a la libertad de asociación y de expresión (70% y 17%, respectivamente), las condiciones para las OSC siguen deteriorándose.