En Bolivia, la sociedad civil juega un papel crucial en la promoción de valores democráticos y en la consolidación democrática. Para cumplir este rol, es esencial un ambiente habilitante que garantice libertades cívicas, un marco legal favorable y recursos accesibles. Un entorno propicio permite a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) influir de manera positiva en decisiones gubernamentales, promover la justicia social y contribuir al desarrollo democrático del país, lo cual es vital para superar los desafíos políticos y sociales que enfrenta Bolivia.

El año 2024 en Bolivia estuvo marcado por una compleja intersección de crisis política, económica, ambiental y social, producto de los incendios- que dejaron más de 12,6 millones de hectáreas consumidas-, la escasez de dólares, la inflación, la falta de combustible y la debilidad institucional de órganos del Estado, principalmente en el ámbito de justicia. A esto se suma una profunda fragmentación política, tanto en el oficialismo como en la oposición, y una creciente incertidumbre sobre el futuro del país con miras a las elecciones presidenciales de 2025 y las subnacionales de 2026.

En este contexto, según el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS, en 2024 se registró un aumento del 19% en las vulneraciones a la institucionalidad democrática, el derecho a defender derechos y las libertades fundamentales en comparación con 2023. Este incremento se debe principalmente a un mayor número de casos de vulneraciones a la institucionalidad democrática (57% de total), los derechos de defensoras y defensores de derechos, y la libertad de reunión y protesta, la libertad de prensa se mantiene en la segunda categoría (17%) con más registros en 2024. Aunque se observó una disminución porcentual en las vulneraciones a la libertad de asociación y la libertad de expresión (70% y 17%, respectivamente), las condiciones para las OSC siguen deteriorándose.