Proyecto de Ley 25.129 busca evitar abuso para ONGs por regulaciones contra el financiamiento del terrorismo
El Proyecto de Ley N.º 25129 propone una reforma a la Ley N.º 7786 (Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo) con el objetivo de fortalecer el cumplimiento de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en particular la Recomendación 8, relativa a la protección de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) frente a los riesgos de financiamiento del terrorismo.
El proyecto de ley fue presentado el 5 de agosto de 2025 y actualmente se encuentra en la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico. Hasta la fecha, no hay una fecha específica prevista para su discusión en el Plenario Legislativo. Se abrió un proceso de consultas públicas sobre el proyecto de ley, lo que conduce a audiencias.
A diferencia de enfoques restrictivos aplicados en otros contextos, esta iniciativa busca introducir un marco basado en el riesgo, proporcional y no discriminatorio, alineado con los estándares internacionales más recientes. El proyecto reconoce explícitamente que las OSFL no deben ser tratadas como un sector homogéneo ni inherentemente riesgoso, y que las medidas de supervisión deben diferenciarse según el tipo de organización, su tamaño, sus actividades y su exposición real a riesgos.
Asimismo, procura evitar cargas administrativas excesivas que puedan obstaculizar la operación legítima de la sociedad civil, al tiempo que fortalece los mecanismos de transparencia y debida diligencia.
En el contexto costarricense, esta reforma representa una señal positiva hacia la armonización entre la seguridad financiera y las libertades cívicas, contribuyendo a un entorno normativo más claro, predecible y respetuoso del rol fundamental que desempeñan las OSFL en el desarrollo social, ambiental y democrático del país.
La nueva subasta de licencias de radio y televisión, aunque actualmente suspendida por la Sala Constitucional, amenaza con perjudicar la diversidad de los medios de comunicación. El 24 de junio de 2024, el Gobierno instruyó a la SUTEL a iniciar un proceso de subasta para actualizar los precios de concesión y modernizar la gestión del espectro radioeléctrico debido a que las concesiones de radio y televisión actuales se mantienen con precios muy bajos, fijados hace décadas. El proceso lanzó oficialmente el 5 de noviembre de 2025, y MICITT lo destacó como un paso para fortalecer la transparencia y la democratización del espectro.
Sin embargo, el diseño del concurso generó una fuerte controversia. La SUTEL definió los precios base mediante benchmarking con subastas en otros países, incluyendo Estados Unidos, lo que produjo montos de entrada inusualmente altos para el mercado costarricense. Diversos especialistas señalaron que no se realizaron estudios suficientes sobre la capacidad económica de los operadores locales.
Cuando cerró el plazo para presentar ofertas, el 21 de noviembre de 2025, solo habían propuestas para 4 canales de televisión y 21 frecuencias de radio, dejando desiertas la mayoría de las frecuencias regionales, culturales y comunitarias. Esto implicaba la posible desaparición de numerosos medios locales incapaces de asumir los altos costos.
Organizaciones como IPLEX (25 de noviembre de 2025) denunciaron que el proceso constituía “un golpe a la libertad de expresión”, pues los altos precios y requisitos técnicos favorecían exclusivamente a los grandes conglomerados, generando riesgos de concentración mediática y reduciendo la pluralidad informativa. La Cámara Nacional de Radio (CANARA) y la Universidad de Costa Rica también solicitaron suspender el proceso, advirtiendo el impacto sobre medios religiosos, culturales, PYMES y comunitarios.
El 26 de noviembre de 2025, la Sala Constitucional ordenó la suspensión cautelar de la subasta al considerar que existía un riesgo de “daños severos” para el ecosistema de radiodifusión, dada la baja participación y el impacto potencial sobre el acceso a información y la libertad de expresión.