Costa Rica

Civil society actors in Costa Rica operate in an increasingly complex environment, marked by institutional tensions, shifting public perceptions, and a decisive electoral moment ahead of the February 2026 elections. The upcoming national elections – where the Presidency, Vice-Presidencies, and the Legislative Assembly will be chosen – have amplified political polarization dynamics, compounded by public insecurity, pressures on the media, and socioeconomic challenges. For civil society organisations (CSOs), this results in scarce dialogue with government authorities and a limited margin of influence.

This situation is further aggravated by the sustained decline in public approval of President Rodrigo Chaves’ government, whose rating has dropped significantly. At the same time, concern about insecurity and crime continues to rise and has become the country’s main public worry, deepening an atmosphere of distrust and social tension.

On the economic front, Costa Rica has been reclassified as a high-income country, which has led to reduction of international development funding. This threatens the financial sustainability of many grassroots organisations working on human rights, the environment, gender equality, or rural territories. Despite the high-income status, deep inequalities still persist, particularly affecting Indigenous communities, Afro-descendant populations, and rural women, making equal access to opportunities more difficult. In the 2024 Bertelsmann Stiftung (BTI) report, Costa Rica shows a worrying decline in key indicators related to equality and inclusion. The report highlights a deterioration in the country’s performance on socioeconomic barriers over recent years, as well as persistent gaps reflected in its gender inequality score. These findings underscore that, despite the country’s democratic strengths, significant structural obstacles remain for achieving equitable participation and equal access to opportunities for all population groups.

Despite these challenges, Costa Rican civil society continues to demonstrate resilience. Organisations remain central actors in defending fundamental freedoms, promoting transparency, influencing public policy, and protecting spaces for civic participation. In an electoral cycle as critical as 2026, strengthening their organisational capacity, ensuring sustainable financing, and consolidating their public legitimacy are key elements to guarantee that they can operate effectively and safeguard democratic participation.

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Snapshots

Country snapshots capture the current state of the enabling environment for civil society and provide a quick overview of significant events and trends that have occurred over the past 4 months. Click on a component in the timeline to see the corresponding Enabling Environment Snapshot.

Alerts

The Early Warning Mechanism documents changes and critical trends in the enabling environment for civil society. The mechanism works by information-gathering work focusing on events that impact the enabling environment. The EU SEE consortium assess these events to trigger alerts indicating a downward or upward trend in the enabling environment.

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Proyecto de Ley 25.129 busca evitar abuso para ONGs por regulaciones contra el financiamiento del terrorismoEl Proyecto de Ley N.º 25129 propone una reforma a la Ley N.º 7786 (Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo) con el objetivo de fortalecer el cumplimiento de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en particular la Recomendación 8, relativa a la protección de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) frente a los riesgos de financiamiento del terrorismo.El proyecto de ley fue presentado el 5 de agosto de 2025 y actualmente se encuentra en la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico. Hasta la fecha, no hay una fecha específica prevista para su discusión en el Plenario Legislativo. Se abrió un proceso de consultas públicas sobre el proyecto de ley, lo que conduce a audiencias.A diferencia de enfoques restrictivos aplicados en otros contextos, esta iniciativa busca introducir un marco basado en el riesgo, proporcional y no discriminatorio, alineado con los estándares internacionales más recientes. El proyecto reconoce explícitamente que las OSFL no deben ser tratadas como un sector homogéneo ni inherentemente riesgoso, y que las medidas de supervisión deben diferenciarse según el tipo de organización, su tamaño, sus actividades y su exposición real a riesgos.Asimismo, procura evitar cargas administrativas excesivas que puedan obstaculizar la operación legítima de la sociedad civil, al tiempo que fortalece los mecanismos de transparencia y debida diligencia.En el contexto costarricense, esta reforma representa una señal positiva hacia la armonización entre la seguridad financiera y las libertades cívicas, contribuyendo a un entorno normativo más claro, predecible y respetuoso del rol fundamental que desempeñan las OSFL en el desarrollo social, ambiental y democrático del país.

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La nueva subasta de licencias de radio y televisión, aunque actualmente suspendida por la Sala Constitucional, amenaza con perjudicar la diversidad de los medios de comunicación. El 24 de junio de 2024, el Gobierno instruyó a la SUTEL a iniciar un proceso de subasta para actualizar los precios de concesión y modernizar la gestión del espectro radioeléctrico debido a que las concesiones de radio y televisión actuales se mantienen con precios muy bajos, fijados hace décadas. El proceso lanzó oficialmente el 5 de noviembre de 2025, y MICITT lo destacó como un paso para fortalecer la transparencia y la democratización del espectro.Sin embargo, el diseño del concurso generó una fuerte controversia. La SUTEL definió los precios base mediante benchmarking con subastas en otros países, incluyendo Estados Unidos, lo que produjo montos de entrada inusualmente altos para el mercado costarricense. Diversos especialistas señalaron que no se realizaron estudios suficientes sobre la capacidad económica de los operadores locales.Cuando cerró el plazo para presentar ofertas, el 21 de noviembre de 2025, solo habían propuestas para 4 canales de televisión y 21 frecuencias de radio, dejando desiertas la mayoría de las frecuencias regionales, culturales y comunitarias. Esto implicaba la posible desaparición de numerosos medios locales incapaces de asumir los altos costos.Organizaciones como IPLEX (25 de noviembre de 2025) denunciaron que el proceso constituía “un golpe a la libertad de expresión”, pues los altos precios y requisitos técnicos favorecían exclusivamente a los grandes conglomerados, generando riesgos de concentración mediática y reduciendo la pluralidad informativa. La Cámara Nacional de Radio (CANARA) y la Universidad de Costa Rica también solicitaron suspender el proceso, advirtiendo el impacto sobre medios religiosos, culturales, PYMES y comunitarios.El 26 de noviembre de 2025, la Sala Constitucional ordenó la suspensión cautelar de la subasta al considerar que existía un riesgo de “daños severos” para el ecosistema de radiodifusión, dada la baja participación y el impacto potencial sobre el acceso a información y la libertad de expresión.

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