El Gobierno argentino anunció un sistema de inteligencia artificial para integrar datos sociales sin informar sus alcances ni garantías de protección

El 29 de mayo de 2026, el gobierno argentino anunció la creación del denominado “Gemelo Digital Social”, una herramienta de inteligencia artificial destinada a integrar datos de distintos organismos del Estado con el objetivo de anticipar comportamientos sociales y optimizar políticas públicas. Según la información difundida oficialmente, el sistema utilizaría datos reales de la población para construir simulaciones y escenarios predictivos. Sin embargo, las autoridades no han informado qué datos serán utilizados, cuáles serán las fuentes específicas, qué mecanismos de protección existirán ni cómo se garantizará el cumplimiento de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales. La falta de información pública sobre la arquitectura del sistema, las fuentes de datos involucradas y los mecanismos de supervisión independiente dificulta evaluar adecuadamente su compatibilidad con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, transparencia y protección de la privacidad. Ante esta situación, la Fundación Vía Libre presentó una pedido formal de acceso a la información pública solicitando precisiones sobre el proyecto.

Especialistas en derechos digitales y protección de datos advirtieron que la iniciativa podría afectar derechos fundamentales vinculados a la privacidad, la autodeterminación informativa y la transparencia estatal. Además, señalaron riesgos asociados al uso de sistemas predictivos opacos, sesgos algorítmicos, elaboración indebida de perfiles de personas y posibles usos de vigilancia social. El uso de sistemas de inteligencia artificial alimentados por grandes volúmenes de datos estatales puede generar riesgos de vigilancia masiva. Las organizaciones de la sociedad civil podrían verse particularmente afectadas si estas herramientas fueran utilizadas para monitorear comportamientos colectivos, identificar patrones de movilización social o clasificar poblaciones según criterios no transparentes. La preocupación se ve reforzada por evidencias recientes sobre la incorporación de tecnologías de monitoreo y ciberpatrullaje por parte del Estado argentino.

Organizaciones de la sociedad civil, académicos y legisladores ya han iniciado acciones de control institucional y reclaman información pública para evaluar el impacto de esta medida sobre las garantías democráticas y los derechos de la ciudadanía.

Hostigamiento del Presidente Milei y su partido gobernante hacia los periodistas

Durante el fin de semana de Pascuas de 2026, el presidente argentino Javier Milei publicó y replicó cerca de 1000 mensajes en redes sociales con contenido hostil hacia periodistas y medios de comunicación. Estas publicaciones incluyeron insultos, acusaciones de operaciones coordinadas y deslegitimación generalizada del periodismo como actor social. El volumen, la intensidad y la concentración temporal de los mensajes refuerzan el carácter sistemático de esta práctica.

Durante los últimos dos meses, esta deslegitimación ha ido en aumento. En el contexto de un conflicto por las filmaciones en la sede de Gobierno (que llevaron al cierre temporal de la sala de periodistas de la Casa Rosada entre el 23 de abril y el 3 de mayo de 2026), Milei llamó a los periodistas “basura” en una publicación en X. Los periodistas que estaban filmando únicamente en espacios públicos también fueron acusados de espionaje, cargos que posteriormente fueron desestimados por la justicia. Además, el uso del acrónimo “NOL$ALP” (“No odiamos lo suficiente a los periodistas”) se ha instalado cada vez más en la narrativa gubernamental: el jefe de Estado y su militancia digital han masificado su uso en redes para coordinar el cuestionamiento a la prensa tradicional.

En paralelo, se registraron otras medidas recientes que afectan el ejercicio periodístico, como restricciones al acceso de periodistas a espacios institucionales y el debilitamiento estructural de los medios, por ejemplo, mediante la centralización y los recortes presupuestarios en Radio Nacional. Este conjunto de acciones contribuye a un deterioro significativo del ecosistema informativo, afectando directamente la circulación de la información e, indirectamente, la capacidad de las organizaciones sociales para visibilizar sus agendas e influir. La difusión masiva de mensajes hostiles desde la máxima autoridad del Estado erosiona la legitimidad del periodismo e incrementa el riesgo de hostigamiento, lo que puede llevar a la autocensura y a una reducción de la pluralidad de voces. Organizaciones defensoras de la libertad de expresión, como el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y Amnistía Internacional, emitieron alertas advirtiendo que este nivel de hostigamiento presidencial — impulsado por milicias digitales — genera un clima de agresión generalizada y regresión institucional en el país.