La persecución de periodistas y profesionales de la comunicación limita aún más la libertad de prensa
El ejercicio de la libertad de prensa en Honduras se ha visto gravemente afectado por una serie de casos de persecución física y judicial, así como por campañas de desprestigio, observadas a principios de 2026. El 18 de febrero de 2026, el comunicador social Mauricio Ortega fue citado por la Secretaría Municipal del Juzgado de Paz del departamento de Cortés. Ortega considera que la citación forma parte de un proceso en curso de criminalización de su labor periodística, relacionada con la verificación periodística de las denuncias de los estudiantes de una escuela y la difusión de información sobre irregularidades locales. Este es el tercer caso contra comunicadores en los primeros meses de 2026: el primero fue contra el comunicador Henry Torres, en Ocotepeque, y el segundo contra Olman del Arca, en las Islas de la Bahía.
En Honduras, la represión de la libertad de prensa, ya sea mediante la criminalización o la violencia física, no solo silencia una voz individual, sino que también asfixia el ambiente habilitante para la sociedad civil al socavar el pilar de la vigilancia ciudadana. La impunidad frente a la violencia contra los periodistas sigue siendo generalizada, y cada vez son más los periodistas que se ven obligados a abandonar sus comunidades o el país para salvaguardar sus vidas.
La criminalización de quienes comunican hechos de interés público no solo viola el derecho a la libertad de expresión, sino que también viola el derecho de toda la población a estar informada, limitando la rendición de cuentas y debilitando los espacios de diálogo con el Estado. Cuando el sistema judicial se utiliza para perseguir en lugar de proteger, y el Mecanismo Nacional de Protección no logra resguardar a los periodistas frente a la violencia, la responsabilidad de garantizar la seguridad recae sobre los propios comunicadores, debilitando así la estructura democrática en su conjunto. En este contexto, la violencia no es un hecho aislado, sino la consecuencia de una falla sistémica, en la que el Estado no solo no protege a los periodistas, sino que permite que la violencia se convierta en una herramienta de gestión política, e incluso el propio Estado participa en el hostigamiento discursivo.
La estigmatización y las campañas de odio en redes sociales generan un “efecto de silenciamiento” en la cobertura de temas sensibles. Además, al atacar a quienes informan, se corta el flujo de información necesario para que la sociedad civil denuncie abusos, lo que conduce a la autocensura colectiva y al debilitamiento de la vigilancia ciudadana. En este escenario, la protección de los comunicadores se convierte en la última línea de defensa para mantener vivas la participación y la libertad en el espacio público.
Interferencia pública de Estados Unidos y fallas en el conteo aumentan la tensión y el riesgo para la democracia en Honduras
Durante el proceso de elecciones generales de noviembre de 2025 en Honduras, se han registrado fuertes señales de injerencia externa y anomalías en el escrutinio que incrementan la fragilidad democrática y el riesgo para el espacio cívico. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó públicamente al candidato Nasry “Tito” Asfura a través de sus redes sociales, calificándolo como “el único verdadero amigo de la libertad”. En otro mensaje, Trump exigió que las autoridades “no cambien los resultados” y advirtió sobre “consecuencias graves” si no se respetaba la victoria de Asfura. Asimismo, anunció que indultaría al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en Estados Unidos.
Estas declaraciones ocurrieron en un contexto de conteo extremadamente ajustado, interrupciones en el sistema de transmisión de resultados contratado a una empresa externa, y denuncias de manipulación o adulteración de actas provenientes de diversos sectores sociales y políticos. También se reportaron retrasos, contradicciones e inconsistencias en la información oficial del Consejo Nacional Electoral. Frente a este escenario, organizaciones de la sociedad civil alertan sobre el aumento de la desconfianza ciudadana, la polarización y el riesgo de confrontación social.
La combinación de injerencia pública proveniente de un gobierno extranjero, presiones discursivas sobre la validez del resultado y fallas sin explicación técnica suficiente debilita la confianza en el derecho al voto libre, afecta la independencia de las autoridades electorales y crea un entorno más hostil para el trabajo de las organizaciones que defienden la democracia y los derechos humanos en Honduras.