The exercise of press freedom in Honduras has been severely impacted by a series of cases of physical, judicial persecution, and smear campaigns observable in early 2026. On 18 February 2026, social communicator Mauricio Ortega was summoned by the Municipal Secretariat the Justice of the Peace in department of Cortés. Ortega considers the summons part of an ongoing process of criminalizing his work regarding the journalistic verification of student complaints in a school and spreading information about local irregularities. This is the third case against communicators in the first months of 2026: the first was against the communicator, Henry Torres, in Ocotepeque, and the second against Olman del Arca, in Islas de la Bahía.
In Honduras, the repression of freedom of press, through criminalization or physical violence, not only silences an individual voice, but also suffocates the enabling environment of civil society by tearing down the pillar of citizen oversight. Impunity for violence against journalists is still widespread and a growing number of journalists are forced to leave their communities or the country to safeguard their lives.
The criminalization of those who communicate facts of public interest not only violates the right to freedom of expression, it also violates the right of the entire population to be informed, limiting accountability and breaking down avenues of dialogue with the state. When the judicial system is used to persecute rather than protect and the National Protection Mechanism fails to protect journalists from violence, the burden to guarantee security is shifted to the journalists and the democratic structure as a whole is weakened. In this context, violence is not an isolated event, but the consequence of a systemic failure, where the State not only fails to protect journalists from violence but rather violence becomes a tool of political management and the state sometimes participates in discursive harassment. Stigmatization and hate campaign through social media generate a “silencing effect” in the coverage of sensitive issues. Furthermore, by attacking those who report, the flow of information necessary for civil society to denounce abuses is cut off, which leads to collective self-censorship and a weakening of citizen oversight. In this scenario, the protection of communicators becomes the last line of defense to keep participation and freedom alive in the public space.
La persecución de periodistas y profesionales de la comunicación limita aún más la libertad de prensa
El ejercicio de la libertad de prensa en Honduras se ha visto gravemente afectado por una serie de casos de persecución física y judicial, así como por campañas de desprestigio, observadas a principios de 2026. El 18 de febrero de 2026, el comunicador social Mauricio Ortega fue citado por la Secretaría Municipal del Juzgado de Paz del departamento de Cortés. Ortega considera que la citación forma parte de un proceso en curso de criminalización de su labor periodística, relacionada con la verificación periodística de las denuncias de los estudiantes de una escuela y la difusión de información sobre irregularidades locales. Este es el tercer caso contra comunicadores en los primeros meses de 2026: el primero fue contra el comunicador Henry Torres, en Ocotepeque, y el segundo contra Olman del Arca, en las Islas de la Bahía.En Honduras, la represión de la libertad de prensa, ya sea mediante la criminalización o la violencia física, no solo silencia una voz individual, sino que también asfixia el ambiente habilitante para la sociedad civil al socavar el pilar de la vigilancia ciudadana. La impunidad frente a la violencia contra los periodistas sigue siendo generalizada, y cada vez son más los periodistas que se ven obligados a abandonar sus comunidades o el país para salvaguardar sus vidas.La criminalización de quienes comunican hechos de interés público no solo viola el derecho a la libertad de expresión, sino que también viola el derecho de toda la población a estar informada, limitando la rendición de cuentas y debilitando los espacios de diálogo con el Estado. Cuando el sistema judicial se utiliza para perseguir en lugar de proteger, y el Mecanismo Nacional de Protección no logra resguardar a los periodistas frente a la violencia, la responsabilidad de garantizar la seguridad recae sobre los propios comunicadores, debilitando así la estructura democrática en su conjunto. En este contexto, la violencia no es un hecho aislado, sino la consecuencia de una falla sistémica, en la que el Estado no solo no protege a los periodistas, sino que permite que la violencia se convierta en una herramienta de gestión política, e incluso el propio Estado participa en el hostigamiento discursivo.La estigmatización y las campañas de odio en redes sociales generan un “efecto de silenciamiento” en la cobertura de temas sensibles. Además, al atacar a quienes informan, se corta el flujo de información necesario para que la sociedad civil denuncie abusos, lo que conduce a la autocensura colectiva y al debilitamiento de la vigilancia ciudadana. En este escenario, la protección de los comunicadores se convierte en la última línea de defensa para mantener vivas la participación y la libertad en el espacio público.