Restricciones a las organizaciones sociales en el nuevo Reglamento de Ley Orgánica
El 28 de octubre de 2025, la Presidencia de la República emitió el Reglamento General a la Ley Orgánica de Transparencia Social. El reglamento, compuesto por 74 artículos, incluye disposiciones que prohíben a estas organizaciones intervenir, “directa ni indirectamente”, en actividades orientadas a “obstaculizar o interferir con proyectos mineros legalmente autorizados”. Aquellas organizaciones que incumplan con ello podrán ser sujetas a suspensión de su personería jurídica por un periodo de hasta cuatro años (artículo 4, incisos 6 y 7 del Reglamento). Asimismo, se establecen prohibiciones para destinar fondos de fuentes nacionales o internacionales con el fin de “promover, financiar o ejecutar acciones destinadas a la paralización de actividades mineras o de derechos mineros establecidos en la Ley de Minería” (Disposición General Sexta). El reglamento también exige que las organizaciones que ejecuten proyectos de monitoreo o auditoría de actividades mineras limiten su labor “exclusivamente a dichos objetivos” (Disposición General Séptima).
Estas disposiciones representan una vulneración al derecho de libertad de reunión y asociación, además de poner en riesgo a organizaciones ambientales y comunitarias que expresan preocupaciones legítimas sobre los impactos de la minería en sus territorios.
Hasta el momento no ha habido un pronunciamiento oficial por parte de organizaciones sociales o colectivos, aunque el tema ya ha comenzado a recibir cobertura en medios de comunicación cercanos a estos sectores.

Continúa el bloqueo de cuentas bancarias asociadas a organizaciones ambientales

El 13 de octubre de 2025, a través de su cuenta de X, el colectivo ambientalista Yasunidos denunció el bloqueo de la cuenta bancaria de su coordinador jurídico, David Fajardo, sin notificación previa ni orden judicial, en un contexto de crecientes restricciones financieras y judiciales contra organizaciones en Ecuador. Este hecho se suma a bloqueos similares ocurridos en el contexto del Paro convocado por el movimiento indígena y a otros casos como las denuncias de la Fundación Pachamama, que reportó la congelación de sus cuentas. Las organizaciones afectadas sostienen que estas acciones buscan obstaculizar su labor en la defensa de derechos de la naturaleza y las comunidades indígenas reprimidas en estas manifestaciones.

Periodistas son atacados por la fuerza pública durante manifestaciones

Durante el Paro Nacional convocado por el movimiento indígena y diversas organizaciones sociales, al 15 de octubre se han documentado más de 50 casos de agresiones a periodistas por parte de la Policía Nacional. En distintas zonas del país, comunicadores han sido víctimas de requisas (como Jorge Cano, de Wambra Medio Comunitario), agresiones físicas (Santiago Gil, de Ecuavisa), agresiones verbales y presiones para eliminar material audiovisual (Pamela Ledesma, de BN Periodismo), entre otras formas de violencia. Inclusive, el 14 de octubre se reportó el caso de Edison Muenala, periodista del canal comunitario Apak TV, quien recibió un disparo en el hombro y requirió atención médica urgente.
Estos casos de agresión contra periodistas evidencian un patrón sistemático de vulneración de derechos y libertades civiles fundamentales —en particular, la libertad de expresión y de prensa— por parte del Estado ecuatoriano, como respuesta a las manifestaciones convocadas en las últimas semanas y amparado en la vigencia del estado de excepción declarado por “grave conmoción interna”.

Organizaciones de defensa de la libertad de expresión como Fundamedios, Fundación Periodistas Sin Cadenas, y medios de comunicación comunitarios han manifestado su preocupación por el uso excesivo de la fuerza contra periodistas encargados de cubrir las movilizaciones que se dan a lo largo del país, exigiendo a las autoridades que inicien procesos de investigación y sanción en contra de aquellos involucrados en vulneraciones a la libertad de prensa y expresión.

El día miércoles 16 de septiembre el presidente Daniel Noboa decretó un nuevo estado de excepción en Ecuador en medio de la respuesta en varias partes del país debido a la eliminación del subsidio al Diésel (subsidiado desde 1974) y las movilizaciones en oposición a los proyectos mineros en Quimsacocha en la provincia del Azuay. El decreto de estado de excepción fue focalizado en las principales provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi, y Santo Domingo donde se reportó un mayor número de obstaculización de vías bajo el argumento de que estas limitaban el normal desarrollo de las actividades personales, económicas, comerciales y laborales de los ciudadanos. A través del Decreto Ejecutivo 134, se suspendió por 60 días la libertad de reunión de las personas, limitando la confirmación de aglomeraciones en espacios públicos durante las 24 horas del día. A su vez, el Decreto facultó a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para que puedan impedir y desarticular reuniones en espacios públicos.

A partir de la publicación del Decreto Ejecutivo 134, en las 7 provincias en las que se focalizaron las medidas se suspendió el derecho a la libertad de reunión con la finalidad de limitar las aglomeraciones de personas en espacios públicos que tengan como objetivo paralizar los servicios públicos o bloquear vías de transporte.
A pesar de aclarar en el decreto que las medidas no implican la limitación del derecho a manifestarse de forma pacífica, manifestaciones impulsadas por estudiantes y gremios de educadores como los que se dieron el 16 de septiembre, que tenían como objetivo marchar hacia centro de la ciudad en reclamo a las medidas tomadas por el gobierno, fueron interceptados por miembros de las Fuerzas Armadas quienes dispersaron mediante bombas lacrimógenas y de estruendo a los manifestantes.
Como respuesta a la eliminación del subsidio existieron varias manifestaciones en el Ecuador que han sido reprimidas por las fuerzas del orden, dando como resultado la detención de al menos 10 personas que han sido parte de las protestas en diversas partes del Ecuador. Los focos de protestas se han concentrado en las provincias de Carchi y Quito donde varios colectivos de transportistas de carga pesada y ciudadanos han formado parte de protestas en vías de acceso a estas ciudades.

El ejecutivo ha señalado que se tomaran medidas contra las personas que limiten servicios públicos aplicando penas máximas a estas personas, entre sus declaraciones dijo: “Que ningún líder gremial intente presionarlos amenazando con quitarles el agua. Quien lo haga será denunciado por terrorismo y podría enfrentar hasta 30 años de cárcel”.

La Fundación Pachamama denuncia el bloqueo de sus cuentas bancarias y la apertura de una investigación judicial contra su presidente

El 27 de septiembre de 2025, en el contexto del paro nacional, la Fundación Pachamama, una organización ambiental con 27 años de trayectoria en la defensa de la Amazonía, los derechos de los pueblos indígenas y la promoción de modelos económicos regenerativos, denunció el congelamiento de las cuentas bancarias de la organización y el inicio de una investigación judicial contra su presidenta, Belén Páez. Estas medidas se ejecutaron bajo el amparo de la recién aprobada Ley Orgánica de Transparencia Social, que faculta a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) inmovilizar fondos de organizaciones sociales sin orden judicial previa (aunque requiere validación posterior en un plazo de ocho días). Desde la Fundación Pachamama también señalan que el impacto de esta medida se extiende a las comunidades amazónicas beneficiarias de los proyectos de la organización. Todos los afectados han recibido notificaciones de Fiscalía General del Estado indicando que se ha iniciado una investigación previa por presunto enriquecimiento privado no justificado.

Este evento constituye una alerta crítica para el entorno habilitante, pues configura una estrategia de asfixia financiera que vulnera el derecho a la propiedad, la libertad de asociación y el debido proceso. La sociedad civil, incluyendo organizaciones ambientales locales y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (igualmente afectada por bloqueos bancarios en días pasados) ha denunciado estas acciones como actos de intimidación que criminalizan la disidencia y paralizan proyectos comunitarios, estableciendo un peligroso precedente de utilización de herramientas legales para silenciar voces críticas.

Defensor indígena de la tierra asesinado durante una protesta

Los casos de represión desproporcionada en el contexto del paro nacional de septiembre de 2025 en Ecuador no constituyen un evento aislado, sino que representan la continuación de un patrón de respuesta frente a las movilizaciones sociales. Esta crisis se enmarca en una secuencia recurrente de protestas desencadenadas por decisiones gubernamentales relacionadas con el precio de los combustibles.

El 28 de septiembre de 2025, en medio del paro nacional convocado como resultado de la eliminación del subsidio al combustible diésel en Ecuador, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) reportó la muerte de Efraín Fuerez, comunero indígena quien falleció tras recibir un impacto de bala mientras participaba de una manifestación en la vía Cotacachi-Otavalo, provincia de Imbabura. Reportes posteriores indican que Fuerez recibió tres disparos, uno de ellos por la espalda. Mientras que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) responsabiliza a las Fuerzas Armadas y al presidente Daniel Noboa por la muerte del ciudadano, el Gobierno y el Ejército sostienen que esto fue el resultado de una emboscada que los manifestantes realizaron en contra de militares que se encontraban en la vía Cotacachi-Otavalo.

Desde la sociedad civil, INREDH exigió una investigación inmediata, independiente y transparente, mientras la CONAIE denunció un patrón de represión y llamó a mantener la movilización por las medidas tomadas por el Ejecutivo. Para los miembros de la comunidad de Cuicocha, la muerte de Fuerez, reconocido como pilar de su familia y de su comunidad, ha generado indignación y dolor, reforzando el sentimiento de vulnerabilidad y desconfianza frente a las instituciones del Estado y la desproporción en las intervenciones de las fuerzas armadas en el contexto de las manifestaciones. Por parte del Gobierno Nacional, la ministra Zaida Rovira mantuvo una narrativa de criminalización a la protesta, sosteniendo que “lo de Cotacachi no fue protesta: fue una emboscada cobarde ejecutada por estructuras criminales -terroristas- que atacaron a nuestras Fuerzas Armadas” y señaló que los hechos no quedarán impunes.

Los casos de represión desproporcionada en el contexto del paro nacional de septiembre de 2025 en Ecuador no constituyen un evento aislado, sino que representan la continuación de un patrón de respuesta frente a las movilizaciones sociales. Lo que distingue al escenario actual es la consolidación de una estrategia gubernamental más contundente que se ha venido aplicando sistemáticamente durante el último periodo de Gobierno. El presidente Daniel Noboa ha institucionalizado el uso recurrente de estados de excepción mediante decretos sucesivos a los que se sumó el del 16 de septiembre (Decreto Ejecutivo 134), estableciendo un precedente de militarización permanente para el control del orden público. Esta estrategia se ha complementado con medidas sin precedentes como el bloqueo de cuentas bancarias de organizaciones indígenas y la suspensión de medios comunitarios, configurando un escenario donde la protesta social es enfrentada mediante un repertorio ampliado de mecanismos legales y administrativos que reflejan una escalada en la contención estatal de la movilización ciudadana.

El Estado suspende temporalmente la señal de un canal de televisión comunitario

El 24 de septiembre de 2025, el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador denunciaron que la señal del canal de televisión comunitario “TV MICC” fue suspendida por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) con el objetivo de “precautelar el orden público a la seguridad nacional”. La suspensión del canal aplicará por 15 días en las ciudades de Latacunga, Salcedo, Ambato, Cevallos, Quero, Pelileo, Pillaro y Tisaleo. Esto se da días después de la convocatoria a paro nacional y movilizaciones sociales en contra del gobierno nacional.

Las autoridades no han brindado mayores detalles sobre la suspensión de la señal del canal; sin embargo, ARCOTEL notificó al MICC que el informe que sustenta esta suspensión cita al informe STIE-DC-BIC-004 donde se nota que en las transmisiones del medio se identifican “aspectos que perjudican a la seguridad nacional”. Este informe de inteligencia es de carácter reservado, por lo que ni siquiera el MICC puede acceder a la totalidad de su contenido. Tanto el movimiento indígena como otros medios comunitarios y Fundamedios, organización de protección de derechos y libertades de expresión y prensa, han manifestado su rechazo ante este caso de censura y persecución estatal.

Frente a la suspensión de TV MICC, las acciones de incidencia deben priorizar la presión ante los entes jurisdiccionales o mecanismos internacionales como la CIDH y relatorías de libertad de expresión, acompañada de una estrategia legal que impugne la medida ante la Corte Constitucional. Además debe generarse acciones que apoyen a medios comunitarios que puedan estar expuestos a estos actos de censura así como a periodistas indígenas y finalmente la migración hacia plataformas de transmisión alternativas que mitiguen el efecto de futuras suspensiones, asegurando que la voz del movimiento indígena mantenga canales de difusión ante eventuales nuevas censuras.

La Superintendencia de Bancos bloquea las cuentas bancarias de organizaciones sociales

Durante el transcurso del Paro Nacional convocado por el movimiento indígena el 18 de septiembre de 2025, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) ha denunciado el bloqueo de las cuentas bancarias de la organización, del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) y varios de sus dirigentes. Según un comunicado publicado en su perfil de la red social X, la CONAIE denunció que la Superintendencia de Bancos tomó esta medida sin seguir el debido proceso y bajo órdenes directas del gobierno nacional. En el mismo comunicado, la Confederación dijo que esta estrategia responde a un intento por parte del gobierno de “criminalizar la protesta social y debilitar las demandas de los pueblos y nacionalidades del país”. Organizaciones de la sociedad civil como Yasunidos y Cabildo por el Agua de Cuenca también denunciaron bloqueos de cuentas. Tanto las instituciones financieras como los afectados no recibieron respuestas sobre el sustento judicial detrás de los bloqueos.

En una entrevista, el Ministro del Interior John Reimberg confirmó que el gobierno estuvo al tanto de los bloqueos bancarios, argumentando que estos se llevaron a cabo porque los manifestantes “tienen gente detrás que busca desestabilizar y provocar el caos”. Posteriormente, afirmó que los bloqueos bancarios se dan porque son fundaciones quienes supuestamente financian actos de violencia. Reimberg no brindó mayores detalles o evidencia al respecto.

Estas medidas tomadas de forma unilateral y sin seguir el procedimiento judicial adecuado representan una grave vulneración al derecho a la libertad de asociación y reunión; además, constituyen un retroceso sobre la protección que gozan las OSC ecuatorianas ante interferencias externas y su capacidad de acceder a recursos.

Presidente convoca una Asamblea Constituyente sin seguir el procedimiento constitucional adecuado

Mediante los Decretos Ejecutivos 148, del 19 de septiembre (posteriormente derogado), y 153, del 20 de septiembre de 2025, el presidente Daniel Noboa convocó a una consulta popular con el fin de iniciar la redacción de una nueva Constitución. Sin embargo, al no consultar previamente a la Corte Constitucional sobre la pertinencia de esta convocatoria antes de remitirla al Consejo Nacional Electoral, el Presidente incumplió el procedimiento legal establecido. Esta actuación de Noboa se interpreta como un intento de socavar el Estado de derecho bajo el argumento del combate a la inseguridad.

El Foro por la Democracia, un colectivo compuesto por expertos y académicos de todo el país, mostró su oposición ante las acciones del presidente Noboa y presentó una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo. El colectivo argumentó que omitir la consulta a la Corte Constitucional para iniciar un proceso constituyente constituye un intento de burlar el orden institucional democrático. En respuesta, el Presidente minimizó en redes sociales la opinión del Foro.

Cabe destacar que el 20 de septiembre, el Consejo Nacional Electoral resolvió enviar el Decreto Ejecutivo 153 a la Corte Constitucional para su consideracion , a pesar de que dicha responsabilidad correspondía al presidente Noboa.