Venezuela

Since 2015, Venezuela has been experiencing a complex humanitarian emergency that affects access to food, health, basic services and human mobility, while at the same time there has been a rapid deterioration of civic and democratic space. The political context is marked by high polarisation, institutional conflicts and limitations on citizen participation.

Since 2024, the country has been going through a delicate period due to the controversial presidential elections in July of that year, which were marked by a lack of transparency, repression and international isolation, which has deepened the human rights crisis.

The context described above has led to unprecedented migration in the region. It is estimated that almost 8 million people have left Venezuela, of whom almost 7 million have been taken in by Latin American countries such as Colombia and Peru.

Mobility remains one of the key focuses of the humanitarian response programme in the country, as it is one of the markers of vulnerability. Migrants face protection risks due to the conditions in which mobility occurs. Venezuelan migrants are mostly young people between the ages of 15 and 49, the majority of whom are men. The reasons for migration are the search for better living conditions and, to a lesser extent, family reunification. 

These mobility figures have had a significant impact on civic space in Venezuela, as the young and productive population has been reduced, which has a direct impact on active and dynamic participation in the public sphere, reducing social cohesion and community participation in relevant issues such as political and social rights.

In this context, civic space has faced new challenges. The Law on the Control, Regularisation, Operation and Financing of NGOs and Similar Organisations (NGO Law) introduces strict controls on the operation and financing of social organisations, with provisions that could limit their autonomy and operability. International organisations, as well as international protection mechanisms such as the United Nations High Commissioner for Human Rights, the Inter-American Commission on Human Rights, the Special Rapporteur on Freedom of Expression and the Independent International Fact-Finding Mission on the Bolivarian Republic of Venezuela have warned about these measures.

For its part, the draft Law against Fascism, Neo-Fascism and Similar Expressions, approved in its first reading in April 2024, has raised concerns due to its ambiguous wording, the breadth of its sanctions and its possible use to restrict legitimate expressions of opinion and public action. During its discussion in the National Assembly, several United Nations rapporteurs sent communications to the Venezuelan government expressing their concern about the bill, due to its potential danger of restricting human rights such as freedom of expression, and urging a review of the text.

Similarly, various organisations have documented legal and administrative actions taken against organisations, human rights defenders and social activists, especially after the presidential elections in July 2024. These actions have included attacks, court summonses, restrictions on mobility, stigmatisation campaigns and an increase in arbitrary detentions, which have raised concerns among national and international organisations.

Finally, it is worth mentioning that, in July 2025, the National Assembly agreed to declare the United Nations High Commissioner for Human Rights, Volker Turk, persona non grata and requested the permanent closure of the Office established in Venezuela, which has also suffered in the recent past from tensions between the government and human rights protection mechanisms.

Despite these conditions, Venezuelan civil society remains active, deploying initiatives in defence of human rights, humanitarian assistance, monitoring of public policies and community strengthening, maintaining its commitment to the promotion of an informed and participatory citizenry.

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Alerts

The Early Warning Mechanism documents changes and critical trends in the enabling environment for civil society. The mechanism works by information-gathering work focusing on events that impact the enabling environment. The EU SEE consortium assess these events to trigger alerts indicating a downward or upward trend in the enabling environment.

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Title: Familiar de Figura Opositora Condenado a 30 años de PrisiónEl 3 de diciembre, fue confirmado por la esposa de Rafael Tudares yerno de Edmundo González Urrutia, quien fue el candidato presidencial que se enfrentó a Nicolás Maduro en las elecciones de julio de 2024, que su esposo fue condenado a 30 años de prisión, luego de haber sido detenido de forma arbitraria el pasado 7 de enero mientras llevaba a sus hijos al colegio. Desde que fuera detenido, ninguno de sus familiares ha podido verlo o conocen exactamente el centro donde se encuentra recluido, hecho que ha sido denunciado ampliamente por su esposa y familiares desde que ocurriera la detención.Asimismo, los familiares han denunciado reiteradamente que el proceso en su contra no ha cumplido con las mínimas garantías del derecho a la defensa. En junio, se conoció que se llevó a cabo una audiencia preliminar en el caso en su contra con asistencia de un defensor público, ya que no les ha permitido poder designar un defensor privado. Ahora bien, desde el 1 de diciembre empezó a circular en redes sociales la información de que Rafael Tudares habría sido condenado a 30 años de prisión, hecho que luego fue confirmado por la propia esposa el día 3 de diciembre. Esta detención se llevó a cabo días antes de la toma de posesión de Nicolás Maduro para un nuevo período presidencial, luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 cuyos resultados han sido calificados como fraudulentos por varias misiones de observación electoral, así como por una gira internacional de Edmundo Gonzales Urrutia.A pesar de ser exepcional, por la víctima y su vinculación con el líder opositor Edmundo Gonzalez Urrutia, se trata de un patrón que se viene reiterando desde hacer varios años, pero que se ha agravado desde las elecciones presidenciales de julio del año pasado, donde se utilizar el sistema penal como una forma de hostigamiento, persecusión y de presión contra actores relevantes sean defensores, activistas, políticos o ciudadanos protestando.Hace algunos meses fue conocida la noticia de la aplicación de una condena similar a una ciudadana por la publicación de un mensaje en aplicaciones de mensajería instantea, en el contexto del evento electoral presidencial de 2024.

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Nueva escalada de con amenazas de retiro de nacionalidad en VenezuelaEl 2 de diciembre 2025, durante un debate de la Asamblea Nacional que discutía sobre la situación de la pérdida de los activos de Citgo, empresa propiedad de PDVSA en Estados Unidos, fue asomada la posibilidad de retirar la nacionalidad de varios venezolanos bajo las acusaciones de haber facilitado la pérdida de dichos activos.Las amenazas de pérdida de la nacionalidad no es una situación nueva. En los últimos tres meses se han conocido de solicitudes presentadas ante el Tribunal Supremo de Justicia para el retiro de la nacionalidad de figuras como Leopoldo López y Yon Goicochea.Asimismo, iniciativas similares se han promovido desde algunos líderes políticos, que han solicitado la remoción de la nacionalidad de varios venezolanos. Aunque actualmente no se conoce información de que hayan sido materializadas las amenazas de retiro de nacionalidad a las personas señaladas, es una situación que debe seguirse de cerca. Esto debido a que estas tácticas están siendo utilizadas como un mensaje intimidatorio hacia actores de la sociedad civil y puede infundir temor, lo que puede igualmente afectar el trabajo libre de la sociedad civil e impedir el funcionamiento de un entorno habilitante.
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Persisten las detenciones a líderes sindicales en Venezuela

El 29 de noviembre se conoció la noticia sobre la detención de Elías Torres, secretario general encargado de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV). Según reportes dado por varias organizaciones, efectivos de cuerpos de seguridad allanaron su apartamento y ejecutaron la detención.Varias organizaciones sindicales regionales y mundiales se han pronunciado sobre la detención del Secretario General de la CTV, condenando el hecho que constituye una vulneración del derecho al ejercicio de la libertad sindical en el país. Miembros de la CTV han denunciado en medios de comunicación que desconocen el sitio de reclusión, y han señalado que varios familiares han recorrido distintos centros de reclusión, sin que hasta el momento se conozca su paradero.Asimismo, la CTV ha solicitado la intervención urgente del Comité de Libertad Sindical de la OIT para denunciar los hechos, y según una comunicación publicada en redes sociales, se han activado los mecanismos de incidencia de la OIT ante el gobierno venezolano por la detención de José Torres y de otro líder sindical del sector construcción ocurrida también a finales de noviembre.Además de la situación de los casos señalados, movimientos de defensa de la libertad sindical han señalado que hasta 15 líderes sindicales se encuentran privados de libertad en el país. De la misma forma, también defensores de derechos humanos denunciaron que los Tribunales Penales de Caracas se negaron a recibir un Habeas Corpus en favor de Elías Torres.Los hechos narrados crean un ambiente hostil para la acción colectiva y de reinvindicación de derechos laborales y debilita las capcacidades de trabajo de las organizaciones sindicales como pilares fundamentales de defensa de los derechos de la clase obrera y otros gremios.Aunado a lo expuesto, el hecho de que no exista información sobre el paradero de las personas detenidas, agrava aún más la situación y genera aún más temor entre las agrupaciones gremiales. La detención de estos y otros lideres, busca limitar e intimidar el trabajo por la defensa de los derechos de personas trabajadores, límitan la incidencia y proyección internacional del trabajo de estas organizaciones y terminan dejando desamparados a los agremiados.

Snapshots

Country snapshots capture the current state of the enabling environment for civil society and provide a quick overview of significant events and trends that have occurred over the past 4 months. Click on a component in the timeline to see the corresponding Enabling Environment Snapshot.

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Bolivia – July, 2025

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