Ecuador

Civil society organisations in Ecuador have historically played an important role in public services, constitutional processes and citizen participation. However, the enabling environment has deteriorated amid rising violence, repeated states of emergency and the government’s declaration of internal armed conflict in January 2024. These measures have enabled the suspension of fundamental liberties, militarisation of internal security and growing concerns over disproportionate restrictions and human rights violations by state forces.

Freedom of association, peaceful assembly and expression are formally protected, but increasingly constrained. Protests, particularly against extractive projects, have faced repression and militarisation, while journalists investigating corruption, insecurity and drug trafficking face escalating attacks from state and non-state actors. Government pressure on critical media and journalists has further weakened freedom of expression.

The legal framework for CSOs remains uncertain and vulnerable to executive interference. Registration procedures are technically demanding, centralised and uneven across institutions, while initiatives such as the Integrity Strategy for Civil Society Organisations and the Organic Law on Social Transparency have raised concern over disproportionate controls, ambiguous dissolution grounds and stigmatising narratives.

Funding has also become less stable due to shifting donor priorities, Ecuador’s upper-middle-income status and the suspension of US cooperation, threatening organisational sustainability and staff retention. Although participation and access to information are legally recognised, consultation processes often remain selective, symbolic and poorly accountable. Digital rights are also fragile, with concerns over surveillance, cyberattacks, digital exclusion and limited safeguards against internet restrictions. Despite this context, Ecuadorian civil society remains active in defending rights, transparency and democratic participation.

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Snapshots

Country snapshots capture the current state of the enabling environment for civil society and provide a quick overview of significant events and trends that have occurred over the past 4 months. Click on a component in the timeline to see the corresponding Enabling Environment Snapshot.

Alerts

The Early Warning Mechanism documents changes and critical trends in the enabling environment for civil society. The mechanism works by information-gathering work focusing on events that impact the enabling environment. The EU SEE consortium assess these events to trigger alerts indicating a downward or upward trend in the enabling environment.

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Sindicato denuncia cierre de sus cuentas bancarias

El miércoles 13 de mayo, el presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE) informó en una rueda de prensa que la Superintendencia de Bancos habría solicitado a varias instituciones financieras del país la cancelación inmediata de las cuentas bancarias del sindicato, bajo el argumento de que la organización no está autorizada para emitir cheques ni ser titular de cuentas corrientes. Esta medida se habría adoptado pese a que la UNE —el principal sindicato de docentes del Ecuador— se encuentra legalmente registrada en el Sistema Unificado de Organizaciones Sociales, conforme a la normativa vigente. Hasta el momento, no se ha registrado un pronunciamiento oficial de la Superintendencia de Bancos sobre estas acciones. No obstante, la UNE calificó la decisión como una “venganza política” atribuida al gobierno nacional, en represalia por el rol del sindicato en la denuncia pública de la crisis que atraviesa la educación pública, y como un intento de debilitarla.

Estas medidas constituyen un riesgo significativo para el libre ejercicio de las libertades de asociación y expresión, así como para el derecho de las organizaciones de la sociedad civil a acceder y administrar sus recursos económicos sin interferencias indebidas del Estado. A diferencia de episodios anteriores de presión financiera contra organizaciones sociales, este caso marcaría la primera ocasión en la que se ordena el cierre de cuentas bancarias, lo que podría sentar un nuevo precedente legal para la aplicación de sanciones económicas discrecionales contra sindicatos y otras organizaciones. El presidente de la UNE, Andrés Quishpe, anunció que se emprenderán acciones legales para revertir la medida.

Estas sanciones han sido cuestionadas por otros actores sindicales, incluidas la Confederación Sindical Internacional y la Confederación Sindical de las Américas, quienes se encontraban en el país realizando una misión de observación internacional sobre la situación de los derechos laborales en Ecuador.

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Fuerzas Armadas y Policía arremeten contra manifestantes dentro de un recinto universitario

El 29 de abril de 2026, a través de videos difundidos en redes sociales, se conoció que efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional intentaron retirar del campus de la Universidad de Cuenca a estudiantes que se manifestaban en contra de una visita programada de la vicepresidenta de la República, María José Pinto. En uno de ellos se observa a dos soldados armados intentando retirar del campus a una persona que expresaba su desacuerdo con la presencia de la vicepresidenta y de personal militar en la universidad; también se alcanza a observar al menos dos agentes de policía equipados con trajes antidisturbios. En otro video, se observa a varios agentes intentando retirar por la fuerza a un grupo de personas que se manifestaban pacíficamente.

Si bien la presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Cuenca señaló que la presencia de las fuerzas de seguridad fue autorizada por el rector de la institución, en conformidad con el artículo 355 de la Constitución, los intentos de desalojar expresiones de protesta pacífica plantean riesgos para el ejercicio de la libertad de expresión y para el principio de autonomía universitaria. Estas acciones podrían sentar un precedente que facilite la intervención de fuerzas de seguridad en espacios universitarios para disuadir o restringir manifestaciones estudiantiles de carácter político, afectando el entorno habilitante para la participación cívica y el disenso.

Hasta el momento, el incidente ha sido cuestionado públicamente por la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador y por asambleístas de la bancada de oposición en la Asamblea Nacional.

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