Se confirma la apertura de un proceso penal en contra de empresa editora de medios
Entre el 13 y 14 de abril de 2026, Diario Expreso confirmó que la Fiscalía General del Estado fue notificada formalmente sobre un presunto incumplimiento de medidas cautelares por parte de la empresa Gráficos Nacionales S.A. (Granasa), dictadas por el juez Carlos Cadena Asencio en su calidad de liquidador de la empresa Veranera. Veranera fue propietaria del 40 % de las acciones de Granasa hasta 2020, cuando vendió sus acciones en una transacción que ahora es el principal justificativo utilizado por el Estado ecuatoriano para intervenir la empresa.
Según publicaciones del diario, la solicitud del juez fue tramitada en aproximadamente cuatro horas —un plazo inusualmente breve en el sistema judicial ecuatoriano—, dando paso al pedido de apertura de una investigación previa por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, relacionada con la negativa de Granasa a reinscribir a Veranera como accionista de la empresa, por órdenes de la Superintendencia de Compañías. Además, siete directivos de Granasa están siendo acusados por el delito de asociación ilícita.
Con esta confirmación, aumentan considerablemente las probabilidades de que el 40 % de las acciones de Granasa pasen a manos del Estado, otorgándole una participación significativa en las decisiones administrativas y editoriales de los periódicos Diario Expreso y Extra. Esto representaría un grave retroceso en materia de libertad de expresión en el Ecuador, puesto que dos de los principales periódicos del país pasarían a estar bajo la influencia de las directrices mediáticas que han sido adoptadas por los medios estatales y afines al gobierno del presidente Daniel Noboa.
César Ricaurte, director de la organización de defensa de la libertad de expresión Fundamedios, manifestó públicamente su preocupación por las medidas que ha tomado el Estado ecuatoriano contra Granasa, advirtiendo que este caso busca enviar un mensaje a otros medios de comunicación privados que mantengan una línea discursiva opuesta a la narrativa que intenta imponer el gobierno nacional.

Estado ordena nuevo bloqueo bancario contra un activista ambiental
El 1 de abril de 2026, el colectivo ambientalista Yasunidos denunció, a través de su cuenta en la red social X, que David Fajardo, activista medioambiental y coordinador del “Cabildo por el Agua de Cuenca”, fue objeto de un nuevo bloqueo de sus cuentas bancarias. Según esta denuncia, esta medida nuevamente se ampara en la reforma normativa introducida por la Ley Orgánica de Transparencia Social, que faculta a la autoridad de análisis financiero a inmovilizar fondos como medida cautelar ante la presunción del cometimiento de delitos financieros. Este bloqueo se produjo dos semanas después de que el Cabildo por el Agua presentara un recurso legal para que se evalúe la constitucionalidad de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía. En su comunicado, Yasunidos señaló además que Fajardo continúa con procesos abiertos por presunto enriquecimiento privado injustificado y financiamiento al terrorismo, impulsados por la Fiscalía General del Estado durante el Paro Nacional de septiembre de 2025.
Al igual que los bloqueos bancarios reportados en septiembre y octubre de 2025, estas acciones constituyen una vulneración al derecho de acceso libre a los fondos personales de quienes participan en la sociedad civil, y representan un intento de obstaculizar el ejercicio pleno de los derechos a la libertad de asociación y de reunión. Además, esta medida forma parte de los intentos del gobierno nacional por debilitar la oposición proveniente del movimiento indígena y organizaciones ambientalistas hacia su política extractiva.
Hasta el momento, no se han registrado pronunciamientos públicos sobre este caso por parte de otras organizaciones de la sociedad civil.