Empresa editora de medios denuncia presunto intento del gobierno de tomar control accionario
El 30 de diciembre de 2025, Galo Martínez Leisker, presidente de la empresa Granasa —editora de los diarios Expreso y Extra— hizo pública una carta dirigida al Superintendente de Compañías (máxima autoridad de la Superintendencia de Compañías, organismo estatal ecuatoriano que regula y registra transferencias de acciones). En ella, Martínez denuncia un presunto intento de esta institución, en coordinación con el gobierno del presidente Daniel Noboa, de tomar el control del 40% de las acciones de la empresa.
Según la carta, la Superintendencia de Compañías está buscando revertir una transferencia de acciones realizada hace seis años a favor de una empresa que actualmente se encuentra en proceso de liquidación, argumentando que no fue posible establecer la trazabilidad de dicha transferencia. En caso de oficializarse esta medida, el 40% de las acciones de la empresa pasarían a manos de un administrador temporal nombrado por esta institución estatal.
Esta denuncia surge en el contexto de las tensiones existentes entre los diarios Expreso y Extra y el gobierno de Daniel Noboa, particularmente con el ministro José Julio Neira, a raíz de la postura crítica de estos medios frente a la administración presidencial. Martínez Leisker advierte que, si la medida se ejecuta, el gobierno nacional podría interferir en la línea editorial de ambos diarios.
Organizaciones nacionales e internacionales, como Fundamedios y la Sociedad Interamericana de Prensa, han expresado su preocupación ante estas acciones, al considerar que podrían abrir la puerta a una injerencia del gobierno de turno en medios de comunicación independientes.

Restricciones a las organizaciones sociales en el nuevo Reglamento de Ley Orgánica
El 28 de octubre de 2025, la Presidencia de la República emitió el Reglamento General a la Ley Orgánica de Transparencia Social. El reglamento, compuesto por 74 artículos, incluye disposiciones que prohíben a estas organizaciones intervenir, “directa ni indirectamente”, en actividades orientadas a “obstaculizar o interferir con proyectos mineros legalmente autorizados”. Aquellas organizaciones que incumplan con ello podrán ser sujetas a suspensión de su personería jurídica por un periodo de hasta cuatro años (artículo 4, incisos 6 y 7 del Reglamento). Asimismo, se establecen prohibiciones para destinar fondos de fuentes nacionales o internacionales con el fin de “promover, financiar o ejecutar acciones destinadas a la paralización de actividades mineras o de derechos mineros establecidos en la Ley de Minería” (Disposición General Sexta). El reglamento también exige que las organizaciones que ejecuten proyectos de monitoreo o auditoría de actividades mineras limiten su labor “exclusivamente a dichos objetivos” (Disposición General Séptima).
Estas disposiciones representan una vulneración al derecho de libertad de reunión y asociación, además de poner en riesgo a organizaciones ambientales y comunitarias que expresan preocupaciones legítimas sobre los impactos de la minería en sus territorios.
Hasta el momento no ha habido un pronunciamiento oficial por parte de organizaciones sociales o colectivos, aunque el tema ya ha comenzado a recibir cobertura en medios de comunicación cercanos a estos sectores.