El día miércoles 16 de septiembre el presidente Daniel Noboa decretó un nuevo estado de excepción en Ecuador en medio de la respuesta en varias partes del país debido a la eliminación del subsidio al Diésel (subsidiado desde 1974) y las movilizaciones en oposición a los proyectos mineros en Quimsacocha en la provincia del Azuay. El decreto de estado de excepción fue focalizado en las principales provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi, y Santo Domingo donde se reportó un mayor número de obstaculización de vías bajo el argumento de que estas limitaban el normal desarrollo de las actividades personales, económicas, comerciales y laborales de los ciudadanos. A través del Decreto Ejecutivo 134, se suspendió por 60 días la libertad de reunión de las personas, limitando la confirmación de aglomeraciones en espacios públicos durante las 24 horas del día. A su vez, el Decreto facultó a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para que puedan impedir y desarticular reuniones en espacios públicos.

A partir de la publicación del Decreto Ejecutivo 134, en las 7 provincias en las que se focalizaron las medidas se suspendió el derecho a la libertad de reunión con la finalidad de limitar las aglomeraciones de personas en espacios públicos que tengan como objetivo paralizar los servicios públicos o bloquear vías de transporte.
A pesar de aclarar en el decreto que las medidas no implican la limitación del derecho a manifestarse de forma pacífica, manifestaciones impulsadas por estudiantes y gremios de educadores como los que se dieron el 16 de septiembre, que tenían como objetivo marchar hacia centro de la ciudad en reclamo a las medidas tomadas por el gobierno, fueron interceptados por miembros de las Fuerzas Armadas quienes dispersaron mediante bombas lacrimógenas y de estruendo a los manifestantes.
Como respuesta a la eliminación del subsidio existieron varias manifestaciones en el Ecuador que han sido reprimidas por las fuerzas del orden, dando como resultado la detención de al menos 10 personas que han sido parte de las protestas en diversas partes del Ecuador. Los focos de protestas se han concentrado en las provincias de Carchi y Quito donde varios colectivos de transportistas de carga pesada y ciudadanos han formado parte de protestas en vías de acceso a estas ciudades.

El ejecutivo ha señalado que se tomaran medidas contra las personas que limiten servicios públicos aplicando penas máximas a estas personas, entre sus declaraciones dijo: “Que ningún líder gremial intente presionarlos amenazando con quitarles el agua. Quien lo haga será denunciado por terrorismo y podría enfrentar hasta 30 años de cárcel”.

La Fundación Pachamama denuncia el bloqueo de sus cuentas bancarias y la apertura de una investigación judicial contra su presidente

El 27 de septiembre de 2025, en el contexto del paro nacional, la Fundación Pachamama, una organización ambiental con 27 años de trayectoria en la defensa de la Amazonía, los derechos de los pueblos indígenas y la promoción de modelos económicos regenerativos, denunció el congelamiento de las cuentas bancarias de la organización y el inicio de una investigación judicial contra su presidenta, Belén Páez. Estas medidas se ejecutaron bajo el amparo de la recién aprobada Ley Orgánica de Transparencia Social, que faculta a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) inmovilizar fondos de organizaciones sociales sin orden judicial previa (aunque requiere validación posterior en un plazo de ocho días). Desde la Fundación Pachamama también señalan que el impacto de esta medida se extiende a las comunidades amazónicas beneficiarias de los proyectos de la organización. Todos los afectados han recibido notificaciones de Fiscalía General del Estado indicando que se ha iniciado una investigación previa por presunto enriquecimiento privado no justificado.

Este evento constituye una alerta crítica para el entorno habilitante, pues configura una estrategia de asfixia financiera que vulnera el derecho a la propiedad, la libertad de asociación y el debido proceso. La sociedad civil, incluyendo organizaciones ambientales locales y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (igualmente afectada por bloqueos bancarios en días pasados) ha denunciado estas acciones como actos de intimidación que criminalizan la disidencia y paralizan proyectos comunitarios, estableciendo un peligroso precedente de utilización de herramientas legales para silenciar voces críticas.

Defensor indígena de la tierra asesinado durante una protesta

Los casos de represión desproporcionada en el contexto del paro nacional de septiembre de 2025 en Ecuador no constituyen un evento aislado, sino que representan la continuación de un patrón de respuesta frente a las movilizaciones sociales. Esta crisis se enmarca en una secuencia recurrente de protestas desencadenadas por decisiones gubernamentales relacionadas con el precio de los combustibles.

El 28 de septiembre de 2025, en medio del paro nacional convocado como resultado de la eliminación del subsidio al combustible diésel en Ecuador, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) reportó la muerte de Efraín Fuerez, comunero indígena quien falleció tras recibir un impacto de bala mientras participaba de una manifestación en la vía Cotacachi-Otavalo, provincia de Imbabura. Reportes posteriores indican que Fuerez recibió tres disparos, uno de ellos por la espalda. Mientras que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) responsabiliza a las Fuerzas Armadas y al presidente Daniel Noboa por la muerte del ciudadano, el Gobierno y el Ejército sostienen que esto fue el resultado de una emboscada que los manifestantes realizaron en contra de militares que se encontraban en la vía Cotacachi-Otavalo.

Desde la sociedad civil, INREDH exigió una investigación inmediata, independiente y transparente, mientras la CONAIE denunció un patrón de represión y llamó a mantener la movilización por las medidas tomadas por el Ejecutivo. Para los miembros de la comunidad de Cuicocha, la muerte de Fuerez, reconocido como pilar de su familia y de su comunidad, ha generado indignación y dolor, reforzando el sentimiento de vulnerabilidad y desconfianza frente a las instituciones del Estado y la desproporción en las intervenciones de las fuerzas armadas en el contexto de las manifestaciones. Por parte del Gobierno Nacional, la ministra Zaida Rovira mantuvo una narrativa de criminalización a la protesta, sosteniendo que “lo de Cotacachi no fue protesta: fue una emboscada cobarde ejecutada por estructuras criminales -terroristas- que atacaron a nuestras Fuerzas Armadas” y señaló que los hechos no quedarán impunes.

Los casos de represión desproporcionada en el contexto del paro nacional de septiembre de 2025 en Ecuador no constituyen un evento aislado, sino que representan la continuación de un patrón de respuesta frente a las movilizaciones sociales. Lo que distingue al escenario actual es la consolidación de una estrategia gubernamental más contundente que se ha venido aplicando sistemáticamente durante el último periodo de Gobierno. El presidente Daniel Noboa ha institucionalizado el uso recurrente de estados de excepción mediante decretos sucesivos a los que se sumó el del 16 de septiembre (Decreto Ejecutivo 134), estableciendo un precedente de militarización permanente para el control del orden público. Esta estrategia se ha complementado con medidas sin precedentes como el bloqueo de cuentas bancarias de organizaciones indígenas y la suspensión de medios comunitarios, configurando un escenario donde la protesta social es enfrentada mediante un repertorio ampliado de mecanismos legales y administrativos que reflejan una escalada en la contención estatal de la movilización ciudadana.