Media publishing company investigated by regulatory body I Empresa editora de medios es intervenida por la entidad reguladora
Mediante la resolución SCVS-DNGDA-2026-00355-O, emitida el 18 de febrero de 2026, la Superintendencia de Compañías —organismo regulador de las empresas privadas— notificó a la editora de medios Gráficos Nacionales S.A. (Granasa) que será intervenida con el objetivo de “supervigilar la marcha económico-financiera y propiciar la corrección de las irregularidades advertidas”. La decisión se sustenta en la negativa de Granasa a entregar información financiera y administrativa sensible a la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, entidad estatal que posee el 2,56 % de las acciones. Según la resolución, la empresa sostuvo que documentos como informes de auditoría y estados financieros auditados están disponibles en sus oficinas; no obstante, negó el acceso a otros 23 documentos al considerar que, amparándose en el artículo 15 de la Ley de Compañías, existen “razones objetivas” para pensar que podría usarse con fines extrasociales o perjudicar los intereses de la compañía.
Se presume que esto proceso se vincula con el caso de presuntas irregularidades en la transferencia de un paquete accionario equivalente al 40 % de Granasa. Aunque el Reglamento de Intervención establece que esta es una medida temporal, el procedimiento podría habilitar acciones adicionales, incluida la toma de control transitoria de ese paquete por parte del ente regulador. En el pasado, la dirección de Granasa ha denunciado que estas medidas buscan presionar la línea editorial de los diarios Expreso y Extra, críticos del gobierno de Daniel Noboa. Cabe señalar que la Secretaría es, en teoría, independiente de la Superintendencia y ajena a la investigación sobre dicha transferencia. Además, el 14 de febrero, el presidente Noboa decretó la fusión de esta Secretaría dentro de la Presidencia de la República.
La intervención se hizo pública el 19 de febrero a través de redes sociales por organizaciones como Ecuador Chequea y Fundamedios, que calificó la decisión como desproporcionada y potencialmente orientada a alterar la línea editorial de ambos diarios. Adicionalmente, considerando que la Secretaría Técnica se encuentra actualmente bajo la autoridad directa del presidente Noboa, existe el riesgo de que en el futuro se impulsen nuevas acciones similares contra Granasa. Estas podrían ser utilizadas para legitimar intervenciones adicionales o la adopción de medidas administrativas que eventualmente deriven en sanciones contra la empresa.

Fuerzas Armadas emite criterios para otorgar acreditaciones de prensa de forma selectiva
El 10 de febrero, el medio de comunicación Ecuavisa reportó que, desde finales de enero, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas cuenta con un mecanismo para otorgar acreditaciones de prensa a eventos organizados por las Fuerzas Armadas, en función de la línea editorial de los medios a los que pertenecen los periodistas. De acuerdo con un oficio firmado por el comandante del Comando Conjunto, al que solo pudo acceder Ecuavisa, las acreditaciones se otorgarán conforme a los siguientes criterios: (i) línea editorial del medio; (ii) tratamiento informativo histórico respecto a las Fuerzas Armadas; (iii) rigor informativo y conducta profesional; y (iv) postura institucional frente al rol constitucional de las Fuerzas Armadas. Además, un informe elaborado a partir de esta directriz señala que se negarán acreditaciones de prensa a aquellos medios que “afecten la imagen pública y la confianza ciudadana en las Fuerzas Armadas”. Esta decisión se produce semanas después de la publicación de dos reportajes en los que Ecuavisa reveló presuntas irregularidades en contratos militares.
El establecimiento de criterios arbitrarios y antitécnicos para denegar acreditaciones de prensa a eventos institucionales de las Fuerzas Armadas constituye una señal del creciente hermetismo con el que se están manejando las principales instituciones del Estado. Asimismo, la aplicación de estos criterios podría utilizarse para restringir aún más el acceso a la información pública sobre operaciones militares vinculadas a la seguridad interna, lo que supondría un obstáculo adicional para el ejercicio del periodismo en un tema de evidente interés nacional.
Hasta el momento no han existido pronunciamientos por parte de organizaciones de defensa de la libertad de expresión.

Policía Nacional dispersa manifestación pacífica en contra de ley minera
El 5 de febrero de 2026, activistas por el medio ambiente se manifestaron pacíficamente en los alrededores de la Asamblea Nacional para rechazar el proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía. Esta ley, entre otras reformas, propone cambios en el proceso de otorgamiento de permisos ambientales a las empresas mineras, sin detallar si se mantendrán o no los mecanismos de consulta previa y participación ciudadana exigidos actualmente. De acuerdo con los activistas presentes en la manifestación, la Policía Nacional restringió el acceso a una calle aledaña al edificio legislativo, pese a que esta normalmente permanece abierta a la circulación peatonal y vehicular. Ante esta negativa, los manifestantes se desplazaron a otro punto, más alejado del cerco policial. Sin embargo, minutos después, un nuevo contingente de agentes ordenó la dispersión de la protesta, utilizando gas pimienta y forcejeando con varios de los manifestantes.
Esto ocurrió a pesar de que, a diferencia de ocasiones anteriores, el derecho a la manifestación pacífica no se encontraba suspendido mediante una declaratoria de estado de excepción. En ese sentido, este incidente evidencia una creciente intolerancia por parte del gobierno ecuatoriano hacia expresiones de disentimiento, especialmente aquellas provenientes de organizaciones ambientales, quienes han manifestado su preocupación frente al interés gubernamental de expandir rápidamente la actividad minera y flexibilizar los controles existentes sobre ella.
Hasta el momento no han existido pronunciamientos oficiales por parte de sociedad civil acerca de este hecho. Sin embargo, se espera a que en los próximos días existan nuevas manifestaciones en contra de la propuesta de ley.