Between 28 and 29 October 2026, three incidents came to light which, from different perspectives, highlight challenges to the conditions for democratic debate and the exercise of the freedoms of expression, information and participation in Colombia.
Firstly, the Foundation for Press Freedom (FLIP) and Free Press Unlimited raised the alarm about the deteriorating security situation for journalists in Cúcuta and Norte de Santander. FLIP reported 52 attacks on the press in the department during 2026, including 30 threats. The statement followed the murder on 26 October of Miguel Castellanos, former Secretary of the Cúcuta City Council and mayoral candidate, and an explosive attack the following day. The organisations warned that this situation increases the risks for those covering security, political and crime-related issues.
Secondly, the Electoral Observation Mission (MOE), the FLIP and the UNDP published the ‘Fractured Conversation’ report, based on an analysis of 26,025 social media posts. The study documents patterns of hostility, stigmatisation, gender-based violence and narratives aimed at delegitimising the electoral process and portraying political opponents as enemies.
Finally, on 29 October, a judge in Bogotá ordered the return, within 48 hours, of the artefacts removed from the National Museum under direction of the Ministry of Culture. The removed items relate to the history of the feminist and LGBTIQ+ movements, political violence, assassinations, the student movement and the 2016 Peace Agreement. The first-instance ruling upheld rights relating to freedom of expression, culture, education and historical memory, and established that curatorial decisions must be based on verifiable technical criteria.
Although these are separate incidents, all three provide an opportunity to examine the institutional, social and digital conditions necessary to protect pluralism, guarantee access to diverse information and preserve spaces for democratic deliberation that contribute to an enabling environment for civil society and citizen participation.
Diversas amenazas en Colombia suscitan preocupación por la integridad del debate público y las garantías de la participación democrática
Entre el 28 y el 29 de octubre de 2026 salieron a la luz tres incidentes que, desde diferentes perspectivas, ponen de manifiesto los retos a los que se enfrentan las condiciones para el debate democrático y el ejercicio de las libertades de expresión, información y participación en Colombia.
En primer lugar, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y Free Press Unlimited dieron la voz de alarma sobre el deterioro de la situación de seguridad de los periodistas en Cúcuta y Norte de Santander. La FLIP denunció 52 agresiones contra la prensa en el departamento durante 2026, incluidas 30 amenazas. La declaración se produjo tras el asesinato, el 26 de octubre, de Miguel Castellanos, exsecretario del Ayuntamiento de Cúcuta y candidato a la alcaldía, y un atentado con explosivos al día siguiente. Las organizaciones advirtieron de que esta situación aumenta los riesgos para quienes cubren temas relacionados con la seguridad, la política y la delincuencia.
En segundo lugar, la Misión de Observación Electoral (MOE), la FLIP y el PNUD publicaron el informe «Fractured Conversation», basado en un análisis de 26 025 publicaciones en redes sociales. El estudio documenta patrones de hostilidad, estigmatización, violencia de género y narrativas destinadas a deslegitimar el proceso electoral y a presentar a los oponentes políticos como enemigos.
Por último, el 29 de octubre, un juez de Bogotá ordenó la devolución, en un plazo de 48 horas, de los objetos sustraídos del Museo Nacional bajo la dirección del Ministerio de Cultura. Los objetos retirados están relacionados con la historia de los movimientos feministas y LGBTIQ+, la violencia política, los asesinatos, el movimiento estudiantil y el Acuerdo de Paz de 2016. La sentencia de primera instancia defendió los derechos relacionados con la libertad de expresión, la cultura, la educación y la memoria histórica, y estableció que las decisiones curatoriales deben basarse en criterios técnicos verificables.
Aunque se trata de incidentes independientes, los tres brindan la oportunidad de analizar las condiciones institucionales, sociales y digitales necesarias para proteger el pluralismo, garantizar el acceso a información diversa y preservar los espacios de deliberación democrática que contribuyen a crear un entorno propicio para la sociedad civil y la participación ciudadana.