Even after his controversial inauguration on 1 July 2026, Walter Mazariegos’ continued tenure as rector of the University of San Carlos of Guatemala (USAC) raises new questions of legal uncertainty. During the first session of the University Superior Council (CSU) an institutional legal opinion was disclosed that holds that the Temporary Certificate of No Pending Claims (finiquito), issued by the Office of the Comptroller General of Accounts (CGC), does not constitute a mandatory requirement to serve as rector.
USAC’s argument is grounded in the principle of legal specificity, asserting that the university’s Organic Law should prevail over the Law on Probity and Responsibilities of Public Officials and Employees. However, legal experts have publicly questioned this interpretation, noting that standards of probity, transparency, and accountability apply to authorities responsible for managing public resources, including autonomous institutions.
This new element deepens the existing controversy surrounding Mazariegos’ re-election, previously challenged by students, faculty, university professionals, Indigenous authorities, and civil society organizations due to allegations of a lack of transparency and irregularities in the university electoral process. The current debate continues to raise concerns about the consistent application of institutional oversight mechanisms and the ability of public authorities to ensure accountability.
The case is relevant to the enabling environment for civil society given USAC’s role as the country’s only public university and its participation in second-degree electoral processes and institutional spaces that influence the composition of key state bodies. The consolidation of an interpretation that limits probity mechanisms could weaken transparency standards and set a negative precedent for accountability and the rule of law in Guatemala.
La controversia mantiene vigentes los cuestionamientos sobre la permanencia de Mazariegos en el cargo y amplía el debate sobre la aplicación de los mecanismos de probidad, transparencia y rendición de cuentas en la USAC. Para las organizaciones de sociedad civil, este caso resulta relevante debido a sus implicaciones en el Estado de derecho y la aplicación uniforme de las normas de control sobre las autoridades públicas. Asimismo, adquiere especial importancia por la participación de la USAC en procesos de elección de segundo grado y en espacios institucionales que inciden en la conformación de órganos clave del Estado.
https://www.prensalibre.com/guatemala/juristas-adversan-criterio-de-la-usac-para-justificar-a-mazariegos-sin-finiquito/
Persisten cuestionamientos jurídicos sobre la permanencia de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala sin finiquito
La permanencia de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) registró un nuevo desarrollo tras conocerse, durante la primera sesión del Consejo Superior Universitario (CSU) posterior a su toma de posesión el 1 de julio de 2026, un criterio jurídico institucional que sostiene que la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos (finiquito) emitida por la Contraloría General de Cuentas (CGC) no constituye un requisito obligatorio para ejercer la rectoría.
El argumento de la USAC se fundamenta en el principio de especialidad jurídica, bajo el argumento de que la Ley Orgánica de la universidad debe prevalecer sobre la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos. Sin embargo, juristas han cuestionado públicamente este criterio y señalado que las normas de probidad, transparencia y rendición de cuentas son aplicables a las autoridades que administran recursos públicos, incluyendo instituciones autónomas.
Este nuevo elemento profundiza la controversia existente en torno a la reelección de Mazariegos, previamente cuestionada por estudiantes, docentes, profesionales universitarios, autoridades indígenas y organizaciones de la sociedad civil debido a denuncias sobre falta de transparencia e irregularidades en el proceso electoral universitario. La discusión actual mantiene abiertas las preocupaciones sobre la aplicación uniforme de los mecanismos de control institucional y sobre la capacidad de las autoridades públicas para rendir cuentas.
El caso resulta relevante para el ambiente habilitante de la sociedad civil debido al papel de la USAC como única universidad pública del país y a su participación en procesos de elección de segundo grado y espacios institucionales con incidencia en la conformación de órganos clave del Estado. La consolidación de una interpretación que limite los mecanismos de probidad podría debilitar los estándares de transparencia y sentar un precedente negativo para la rendición de cuentas y el Estado de derecho en Guatemala.